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Los Estados democráticos deben cumplir una serie de garantías, derechos y obligaciones básicas para la convivencia en sociedad. Uno de estos derechos es la libertad de expresión, cuyo objetivo es mantener estos sistemas democráticos y afianzar el pacto social entre el pueblo y sus gobernantes.
En el Ecuador, tanto los instrumentos internacionales, como la Constitución de la República, protegen el derecho a la libertad de expresión de todas las personas que habitan el territorio nacional, independientemente de su nacionalidad, incluso si esta manifestación de ideas, ideologías, pensamientos y expresiones cuestionan al poder político o a sus funcionarios.
Evidenciamos con preocupación un patrón peligroso en este gobierno, ya que, desde finales de mayo hasta la fecha actual, se ha identificado persecución criminalización, intimidación y censura a la labor de periodistas, comunicadores y activistas en varios ámbitos, uno de ellos en el de derechos digitales y los derechos a la libertad de expresión.
Consideramos que no son hechos aislados, lo sucedido con la cancelación del programa “Los Irreverentes” en el canal RTU, a raíz de sus mensajes y programas calificados como “polémicos” y críticos para el gobierno; y lo ahora ocurrido con la resolución infundada de revocatoria de la visa de amparo a la periodista Alondra Santiago, quien en su labor periodística ha mostrado posiciones críticas frente al actual gobierno. Respecto a esta última decisión, se debe tener en cuenta que la Constitución ecuatoriana garantiza la ciudadanía universal en su artículo 416, numeral 6, lo cual implica que los derechos, incluido el del debido proceso y la libertad de expresión, le asisten a todas las personas, que residen en el territorio ecuatoriano, sin distinción alguna en razón de su etnia, género o nacionalidad. Ambos casos constituyen un claro ataque a la libertad de expresión que debe ser garantizado más allá de simpatías y posiciones políticas y lejos del autoritarismo.
En esa misma línea de represión se enmarca la sentencia del pasado 18 de junio del 2024, en contra del activista en derechos digitales, Ola Bini, a quién criminalizaron por su activismo en seguridad digital y software libre. A la presión política que sufrió Ola, además de hacer uso del sistema judicial para la persecución, se suma el linchamiento mediático desde el poder ejecutivo por la supuesta relación de amistad con el periodista y activista digital Julian Assange, quien fuera detenido en la embajada ecuatoriana de Londres en abril del 2019.
Todo esto se suma a lo ya alertado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a la situación de la libertad de expresión y trabajo periodístico en el Ecuador, donde se registró 116 agresiones a periodistas, y la preocupación de la falta de canales de denuncia y garantías básicas de protección para periodistas, lo cual ha llevado a 9 periodistas a salir del país por la falta de estos mecanismos de defensa y protección en el Ecuador.
Ante este escenario, la Fundación INREDH, rechaza todo acto de persecución, criminalización y hostigamiento al libre ejercicio de la libertad de expresión de periodistas y comunicadores que residen en el territorio ecuatoriano, sin distinción de sexo, etnia o nacionalidad. Asimismo expresa su solidaridad con todos aquellos periodistas y comunicadores que enfrentan a un gobierno, arbitrario, punitivista y persecutor de la diversidad de opiniones y postulados ideológicos en el marco de la diversidad, a la par advertimos que el uso de órganos estatales de seguridad, como el CIES (Centro de Inteligencia Estratégica Ecuador) en ninguna circunstancia puede prestarse para investigar y perseguir de forma arbitraria a periodistas y comunicadores; o a su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores para sancionar por mostrar una postura contraria.
Hacemos un llamado a la sociedad a permanecer vigilante y retomar un rol de fiscalización, control y transparencia, puesto que la libertad de expresión, en el marco de labor periodística crítica es la piedra angular para la existencia de sociedades democráticas, libres y diversas. No se puede permitir que la arremetida de agendas políticas mundiales de derecha y extrema derecha sean los escalones para descender al autoritarismo y a la dictadura.