La audiencia de Acción de Protección contra la Policía Nacional para dictaminar la resolución oral del Caso Defensores se instalará mañana miércoles 16 de julio de manera telemática por la plataforma Zoom.
El proceso inició por la detención ilegal y arbitraria hacia los defensores de derechos humanos Miguel P. y Jafet G., el 21 de noviembre de 2024 durante una movilización social en Quito. Pese a que ambos portaban cascos e identificaciones para su labor en la veeduría de la movilización, fueron detenidos y violentados física y psicológicamente por miembros de la Policía Nacional durante aproximadamente seis horas.
El 31 de marzo se presentó la Acción de Protección contra la Policía Nacional en el Complejo Judicial Norte en Quito junto al equipo de Inredh y, el pasado 30 de junio, se realizó la audiencia en la que pudieron relatar sus testimonios frente a la jueza designada. El Estado mantuvo su postura, indicó que no se vulneraron los derechos constitucionales y que habrían actuado bajo la norma en el marco de las protestas.
Se espera que la resolución garantice la reparación integral de Miguel P. y Jafet G., además de establecer medidas de no repetición y protección a los defensores de derechos humanos como obligación estatal.
Contexto
El 21 de noviembre del 2024, se llevó a cabo en la ciudad de Quito una manifestación convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), a la cual se unieron diversas organizaciones sociales en rechazo a las políticas del presidente Daniel Noboa.
En la avenida 10 de agosto a la altura de la intersección con la calle General Pedro Briceño, miembros de la Policía Nacional bloquearon el paso de los manifestantes con vallas metálicas. En ese momento la protesta empezó a registrar focos de violencia ajenos a los organizadores y en medio del caos dos miembros de la policía infiltrados de civiles derribaron brutalmente a un adolescente que portaba su uniforme de colegio y con la ayuda de otros uniformados arrastraron al estudiante por la calle del Banco Central, el hecho quedó registrado por las cámaras de varios medios del país.
Ante la situación, Miguel P. como veedor de derechos se acercó a grabar la detención y pedir al adolescente que grite su nombre. Fue entonces que uno de los policías lo sujetó del brazo y lo arrastró detrás del cerco policial donde lo inmovilizaron y golpearon. Simultáneamente, otro miembro de Inredh, Jafet G., que presenciaba la detención violenta de su compañero, se acercó para identificarse como defensor de derechos, pues quería asistir a Miguel.
Los policías, ignorando que ambos portaban cascos e identificaciones, y pese a que Miguel y Jafet les comunicaban que eran miembros de Inredh, los aprehendieron y llevaron en una patrulla al Distrito de Policía Manuela Sáenz, lugar donde fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y solo después de retenerlos durante aproximadamente 6 horas, decidieron dejarlos en libertad a la madrugada del día siguiente, sin haberlos llevado en ningún momento ante una autoridad judicial.
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