9 años después se retoma solución amistosa en caso de mujeres detenidas en período de gestación

Paola Gallardo, de la Fiscalía 3 de Derechos Humanos, llamó a dar su versión libre y sin juramento a Thania C., quien fue detenida y encarcelada ilegalmente en julio del 2002, cuando se encontraba en estado de gestación.

 Thania fue arrestada por miembros de la Policía Nacional cuando se encontraba en su quinto mes de embarazo y alumbró a su hija en el Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito, el 3 de diciembre de 2002.

La diligencia convocada para el día de ayer, 8 de marzo de 2018, se da para dar  cumplimiento al acuerdo de solución amistosa suscrito por el Estado ecuatoriano y las cinco víctimas arrestadas durante su embarazo, hace más de 15 años. Una de ellas, no estaba en período de gestación, pero era de la tercera edad, comentó Nelson Atupaña, abogado de las víctimas y asesor legal de Inredh.

En la versión, Thania relató los hechos ocurridos el 3 de diciembre para identificar a los responsables de su detención ilegal.

Entre 2003 y 2005, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos –  INREDH, realizó peticiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de Cerón y otras cuatro mujeres que habían sido detenidas de manera ilegal, 4 en estado de gestación y una mujer de la tercera edad.

 El 18 de diciembre de 2008, el Estado ecuatoriano e INREDH en representación de las víctimas, firmaron un acuerdo de solución amistosa con varias medidas a tomar por parte del Estado en pro de reparar integralmente a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Este acuerdo contenía una serie de medidas como la indemnización económica a las víctimas; la capacitación a los funcionarios de la Policía nacional, Fiscalía, Tribunal Constitucional; dotación de insumos para garantía del arresto domiciliario; la creación de una casa prisión para las personas de la tercera edad; la dotación de material a las guarderías de los Centros de Rehabilitación del país y finalmente, la creación de un programa especial de atención médica a mujeres embarazadas, a sus hijos/as y a personas de la tercera edad.

Según Atupaña, hasta el momento las víctimas desconocen el cumplimiento de las medidas de reparación y recién este año r
etoma
n el contacto con la Fiscalía.

“Este trámite se da luego de nueve años de inactividad por parte del Estado”, enfatiza Atupaña, que espera que en las próximas semanas sean llamadas a declarar las demás mujeres.

También cree que la audiencia temática sobre la situación de acceso a la justicia de las mujeres en Ecuador ante la CIDH motivó a que la Fiscalía tome cartas en el asunto.