Hoy, 11 de julio del 2018, a las 10 de la mañana, la Unión de Afectados por la Petrolera Chevron (Udapt), anunció mediante rueda de prensa, la sentencia de la Corte Constitucional a favor de las víctimas por la contaminación ocasionada por la empresa petrolera Texaco, en las provincias de Sucumbíos y Orellana, al norte de la Amazonía ecuatoriana.
En la rueda de prensa participaron, miembros de la Udapt, representantes de las nacionalidades Ai Cofanes, Secoyas, Kichwas y colonos, que vivieron de cerca los problemas sociales que trajo la contaminación ocasionada por Chevron. También estuvo presente Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y el abogado Pablo Fajardo, uno de los personajes históricos que ha llevado el caso por más de 25 años.
En su sentencia de 160 hojas, la Corte Constitucional expresó que no hay una sola prueba fehaciente real que demuestre que hubo fraude en este proceso. Chevron jamás probó que haya un hecho de fraude o intromisión de otros autores en este proceso judicial, aseguro Fajardo, por ello ahora debe pagar $9,500 millones de dólares para la reparación de los crímenes ambientales y sociales cometidos en la Amazonía ecuatoriana.
Pero esto no es la primera sentencia que falla a favor de las víctimas. Según Udapt, en Ecuador han ganado 4 sentencias a su favor: entre ellas está la que resolvió la Corte Nacional de Justicia, la Corte Provincial y ahora la de la Corte Constitucional. “A partir de este momento ya no se habla del supuesto daño ambiental – enfatiza Fajardo – hoy en día se habla del crimen social y cultural que cometió Chevron y está comprobado judicialmente”.
Esto luego, de Chevron ha gastado más de 2 mil millones de dólares para evitar que las víctimas tengan acceso a la justicia, por ello esta sentencia no es solo contra Chevron, también es un precedente contra el sistema de impunidad corporativa que rige en el planeta entero. “La sentencia de la Corte Constitucional es un precursor para que los pueblos indígenas logren justicia”.
También, el abogado reconoció que los jueces estuvieron bajo una feroz presión en políticas económicas, entre otras estrategias usadas por la corporación; sin embargo, aplaude que los jueces jamás hayan claudicado y que cumplieron con su deber. “Enfatizó que este no solo es un triunfo de los afectados y la Amazonía, este triunfo no hubiese sido posible sin los colectivos de Ecuador y del mundo entero que se unieron para luchar contra la corporación petrolera y sus actos de contaminación en el planeta”.
Por su parte, los miembros de UDAPT, llamaron a estar vigilantes a las organizaciones sociales, profesionales, periodistas, abogados y a la sociedad en general para que se cumpla la sentencia de la Corte. Además, exigieron la reparación inmediata de sus territorios y comunidades.
Mariana Jiménez, una de las primeras personas que estuvieron al frente denunciando la contaminación de Chevron, dijo que durante todos estos años de lucha, vio a muchos compañeros morir producto de la contaminación y han quedado muy pocos, pero tiene esperanza porque los jóvenes se han integrado a la lucha contra la corporación petrolera.
William Lucitanda, coordinador de Udapt, dijo que la petrolera afectó a 30 mil personas y expresó que se esta viviendo un día histórico de la resistencia de los pueblos indígenas, en defensa de los derechos colectivos, territoriales y la vida. ´El 10 de julio recibimos la notificación de parte de la Corte Constitucional del caso, misma resolución que llevamos esperando por más de 25 años´.
Para finalizar, Fajardo señaló que a nivel internacional, el gran problema es la estructura jurídica que protege a las empresas o corporaciones en todo el planeta. Por ejemplo, en Brasil y Argentina los procesos no pudieron avanzar por la estructura jurídica, varios países anteponen el patrimonio que tiene Chevron invertido en estos países y como consecuencia los jueces no pueden decirle a Chevron que paguen su deuda por la estructura económica, ya que se afectaría las inversiones. El jurista señaló que internacionalmente los intereses económicos se anteponen ante los derechos humanos, por eso `el siguiente obstáculo es reunir 350 mil dólares para costes judiciales en Canadá, país donde también se lleva un proceso judicial por la contaminación de la empresa. Pretendemos trasladar la sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador para que se valide en cortes extranjeras´.
Sentencia aqui