Hoy, 8 de diciembre de 2025, se llevó a cabo una rueda de prensa a cargo de la Mesa de Solidaridad por los 4 de Las Malvinas, impulsada por Afroredh, INREDH, la Alianza por la Niñez y Adolescencia, y otras organizaciones y colectivos.
Esta articulación nace porque hoy se cumple un año de la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de Steven Medina Lajones, Josué Arroyo Bustos, Ismael Arroyo Bustos y Nehemías Arboleda Portocarrero, cuatro niños afrodescendientes de Las Malvinas, en Guayaquil. La Mesa se conforma como un espacio para acompañar a las familias, exigir verdad, justicia y reparación, y mantener viva la memoria.
El 8 de diciembre de 2024, los cuatro niños afrodescendientes, Steven Medina, Josué Arroyo, Ismael Arroyo y Nehemías Arboleda salieron de sus prácticas deportivas y, mientras circulaban por las inmediaciones del Mall del Sur, fueron apresados arbitrariamente por miembros de las Fuerzas Armadas. Tras su detención, fueron trasladados a la Base Aérea de Taura, donde se perdió todo rastro de ellos. Desde ese momento quedaron desaparecidos. Sus familias denunciaron de inmediato la desaparición, pero la Fiscalía no atendió el caso oportunamente y pidió a los padres “esperar”. Solo el 16 de diciembre, tras la presión de los familiares y organizaciones sociales, se asignó un nuevo fiscal.
Durante esos días, colectivos de derechos humanos acompañaron a las familias, denunciaron las irregularidades en el proceso y exigieron respuestas ante un contexto marcado por el silencio institucional y la revictimización. A pesar de ello, la actuación estatal se mantuvo lenta e insuficiente, mientras el paradero de los niños seguía sin esclarecerse. Luego de 22 días de búsqueda, el 31 de diciembre de 2024, los restos calcinados de los cuatro adolescentes fueron encontrados en el recinto Casa de Zinc.
En la rueda de prensa participó Ingrid García Minda, coordinadora ejecutiva de INREDH, señaló que existe una sistematización de violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas y advirtió que el Plan Fénix no ha sido auditado ni fiscalizado, por lo que el Estado no ha transparentado cuáles han sido sus resultados reales en materia de seguridad. Afirmó que los cuatro niños fueron víctimas de desaparición forzada, ya que se cumplen los tres elementos que configuran este delito: fueron privados de libertad, existió falta de información por parte de las autoridades y los hechos fueron cometidos por agentes de las Fuerzas Armadas del Ecuador.
Por su parte, Jorge León, vocero de la Alianza por la Niñez y Adolescencia, anunció que se realizarán actividades conmemorativas en Cuenca, Machala, Esmeraldas, entre otras ciudades, como parte de un proceso de movilización ciudadana y social que busca mantener viva la memoria de los niños y llamar a la ciudadanía a organizarse y exigir justicia.
Asimismo, insisten en que este caso no es un hecho aislado, sino parte de un contexto de militarización, racismo estructural y abuso de poder que afecta principalmente a jóvenes afrodescendientes y sectores populares. Exigen transparencia total sobre lo ocurrido, sanción a todos los responsables y un compromiso real del Estado para erradicar la violencia institucional.
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