Comunicado OCMAL sobre muertes de activistas en México

Comunicado de OCMAL sobre muertes de activistas antimineros en México

29 de abril de 2010

Frente al atentado que ha provocado la muerte de Betty Cariño, directora del Colectivo Cactus y también miembro de Jubileo Sur México y la del observador extranjero Tyri Antero Jaakkola, asesinados mientras intentaban llevar ayuda humanitaria a la Comunidad Autónoma Triqui en el estado de Oaxaca, el pasado 27 de abril, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL comunica lo siguiente:

1.- Rechazamos el brutal asesinato de la defensora de derechos y activista antiminera Betty Cariño y Tyri Antero Jaakkola que se suma a la serie de atentados donde también fue asesinado otro líder de la REMA en Chiapas, Mariano Abarca Roblero, el 27 de noviembre de 2009

2.- Exigimos la aplicación de instrumentos internacionales tales como:

La declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos Adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 9 de Diciembre del 1998, Resolución de la Asamblea General 53/144

Recomendaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas contenidas en la Resolución 60/161. Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos

Las Recomendaciones derivadas del Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 5 rev.1 del 7 marzo 2006,

para garantizar el mayor respeto a las acciones de defensa del ambiente, de los derechos de las comunidades, así como las opciones de desarrollo local de los pueblos, al igual que las actividades de denuncia y exigencia frente a proyectos mineros que amenazan a nuestras comunidades.

3.- Condenamos las políticas de “depeje” de territorios para eliminar la resistencia e imponer proyectos extractivos al servicio de intereses transnacionales.

4.- Denunciamos las políticas de criminalización de la defensa del ambiente y los derechos de las comunidades y la protesta social así como muchos otros ejercicios democráticos desarrollados por afectados por proyectos extractivos.

5.- Responsabilizamos a las autoridades mexicanas de la seguridad de activistas de la sociedad civil que defienden derechos frente a la gran minería.

6.- Exigimos el esclarecimiento de los hechos que terminaron con la muerte de Betty Cariño y Tyri Antero Jaakkola y el procesamiento de los responsables de este brutal ataque. como voluntad del Estado para terminar con la impunidad de los asesinatos sistemáticos a quienes defienden el ambiente y los derechos humanos.

7.- Declaramos la oposición a la minería una actividad no solamente legal y legítima sino absolutamente necesaria frente a los atropellos a los derechos humanos y los ecosistemas producidos por las empresas mineras, principalmente transnacionales, y los gobiernos que las promueven, amparan y defienden.

 
8.- Llamamos a todas las organizaciones de la sociedad civil a pronunciarse frente a esta acción criminal y a exigir la inmediata y efectiva intervención del Estado mexicano para proteger a las víctimas y castigar a los autores.

América Latina 29 de abril de 2010