Comunidades de San Pedro de Cañar solicitaron amnistía para 23 jueces indígenas

La mañana de hoy, jueves 15  de  febrero de 2018, a las 11:00, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) conjuntamente con la organización indígena de San Pedro de Cañar presentaron una solicitud de amnistía a favor de las 23 autoridades indígenas que desde el año 2015 y 2016, están siendo procesados injustamente por administrar justicia indígena en Cañar y Azuay.

Esta solicitud, fue presentada ante el Centro de Atención Ciudadana denominada Casa de la Asamblea Nacional de Azogues, recayó en manos d Lucy Bernal, gestora de la casa Legislativa de la  provincia de Cañar. Bernal se comprometió a enviar este documente a José Serrano Salgado, presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador con sede en Quito, organismo competente en gestionar esta solicitud.

Para la comunidad de San Pedro de Cañar e Inredh, el objetivo de presentar la Amnistía  es solicitar al poder legislativo de la Asamblea Nacional la extinción total de la penal y la condena a las 9 mujeres y 14 hombres procesados por los delitos de secuestro y daños a bienes privados. Esto con el fin de subsanar las sanciones injustas a estas personas inocentes, ya que la amnistía se basa en circunstancias específicas referentes al orden político y social, mismas que se presentan como justificables en determinado momento dentro del país, asegura Nelson Atupaña, asesor legal de Inredh.

Para Atupaña, el derecho a ejercer y administrar justicia indígena por parte de las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades está reconocida y garantizada por la Constitución del Ecuador desde 1998, y de una forma más clara y sustentada lo ratifica la Constitución del 2008 que en sus artículos 1, 57, numeral 10 y en el Art. 171 que señala claramente la existencia de dos sistemas jurídicos con potestades jurisdiccionales en cualquier materia y en igualdad de condiciones. En ese sentido, las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador poseen constitucionalmente funciones jurisdiccionales y pueden ejercer la justicia indígena en cualquier tipo de conflicto interno, haciendo uso de sus costumbres y tradiciones. De esta forma, la actual Constitución de la República, garantiza los derechos colectivos y en el acápite correspondiente al ámbito de justicia y resalta la existencia de la justicia ordinaria y la justicia indígena, es decir, garantiza la existencia del pluralismo jurídico en el país.

También, cabe recalcar que a la Constitución coadyuvan los instrumentos internacionales de derechos humanos; como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio Nº. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que además en su Art. 10, numeral 2, claramente establece que cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de pueblos y nacionalidades indígenas estas deberán ser sanciones distintas al encarcelamiento. 

Carmen Suquilanda, asambleísta alterna por la provincia de Zamora Chimchipe que participó en la entrega de la solicitud, dijo que es sorprendente que esté criminalizando a las y los compañeros de San Pedro de Cañar.  “Nosotros siempre hemos estado en la lucha  y resistencia de defender, reclamar y ejercer nuestros derechos –dice Suquilanda-, en este caso defender la justicia indígena es nuestro derecho y no es válido que los compañeros estén presos por administrarla con condenas de hasta 5 años”.

Mientras se presentaba la  amnistía, las comunidades indígenas de San Pedro de Cañar, Ingapirca, Honorato Vásquez y Biblián con carteles exigían que se conceda la libertad para las 23 autoridades indígenas procesadas.

Jessica Sarmiento, hija de uno de los imputados, dijo que los jueces indígenas están siendo acusados injustamente por la Fiscalía de la justicia ordinaria, que debe realizar una investigación célere e imparcial.

Ahora, la solicitud de amnistía será analizada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional y luego de ser aceptada irá a la Comisión de Justicia para que emita el respectivo informe.

 Pedido de Amnistía a favor de las 23 autoridades procesadas

Miembros de las comunidades de San Pedro de Cañar se reúnen con Lucy Bernal, gestora de la casa Legislativa

de la  provincia de Cañar.