La Asamblea de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, expresa su gran preocupación ante la consolidación de Ecuador en un Estado que actúa con lógicas arbitrarias y que se encamina hacia una deriva totalitaria. Este proceso se sustenta en diversas acciones y mecanismos de control que, bajo el argumento y la justificación de una supuesta lucha contra la corrupción y la delincuencia.
La reciente detención de una de las principales candidatas de la oposición se enmarca en un conjunto de acciones que evidencian un patrón de restricción de garantías de una sociedad democrática y que, por sus características, corresponden a prácticas propias de gobiernos que avanzan hacia el totalitarismo y el deterioro democrático.
Este proceso puede analizarse a partir de, al menos, cinco características:
Control y eliminación de la participación política.
Se restringe la participación política mediante la suspensión y eliminación de partidos y de candidaturas, en un intento por monopolizar la representatividad política. Esta práctica se ha vuelto recurrente en gobiernos que han pretendido el control total de la institucionalidad, como lo que está ocurriendo en el actual gobierno. INREDH ha rechazado firmemente estas prácticas en el pasado y ahora las rechaza nuevamente, con total convicción de que un Estado puede desarrollarse únicamente con la participación de todos los sectores sociales y políticos, incluida la oposición política y las voces críticas.
Este no es un problema coyuntural. La Función Electoral fue concebida en la Constitución de 2008 como una institución destinada a garantizar la participación democrática mediante órganos técnicos que no reprodujeran los excesos del antiguo Tribunal Supremo Electoral, cuya conformación respondía a una lógica partidista. Sin embargo, desde su creación, la Función Electoral, a través de sus órganos: Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), ha demostrado ser vulnerable a su instrumentalización por los poderes de turno. Entre esas actuaciones se encuentra la injerencia en los procesos electorales, mediante decisiones relacionadas con el registro de partidos y movimientos políticos, la imposición de sanciones por supuestas infracciones cometidas durante las campañas electorales y la desnaturalización de la figura de la violencia política de género.
Esta situación se ha evidenciado en las decisiones adoptadas a lo largo de los últimos años. Ejemplo de ello, en 2013, cuando se impidió al colectivo Yasunidos realizar la consulta popular sobre el Yasuní; en 2014, cuando el CNE extinguió al MPD, al PRE, al PRIAN y a Ruptura de los 25. En 2023, el CNE multó al Presidente y a la Vicepresidenta de la CONAIE luego de la consulta sobre el Yasuní ITT. En 2025, cuando el TCE multó a dos integrantes de Yasunidos por supuestas omisiones en las cuentas de la campaña sobre la Asamblea Constituyente, a pesar de que los movimientos sociales no manejan fondos públicos en sus campañas; y en 2026, cuando se eliminó a Unidad Popular y a Construye, movimientos políticos herederos del MPD y de Ruptura. Finalmente, suspendió a la Revolución Ciudadana y al Movimiento Amigo, mientras se ha denunciado acciones dirigidas a neutralizar a Pachakutik. A ello se suman las restricciones continuas a la participación política de candidatos de varias y distintas líneas de la oposición de cara a las próximas elecciones, así como decisiones relacionadas con el adelanto de las fechas de dichos procesos electorales.
Estas restricciones a la participación ciudadana no se limitan a la esfera electoral. Las organizaciones sociales son controladas mediante normas que consideramos inconstitucionales y que impiden su funcionamiento normal. Entre ellas se encuentra, el cierre de cuentas bancarias y dificultades para registrar o renovar sus directivas, en abierta afectación a la libertad de asociación.
Control de los medios de comunicación y riesgos para el ejercicio de la libertad de expresión.
En los últimos años se ha visto con preocupación como el derecho a la libertad de expresión y comunicación han sido vulnerados en el país por los diferentes gobiernos de turno. Al mismo tiempo, el creciente riesgo del ejercicio periodístico para la integridad y la vida de quienes lo ejercen, así como las amenazas y acciones en contra de voces disidentes, víctimas, defensores/as de derechos y liderazgos sociales.
De 2005 a 2025, Fundamedios, organización que acompaña casos de vulneración de derechos a periodistas y medios de comunicación, registró que más de 14 periodistas han sido asesinados en el país y sus casos aún siguen impunes. Tan solo en 2025, se registraron al menos seis asesinatos de periodistas y comunicadores, además de casos de exilios forzados, deportaciones de periodistas y más de 200 agresiones a la libertad de expresión.
Uno de esos casos corresponde al cierre de la edición impresa de diario Expreso que, tras un año de denunciar su persecución por parte del Gobierno, dejó de circular el pasado 9 de octubre de 2026. Asimismo, se ha denunciado públicamente la compra de medios de comunicación por parte de personas vinculadas al gobierno de Daniel Noboa.
En esa línea, la falta de garantías para precautelar el libre ejercicio periodístico, sumada a la cooptación de medios de comunicación evidencian un progresivo deterioro de la libertad de expresión en el país.
Militarización de la sociedad y el territorio.
Amparada en la declaratoria de conflicto armado interno (Decreto Ejecutivo 111, enero de 2024) y en sucesivos estados de excepción, la militarización funciona más como un espectáculo para proyectar la imagen de un gobierno de mano fuerte que, como una forma efectiva de reducir el crimen organizado o aumentar la seguridad. Esta militarización conlleva graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Mismas que han sido documentadas por organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, como Amnistía Internacional, y por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Además, las cifras demuestran que esta política de seguridad no es la más efectiva, siendo el año 2025, el año más violento de la historia del Ecuador.
Cooptación y control institucional.
El Gobierno se ha entrometido en la institucionalidad del Estado, incluidos el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo de la Judicatura. Los jueces son sancionados cuando emiten sentencias o resoluciones contrarias a los intereses del Gobierno, incluso varios de ellos han sido asesinados por cumplir su labor. La Corte Constitucional, como una de las pocas instituciones que aún limita las decisiones inconstitucionales, soporta una fuerte presión. Sus jueces son sometidos a escrutinios inusuales sobre sus declaraciones patrimoniales y a constantes amenazas de allanamientos, al punto de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido al Estado ecuatoriano proteger la independencia judicial y la seguridad de sus jueces.
Sistema de propaganda y desinformación. El Gobierno sostiene su discurso en versiones oficiales falsas y en la manipulación u ocultamiento de cifras sobre el crecimiento de la pobreza extrema, el incremento de la delincuencia y la situación del sistema eléctrico, mientras difunde acciones estatales de alto impacto mediático para manipular la percepción pública de la seguridad en Ecuador.
Por lo expuesto, la Asamblea de INREDH exige al Estado ecuatoriano:
- Garantizar plenamente los derechos políticos y la libertad de asociación sin exclusiones, lo que exige una Función Electoral independiente que no pueda ser usada por los poderes de turno; y derogar las normas que restringen el accionar de las organizaciones sociales en el ejercicio de sus derechos constitucionales.
- Investigar y sancionar de manera independiente las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias cometidas por agentes del Estado.
- Respetar y garantizar la independencia judicial, y la independencia de la Corte Constitucional.
- Garantizar la libertad de expresión y la protección a periodistas, medios de comunicación, defensores y defensoras, liderazgos sociales, y a todas las voces disidentes al Gobierno de turno.
Hacemos un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos, en particular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los mecanismos de Naciones Unidas, a permanecer vigilantes permanentemente a la situación de derechos en Ecuador y considerar la realización de una visita in loco al país.
Finalmente, la Asamblea de INREDH reafirma su total respaldo a un sistema político que permita la participación social y política en igualdad de condiciones, sin temor a la represión, las detenciones o las proscripciones por pensar diferente.
Asamblea de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos – INREDH
