Hoy jueves 9 de mayo del 2019, se llevó acabo la audiencia de apelación sobre la Acción de Protección interpuesta por la familia del presunto responsable de la desaparición de Juliana Campoverde contra la Fundación Regional en Asesoría de Derechos Humanos INREDH. La audiencia se instaló a las 11h00 en la sala 4 de la Corte Provincial de Justicia, bajo la tutela de la jueza ponente Rita Bravo Quijano.
La jueza Bravo aclaró en un principio que no se emitirá una resolución sobre el caso, dicho lo cual, en esta audiencia solo se escucharán a las partes involucradas, acto seguido la jueza ponente otorgó la palabra para su intervención a la parte accionante.
Desarrollo de la audiencia
El abogado accionante David Carrión, en representación de Patricio C. basó su intervención en exponer los hechos, comentarios, grafittis, y cárteles que han vulnerado los derechos de la familia del procesado, aseguró que se han cometido actos de discriminación y contra la libertad religiosa. Para probar sus aseveraciones, el abogado accionante dio lectura a los diversos comentarios generados en redes sociales a partir de noticias publicadas por la fundación INREDH.
Además señaló que la vulneración de los derechos constitucionales de los accionantes, se producen en la actividad de las páginas de Facebook correspondientes a COVIDEFEM, INREDH y Devuélvanos a Juliana.
Para terminar Carrión manifestó “No estamos en contra de la libertad de expresión, ni del trabajo de organizaciones y colectivos que aportan al tema de los desaparecidos; estamos en contra de la tergiversación de los hechos; lo cual ha vulnerado las actividades y dinámicas de la familia, como reunirse para predicar el evangelio”
Solicitó a la jueza dictaminar que los demandados cesen sus publicaciones y que no se deje expuesto los comentarios generados por las publicaciones.
Por el otro lado Mario Melo, abogado defensor de la Fundación INREDH expresó: “La fundación INREDH lleva mas de 25 años involucrado en la defensa de derechos humanos” aseguró que esta acción de protección corresponde a una estrategia para desviar la atención de uno de los casos enigmáticos en relación a violencia contra la mujer.
Su intervención también se enfocó en demostrar que la parte accionante ha colocado todas las vulneraciones en un mismo saco, dicho lo cual no hace distinción de quienes son los autores de los comentarios que atenta los derechos de la familia de Patricio C. y Jonathan C. Para ello enfatizó sobre el mal uso de la información que busca confundir y provocar el error al tribunal competente. “ No se puede atribuir responsabilidades a INREDH por hechos cometidos por terceros”
Amicus Curiae
La jueza ponente Rita Bravo, también escuchó dos Amicus Curiae presentados por el Observatorio de Derechos y Justicia y la intervención del investigador y académico Efrén Guerrero.
Gabriela Oviedo del Observatorio de Derechos y Justicia, dividió su intervención en tres puntos basados con sentencias y norma jurídica internacional estipulada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos:
Libertad de expresión
Pese a que existe el derecho a la honra, este derecho no se ve mermado por las publicaciones puesto que el hecho es de interés público.
Discursos especialmente protegidos
Existen discursos que deben ser protegidos, sobre todo aquellos discursos e informaciones que refieren violaciones de derechos humanos.
La protección especial a defensores de DDHH
Los defensores de DDHH están en permanente riesgo, debido a la dinámica de su trabajo, es por ello que deben ser protegidos, en este caso la protección especial constituye una garantía para que no se produzca la re victimización y se abra un debate en la sociedad sobre un caso que ha permanecido en la impunidad durante 6 años.
La jueza ponente Bravo, escucho otro Amicus Curiae que fue expuesto por Efrén Guerrero a título personal, en el cual enfatizó que el tribunal debe reconocer los instrumentos internacionales, así como la importancia de los Amicus Curiae; como elementos necesarios de ser considerados para la resolución del caso. Esto debido a la resolución de Corte Constitucional donde se expone la obligatoriedad de los jueces en considerar las herramientas internacionales al momento de emitir resoluciones.
Posterior a la audiencia, Mónica Vera presidenta de INREDH, manifestó que espera la ratificación de la sentencia en primera instancia, ya que quedó demostrado durante la audiencia que no se ha vulnerado los derechos constitucionales de la familia del procesado. Y una decisión contraria generaría un precedente para quienes defienden los derechos humanos.