El 20 de octubre de 2026, la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Negras (CONAMUNE), la Confederación Comarca Afroecuatoriana del Norte de Esmeraldas (CANE), la Confederación Nacional Afroecuatoriana (CNA) y la Fundación de Desarrollo Social Afroecuatoriana Azúcar, junto con varias lideresas afroecuatorianas y con el acompañamiento de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Mediante esta petición se denuncian el etnocidio estadístico del pueblo afroecuatoriano y las vulneraciones de derechos humanos derivadas de las actuaciones y omisiones estatales durante la planificación, ejecución, procesamiento y publicación de los resultados del VIII Censo de Población y VII de Vivienda de 2022 en Ecuador.
En diciembre de 2024, la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Negras (CONAMUNE), la Confederación Comarca Afroecuatoriana del Norte de Esmeraldas (CANE), la Confederación Nacional Afroecuatoriana (CNA) y la Fundación de Desarrollo Social Afroecuatoriana Azúcar, con el patrocinio jurídico de INREDH, presentaron una Acción de Protección contra varias instituciones del Estado ecuatoriano, entre ellas la Presidencia de la República del Ecuador, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Secretaría Nacional de Planificación, por las vulneraciones de derechos humanos ocasionadas por el etnocidio estadístico del pueblo afroecuatoriano, materializado en los resultados del VIII Censo de Población y VII de Vivienda de 2022 en Ecuador.
Esto en virtud de que, según las cifras oficiales, la población afroecuatoriana se habría reducido del 7,2% en 2010 al 4,8% en 2022, lo que representaría una reducción de 2,4 puntos porcentuales en doce años. Esta disminución evidencia la invisibilización estadística del pueblo afroecuatoriano, resultado de las actuaciones y omisiones estatales durante la planificación, ejecución, procesamiento y publicación de los resultados censales. Sus consecuencias trascienden las cifras oficiales, pues afectan el reconocimiento y la representación de este pueblo, su participación en la toma de decisiones, la formulación de políticas públicas y el ejercicio efectivo de sus derechos individuales y colectivos.
Sin embargo, El 27 de febrero de 2025, el juez de primera instancia que conoció la acción de protección rechazó la demanda al considerar que no se habían vulnerado derechos constitucionales. Frente a esta decisión, las organizaciones accionantes interpusieron un recurso de apelación ante la Corte Provincial de Justicia, incorporando nuevos elementos documentales, entre ellos informes de la Contraloría General del Estado y de la Asamblea Nacional. Pese a ello, la justicia ecuatoriana mantuvo el rechazo de la acción, sin garantizar un análisis integral de las afectaciones denunciadas ni reconocer las consecuencias discriminatorias del etnocidio estadístico sobre el pueblo afroecuatoriano.
Ante la falta de una respuesta judicial efectiva y la persistencia de las vulneraciones de derechos humanos, el 20 de octubre de 2026, la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Negras (CONAMUNE), la Confederación Comarca Afroecuatoriana del Norte de Esmeraldas (CANE), la Confederación Nacional Afroecuatoriana (CNA) y la Fundación de Desarrollo Social Afroecuatoriana Azúcar, junto con varias lideresas afroecuatorianas y con el acompañamiento de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Mediante esta petición, denunciaron la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por las vulneraciones de los derechos a la igualdad y no discriminación, a la identidad cultural, a la participación, al acceso a la información y a los derechos colectivos del pueblo afroecuatoriano, ocasionadas por el etnocidio estadístico en el marco del Censo 2022. Asimismo, denunciaron la vulneración de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, ante la falta de una respuesta efectiva de la justicia ecuatoriana frente a estas afectaciones.
Con esta petición, las organizaciones y lideresas afrodescendientes buscan que el Sistema Interamericano reconozca las vulneraciones de derechos humanos ocasionadas por el etnocidio estadístico y determine la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano, promoviendo la adopción de medidas de reparación integral y garantías de no repetición. Entre sus objetivos se encuentra asegurar el reconocimiento y la visibilidad estadística del pueblo afroecuatoriano, garantizar su participación efectiva en los procesos de producción de información oficial y exigir que las políticas públicas y la asignación de recursos estatales respondan a su realidad demográfica, sus necesidades y sus derechos colectivos.
