La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) convocó a la protesta desde horas del mediodía. Un grupo reducido se concentró inicialmente en los exteriores de la Universidad Central, en el centro norte de la ciudad. Hacia las 16:00, más colectivos sociales se sumaron a la movilización desde la Caja del Seguro, en el parque El Ejido. Esta movilización llego sin custodia policial hasta la Plaza de Santo Domingo, en la plaza los policías dispersaron la manifestación lanzando el agente químico y bombas aturdidoras. Desde la Fundación Inredh se denunció que la Policía utilizó el agente químico sin motivación y apuntando a quema ropa, no se respetó a periodistas, ni derechos humanos.
Al caer la tarde, pasadas las 17:00, los manifestantes avanzaron por la avenida 10 de Agosto, transitando por calles como Cuero y Caicedo, Mariana de Jesús y República, hasta llegar al sector de la Av. Naciones Unidas, donde se congregaron alrededor de 200 personas.
En horas de la noche, desde la Fundación INREDH se reportó en sus redes sociales que durante las manifestaciones en las avenidas Naciones Unidas y Amazonas, varias personas fueron detenidas de manera violenta. Denuncian que al menos tres personas fueron arrestadas sin justificación aparente, lo que ha generado preocupación por posibles detenciones arbitrarias y vulneración de derechos.
Sobre estos hechos, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) emitió un pronunciamiento en el que rechazó “la criminalización de la protesta social y el uso desmedido de la fuerza pública contra jóvenes y organizaciones que ejercen su derecho a manifestarse”. Las movilizaciones no solo evidencian el descontento de estudiantes y colectivos sociales frente a las políticas del Gobierno, sino también una crítica más amplia a lo que consideran un modelo de gestión autoritario, que responde a sectores privilegiados y que, mediante el uso de la represión, intenta acallar las voces de protesta en el país.
Las movilizaciones han contado con el respaldo de comunidades indígenas, transportistas, organizaciones campesinas, estudiantes y sectores de la clase media, quienes demandan una revisión de las políticas gubernamentales y el respeto a sus derechos fundamentales.