Este viernes 25 de Julio en la Unidad Judicial Norte de Quito, se presentaron medidas cautelares para exigir respuestas urgentes frente a la grave crisis que atraviesa el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Esta acción fue interpuesta por la Clínica Ambiental, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la Alianza por los Derechos Humanos y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), junto a organizaciones aliadas y representantes de la sociedad civil.
En la demanda se identifica como principal responsable al Estado ecuatoriano, por incumplir su deber constitucional de garantizar el derecho a la salud, la vida digna y la integridad personal. Esta crisis, sin embargo, no se limita únicamente al Hospital Eugenio Espejo. Como advierte Félix Galarza, presidente de la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras o Poco Frecuentes (FERPOF): “La crisis es en general de todo el ecosistema de salud pública que está en decadencia. Pacientes que tienen prescrito tratamientos, no lo están recibiendo. No hay personal médico especializado ni turnos para las citas médicas. Como pacientes no deberíamos estar rogando nuestro derecho a la salud”. Sus palabras evidencian una situación estructural de abandono que afecta a miles de personas y que configura una violación grave, sistemática e inminente de derechos fundamentales.
Por su parte, Dayuma Amores, coordinadora jurídica de INREDH, subrayó la necesidad de implementar mecanismos de control y transparencia en la gestión del presupuesto destinado al Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Señaló que una de las medidas urgentes planteadas es la conformación de un comité integrado por representantes de pacientes, profesionales de la salud y autoridades del hospital, que permita dar seguimiento al uso de medicamentos e insumos médicos, así como garantizar una rendición de cuentas transparente. “El aumento de muertes de los pacientes responde a la falta de condiciones básicas de atención. Por eso, además del abastecimiento inmediato, se requiere monitoreo constante por parte de la Defensoría del Pueblo y otras instituciones, no solo en el Hospital Eugenio Espejo, sino en toda la red pública de salud”. Añadió que esta medida cautelar también busca sentar un precedente para la actuación responsable de otras instituciones del Estado frente a crisis similares.
Para Paola Oña, representante de Clínica Ambiental, esta acción es necesaria porque “es indignante que el hospital que representa esperanza cuando la vida te golpea con una enfermedad compleja o un accidente se haya convertido en un centro donde la miseria abunda, cuando 535 requerimientos están en situación de caridad pidiendo auxilio durante todo este año. El hospital atiende a 1 millón de personas por año, más de 2000 pacientes por día, personas que no tienen para acudir a centros privados, en donde el compromiso político ha sido nulo. Ahora los pacientes cardiológicos han pasado de una mortalidad de 8% al 30% por irresponsabilidad del ministerio de finanzas en la asignación de presupuesto, ¿quién responde por las muertes generadas por la indolencia?”
Frente a una situación insostenible que compromete la vida de miles de personas, las organizaciones firmantes llaman a la sociedad a involucrarse con empatía, exigencia y solidaridad ciudadana. La salud pública no puede seguir siendo tratada como un privilegio, sino como lo que es: un derecho fundamental que el Estado debe garantizar con urgencia, responsabilidad y transparencia.
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