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Unión de Afectador y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco – UDAPT |
15/05/2015 |
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21 de Mayo – día Internacional Antichevron |
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21 DE MAYO, DÍA ANTICHEVRON
POR TODAS LAS VÍCTIMAS DE LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DE LAS MULTINACIONALES
PERSONAS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
LLAMAN A DETENER LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS POR LAS TRANSNACIONALES EXTRACTIVAS Y ESPECIALMENTE POR CHEVRON EN ECUADOR Y EN EL MUNDO
CONSIDERANDO
Que el mundo ha sido y es testigo de las graves violaciones a los derechos humanos de las poblaciones y los trabajadores por las actividades extractivas de las empresas transnacionales.
Que frecuentemente las y los afectados son poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y que por tanto las operaciones extractivas incrementan los riesgos de pobreza, enfermedad y muerte de estas comunidades.
Que las leyes nacionales son insuficientes para enfrentar la estructura de impunidad nacional e internacional tejida en favor de las transnacionales extractivas y permiten la vulneración de derechos.
Que esta temática ha sido motivo de un profundo análisis y se ha concretado en acciones globales contra las activida
des extractivas llevadas a cabo por las transnacionales, a nivel mundial; e incluso se han generado iniciativas a nivel mundial de las Organizaciones internacionales para desmantelar el poder de las trasnacionales y evitar que se sigan cometiendo atropellos a los derechos humanos.
Los abajo firmantes, Premios Nobel de la Paz, Organizaciones y personalidades de defensa de Derechos Humanos, Organizaciones de defensa de la Naturaleza, de pueblos indígenas, de campesinos, de trabajadores, hacemos un llamado a:
a. Los inversionistas de las transnacionales a exigir transparencia en las operaciones de las corporaciones. Les exhortamos a que se opongan a las violaciones de los derechos humanos y del ambiente que cumplen las empresas en las que depositan su capital. No hacerlo les convierte en cómplices de sus crímenes y atropellos.
b. Los gobiernos de los países donde operan estas industrias extractivas, a obligarlas a cumplir, de manera firme y decidida con todas las normas técnicas y órdenes judiciales de cada país y los preceptos fundamentales de derechos humanos, a respetar los derechos de la populaciones en sus tierras y a proteger los derechos de las generaciones futuras.
c. Los gobiernos sede de las empresas extractivas, a obligarles a que cumplan con su responsabilidad social, tanto al interior, como en el exterior de su territorio. En caso contrario a ofrecer las condiciones para que la administración de la justicia opere libremente, sin ningún tipo de injerencia o presión.
d. Los organismos internacionales o regionales, a asumir su rol de protección de las poblaciones y trabajadores afectados por las empresas extractivas, para que se les garanticen sus derechos y el debido proceso, tanto en los estados miembros como a través de mecanismos internacionales que desmantelen la impunidad de la que gozan estas empresas.
e. Los organismos de la sociedad civil, a mantenerse vigilantes y demandar el respeto a los derechos humanos de las poblaciones donde operan este tipo de empresas.
f. Los jueces, los procuradores y los abogados a actuar de manera tal que garanticen el ejercicio de los derechos humanos y del ambiente que deben ser observados obligatoriamente por parte de las multinacionales. En caso de generarse daños, como es el caso de Chevron Corporation en Ecuador, se debe garantizar una reparación adecuada.
g. A los jueces, procuradores, abogados, Estados, a garantizar el derecho de los afectados, a fin de evitar que las corporaciones criminalicen la protesta y lucha social. La comunidad internacional que establezca instrumentos e instancias internacionales para juzgar los crímenes ambientales de tal manera que las víctimas puedan acceder a la justicia sin ser discriminados, es decir en igualdad de condiciones que las corporaciones.
Siendo la demanda de los 30 mil campesinos e indígenas contra la petrolera Chevron en Ecuador, un caso emblemático para las poblaciones del mundo, nos pronunciamos en favor de la justicia para los afectados, por lo que exhortamos a:
Los inversionistas de la compañía Chevron, para que exijan que se haga justicia a los campesinos y pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana, que tras 21 años de litigio demostraron la culpabilidad de la petrolera que, aún habiendo sido condenada a pagar el costo de reparación de los daños causados , utiliza todos medios para no cumplir y retrasar ad infinitum la ejecución de la sentencia de 9 mil 500 millones de dólares para la reparación ambiental, y por tanto se sigue generando muerte y destrucción.
A los sistemas de justicia del mundo, especialmente de los Estados Unidos de América, para que no permitan acciones judiciales abusivas y dilatorias que favorecen el poder de la transnacional; para que no toleren este tipo de acciones para silenciar las víctimas, las personas y las organizaciones que los apoyan, y para que respeten la justicia de los otros países y el derecho de los demandantes al debido proceso.
A los sistemas de justicia de los países en los se están desarrollando los trámites de homologación y ejecución de sentencia, para que actúen apegados a las normas jurídicas, sin obedecer a presiones, que en todos los ámbitos impulsa la petrolera Chevron.
A las organizaciones sociales del mundo entero, para que estén vigilantes ante la resolución de este caso, que ha develado la estructura de impunidad de las transnacionales que permite las violaciones de los derechos humanos, pero también ha puesto de manifiesto la posibilidad de ejercicio de derechos de las poblaciones afectadas frente a una de las más grandes transnacionales del mundo y que puede representar un precedente mundial para las víctimas de las transnacionales quienes luchan para obtener justicia.
De igual manera, y en conocimiento de la conducta de Chevron en los distintos países en los que opera, exhortamos a los gobiernos, accionistas de la petrolera, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, a crear un sistema de alerta para obligar a la compañía a asumir su responsabilidad social y a cumplir las normas y estándares que garanticen el respeto de los derechos humanos.