La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) compareció este lunes, 25 de noviembre de 2024, ante la 114 sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas en donde se visibilizó, a escala internacional, la reducción estadística del pueblo afroecuatoriano en el censo nacional; ejecuciones extrajudiciales; perfilamiento racial; criminalización; sobrevigilancia, y el uso excesivo de la fuerza contra jóvenes afroecuatorianos, reflejados en los casos que acompaña la fundación.
Diana León, asesora legal de Inredh, en su intervención señaló que la problemática del reconocimiento de la comunidad afroecuatoriana surge porque el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) omitió datos estadísticos en el recuento general poblacional en el último censo, lo cual redujo la presencia del pueblo afrodescendiente en el territorio ecuatoriano, invisibilizando a más de 300 mil personas afroecuatorianas.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) exige al INEC el acceso a datos reales del recuento poblacional y recomendó que se tenga en cuenta a las organizaciones que representan a las comunidades afroecuatorianas en la construcción de las encuestas nacionales para fomentar la autoidentificación, el autopercibimiento de las personas afrodescendientes y el autorreconocimiento como parte de la población afroecuatoriana.
Asimismo, en la comparecencia, citó varios casos que evidencian la discriminación racial en Ecuador, como el caso de Andrés Padilla, quien falleció, en el año 2018, en el Valle del Chota, provincia de Imbabura, por un disparo por la espalda, propinado por un agente policial, y en la Corte Nacional se sentenció a favor del agente policial.
En esa misma línea, León mencionó el caso de Jimmy Ocles, joven afroecuatoriano que, tras retirar dinero de un cajero automático en Quito, fue detenido ilegalmente, donde los policías responsables enfrentan un proceso judicial por delito de odio, actualmente en etapa de juicio.
Otro caso que destacó es el de Cristopher Santacruz, quién fue sobre vigilado en el espacio público de transportes de la ciudad de Quito, y agentes militares requisaron, de manera violenta, e implantaron evidencias para culpabilizar y justificar su accionar violento, exponiéndolo mediáticamente como sospechoso por sus características fenotípicas.
Por otro lado, explicó el caso de joven afroecuatoriano Carlos Méndez y su compañero, quienes, al salir de su trabajo en la ciudad de Quito, fueron perseguidos por agentes metropolitanos y sometidos de manera violenta. Y denunció que en la presentación de las denuncias ante Fiscalía se evidenció la dilación del proceso y la impunidad a la hora de exigir reparación integral.
Desde manera, la asesora legal de Inredh puntualizó en la 114 sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), “la necesidad de poner de manifiesto la falta de un enfoque étnico-racial en la administración de justicia donde se carecen de recursos judiciales que reparen los atropellos a la comunidad Afroecuatoriana en busca de igualdad y no discriminación”.
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