A un año del Paro Nacional del 2025 hay heridas que siguen abiertas y respuestas que solo el Estado puede dar, pero ha preferido callar. Es inevitable recordar a quienes les arrebataron la vida por levantar la voz y ejercer su legítimo derecho a la protesta contra las medidas neoliberales de los gobiernos de turno.
Desde las protestas del año 2019 se ha instaurado un patrón de actuación desde el Estado de uso desproporcionado de la fuerza por sobre el diálogo y el despliegue armado de la policía y el ejército nacional fungiendo como un engranaje de violencia estructural.1 A pesar de que Ecuador ha sido cuestionado por su actuación desde organismos internacionales por la violencia con que actuaron sus fuerzas policiales y militares, lejos de mejorar protocolos de actuación los han perfeccionado para actuar con completa impunidad.2
En octubre del 2019 perdieron la vida: Edison Mosquera, Silvia Mera, José Chaluisa, Marco Oto, Segundo Inocencio Tucumbi, Gabriel Angulo, Abelardo Vega, Raúl Chilpe y Edgar Yucailla. En junio del 2022: Byron Guatatuca, Henry Quezada, Johnny Félix, Franco Íñiguez, José Villa y Juan Sisalema. En octubre del 2025: Efraín Fuerez, José Guamán, Rosa Elena Paqui y Edison Farinango.
Varias de sus muertes están siendo investigadas por la Fiscalía General del Estado, en etapa de indagación previa, es decir, que la información recabada tiene carácter de reservada. Muchas de las investigaciones llevan años sin tener ningún avance, ni una voluntad real desde Fiscalía de recabar más datos, e incluso algunas de ellas ni siquiera vinculan la presunta responsabilidad del Estado en sus muertes, pues el delito por el que se investiga es homicidio.
Pero, ¿cuál es la implicación de esto? El homicidio aplica a particulares, mientras que cuando existe participación de un agente estatal podría configurarse otro tipo de delito como ejecución extrajudicial o extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, dependiendo de las particularidades de los hechos. Lo que da un giro completo la naturaleza del proceso, la responsabilidad del Estado y las garantías para las víctimas.
Es decir, que en caso de que se involucre en la investigación al Estado debe existir un análisis de si cumplió o no con sus obligaciones:
- Obligación de respetar: Abstenerse se violar derechos de las personas por acción directa, omisión o políticas de estado.
- Obligación de proteger: Adoptar normas, medidas o controles para impedir que se violen derechos desde terceros.
- Obligación de garantizar: Asegurar condiciones para el ejercicio de derechos en la práctica y no solo en la ley.
- Obligación de promover: Desarrollar educación en derechos y políticas públicas.
- Obligación de reparar: Adoptar medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en caso de violación de derechos.3
Por ello, quizá, la mayoría de las investigaciones se mantienen como homicidios como lo refleja la siguiente tabla:
| Nombre de la víctima | Paro Nacional en el que falleció | Hechos | Delito por el que se investiga |
| José Chaluisa | 2019 | Murió a raíz de una caída de un puente por una persecución policial violenta | Homicidio |
| Marco Oto | 2019 | Murió a raíz de una caída de un puente por una persecución policial violenta | Homicidio |
| Edison Mosquera | 2019 | Murió producto del disparo de un proyectil de goma mientras intentaba llegar a su casa. | Homicidio, posteriormente cambiado a presunta Lesa humanidad |
| Henry Quezada | 2022 | Murió producto del disparo de múltiples perdigones, en un enfrentamiento entre manifestantes desarmados y las fuerzas del orden. | Homicidio |
| Byron Guatatuca | 2022 | Murió producto del disparo de una bomba lacrimógena de una escopeta disparada por la Policía Nacional | Homicidio, posteriormente cambiado a presunta ejecución extrajudicial |
| Efraín Fuerez | 2025 | Murió producto del disparo de una bala en un ataque de las fuerzas armadas a manifestantes desarmados que intentaban llegar a sus hogares | Extralimitación en la ejecución de un acto de servicio |
| José Guamán | 2025 | Murió producto del disparo a corta distancia de un arma de fuego durante las protestas. | Extralimitación en la ejecución de un acto de servicio |
En las muertes investigadas del Paro del 2019 y 2022, solo dos casos han cambiado de tipo penal, reflejando la vulneración a los Derechos Humanos e incluso generando la posibilidad de que en uno de ellos se configure Lesa Humanidad, es decir, actos inhumanos y graves que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil.
En los casos del 2025, existen indicios públicos que podrían probar la participación de las fuerzas militares en las muertes tanto de José Guamán como de Efraín Fuerez y el ataque a corta distancia; sin embargo, los casos se investigan como extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, lo que desconoce de cierta forma la actuación violenta que se registró en el Paro Nacional del 2025 y que incluso reposa en videos de conocimiento público.
¿Imposibilidad de avanzar?
Entonces, a pesar de los indicios y las investigaciones ¿por qué no existe un avance en el proceso judicial? La traba es meramente legal, pues durante la investigación previa corresponde recabar la mayor cantidad de indicios de materialidad y responsabilidad para avanzar a la siguiente fase que es la formulación de cargos.
La traba se marca en la responsabilidad, ya que se requiere de la individualización de la persona que cometió el acto; sin embargo, durante las protestas todos los miembros de las fuerzas del orden protegen su identidad bajo respaldo estatal, imposibilitando que se determine a un individuo como exigencia del derecho penal.
En términos más sencillos, podría llegar a determinarse que Edison Mosquera, Silvia Mera, José Chaluisa, Marco Oto, Segundo Inocencio Tucumbi, Gabriel Angulo, Abelardo Vega, Raúl Chilpe y Edgar Yucailla, Byron Guatatuca, Henry Quezada, Johnny Félix, Franco Íñiguez, José Villa y Juan Sisalema, Efraín Fuerez, José Guamán, Rosa Elena Paqui y Edison Farinango, murieron a manos del Estado por acción u omisión de sus agentes pero al no poder ponerle un rostro a quién ejecutó el acto, lo que nos queda es impunidad. Lo mismo aplica para los cientos de heridos que dejaron las protestas.
En muchos de los casos no existe mayor actuación de la Fiscalía, aun cuando por ley les corresponde el ejercicio de la acción penal y tampoco actúan bajo un enfoque de interculturalidad, cuando la mayoría de las personas fallecidas son indígenas. Ello ha ocasionado que los procesos pasen años y años siendo “investigados”, bajo la complicidad de un Estado indolente, alargando el sufrimiento de las familias que esperan obtener verdad, justicia y memoria.
Que la investigación sea eterna genera además una limitación para acudir a organismos internacionales, donde lo que se analiza es la responsabilidad estatal sin necesidad de individualizar a un culpable, sino más bien el enfoque se centra en cómo ha respondido el Estado a su obligación de respetar, proteger, garantizar, promover y reparar.
Mientras no se rindan cuentas de los actos de barbarie cometidos en octubre de 2019, junio de 2022, septiembre y octubre de 2026, seguirán repitiéndose los abusos a vista de un Estado encubridor que busca someter a la sociedad que protesta contra las políticas del gobierno de turno.
¿Qué nos queda entonces?
¡No olvidar! Recordar sus nombres y exigir por ellos, sus familias y todos quienes levantan su voz. Nos queda la memoria, la lucha, sus vidas perdidas por reclamar dignidad para todos y todas.
Activista en la defensa y promoción de los Derechos Humanos.
Comprometida especialmente en la búsqueda y exigencia de verdad, justicia y memoria en la causa de personas desaparecidas en el Ecuador. Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Especialista de Derechos Humanos, Políticas Públicas y Herramientas de apoyo en contexto de crisis, por la Universidad Andina Simón Bolívar. Coautora del libro «Secuelas Extremas: Las fronteras de la tortura en el Ecuador.» Con experiencia en litigio e incidencia en Derechos Humanos, a nivel nacional e internacional. Actualmente Asesora Legal en la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH).
