Washington, 13 de septiembre de 2024. Una delegación ecuatoriana integrada por organizaciones de derechos humanos y líderes comunitarios, Amazon Watch, CEDHU, CDH Guayaquil, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH, FOIN, comunidades afectadas por la militarización, con apoyo de Amnistía Internacional USA, presentó los resultados de una misión destinada a informar de primera mano sobre los graves retrocesos en derechos humanos y los impactos de las economías ilegales en los pueblos indígenas y campesinos.
Estos retrocesos han ocurrido en el contexto de las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno de Ecuador, la expansión del crimen organizado y las crecientes amenazas contra defensores de derechos humanos y territoriales. Además, se abordaron preocupaciones sobre la reducción del espacio cívico para la sociedad civil y periodistas, así como las violaciones de derechos humanos en las cárceles ecuatorianas.
Desde el 9 de enero de 2024, tras la escalada de violencia que conmocionó a la sociedad ecuatoriana, el Gobierno de Noboa declaró un estado de excepción debido a la grave conmoción interna, acompañada de la declaratoria de un «Conflicto Armado No Internacional» (CANI), como medida para enfrentar la inseguridad, la crisis carcelaria y el crimen organizado. Sin embargo, varios meses después de la aplicación de estas medidas, han surgido preocupaciones sobre su efectividad.
A pesar de los esfuerzos, no se han implementado acciones estructurales que afecten a largo plazo las redes del crimen organizado ni reduzcan la violencia. Las políticas se han centrado en la toma de los centros penitenciarios y las zonas costeras y fronterizas, sin abordar la proliferación de economías ilegales. Además, en el contexto del CANI, se ha reportado un incremento de denuncias por abusos de derechos humanos, debido al uso excesivo de la fuerza pública y la falta de garantías para la población civil.
La delegación sostuvo reuniones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, incluidos integrantes de la Cámaras de Representantes, el Senado y del Departamento de Estado, específicamente de la Oficina de Derechos Humanos, Laborales y Democracia, de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental y la Oficina de Asuntos Militares. También se reunió con representantes del Consejo de Seguridad Nacional de la Presidencia de Estados Unidos. A pesar de que Ecuador ha recibido más de 200 millones de dólares en asistencia extranjera de EE.UU. para proyectos de seguridad, persisten serias preocupaciones sobre la protección de los derechos fundamentales frente al aumento de la violencia y la militarización.
Además, la delegación se reunió con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) y varios mandatos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer la gravedad de los abusos de derechos humanos en Ecuador. Las discusiones incluyeron la situación de las personas privadas de libertad, la libertad de expresión, la criminalización de activistas que defienden sus territorios de vida y los derechos de los pueblos indígenas y campesinos.
Finalmente, la delegación intercambió perspectivas e información con la sociedad civil de Estados Unidos, buscando estrategias conjuntas para fortalecer el monitoreo y la denuncia internacional sobre la grave situación que enfrenta la población ecuatoriana.
Contactos para la prensa:
Amazon Watch: Sofía Jarrín Hidalgo, sjarri@amazonwatch.org
CEDHU: Patricia Carrión, vanessa@cedhu.org
INREDH: Yuli Gaona, comunicacion@inredh.org
CDH de Guayaquil: Fernando Bastias, fbastias@cdh.org.ec