La Comisión Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad llevó a cabo una sesión ordinaria el miércoles 4 de septiembre de 2024, centrada en el seguimiento a la fiscalización del VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades. Durante la sesión, se abordó la preocupante falta de representación y visibilidad de la comunidad afroecuatoriana en el censo, lo que podría haber vulnerado sus derechos y afectado la implementación de políticas públicas efectivas.
Ingrid García, directora ejecutiva de la Fundación Inredh, destacó la ausencia de un acercamiento por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para el levantamiento de información del Censo Nacional 2022, lo que resulta preocupante en términos de garantizar los derechos de la población afroecuatoriana. Además, señaló que la metodología implementada podría tener consecuencias negativas en la formulación de políticas públicas para grupos vulnerables.
La omisión censal de la población afrodescendiente no es exclusiva de Ecuador, sino que también se observa en países como Colombia, Panamá y México. La sesión buscó generar un espacio de intercambio de ideas y experiencias para identificar acciones concretas que aborden esta problemática y promuevan la inclusión y representación efectiva de la comunidad afroecuatoriana en futuros censos y políticas públicas.
Es importante destacar que la inclusión y representación efectiva de la comunidad afroecuatoriana en los procesos censales es fundamental para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y promover políticas públicas que respondan a sus necesidades y realidades.
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