La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, comunicó a Mónica Chuji, ex secretaria de Comunicación en el gobierno de Rafael Correa, que este organismo requirió información al Estado ecuatoriano sobre las condiciones en las cuales se desarrolló el proceso jurídico en el que se la sentenció, en noviembre de 2011, por comentar que Vinicio Alvarado era uno de los nuevos ricos del país, ya que era beneficiario de jugosos negocios al manejar la publicidad gubernamental.
Agotados los recursos jurídicos internos, en octubre del 2012, Mónica Chuji presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos argumentando violaciones a la libertad de expresión, violación a las garantías judiciales, violación al derecho a la protección judicial, entre otras violaciones que fueron presentadas con suficiente argumentación ante la CIDH.
Luego de analizar los documentos remitidos, el pasado 15 de junio de 2018, la CIDH decidió solicitar al Estado ecuatoriano información sobre lo sucedido con el proceso en contra de Mónica Chuji. En la notificación, la CIDH recordó al Estado de Ecuador la posibilidad de llegar a una solución amistosa y evitar que el caso llegue a la Corte Interamericana. Para Mónica Chuji, la posibilidad de una solución amistosa puede darse siempre que el gobierno actual reconozca que en el periodo anterior se usó la justicia para hostigar y perseguir a los opositores del gobierno como una política sistemática que afectó a decenas de activistas políticos, en especial a las bases del movimiento indígena y sus dirigencias.
Como se recordará, Mónica Chuji fue secretaria general de Comunicación durante los primeros seis meses del gobierno de Rafael Correa, tiempo en el cual se negó a firmar contratos de publicidad requeridos por Vinicio Alvarado, en ese entonces secretario general de la Administración, produciéndose así las primeras confrontaciones al interior del gobierno. Luego pasó a ser asambleísta constituyente en donde su defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de sus territorios la llevó a romper definitivamente con el gobierno de Correa y sus partidarios de Alianza País. Desde entonces, Mónica Chuji debió enfrentar una continua persecución y hostigamiento por parte de funcionarios públicos, políticos afines al gobierno y seguidores de Correa.
Proceso judicial
El 6 de febrero de 2011, el periódico El Comercio publicó una entrevista realizada a Mónica Chuji por parte de Rubén Darío Buitrón, bajo el titular “Vinicio Alvarado es uno de los nuevos ricos del gobierno”. Como fue costumbre en la época, Vinicio Alvarado respondió con una querella en contra de Mónica Chuji por el delito de injurias. Este proceso se sumó a los seguidos en contra de Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita, Emilio Palacio y otros generadores de opinión pública, por lo que el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, manifestó su preocupación sobre las violaciones al derecho de libertad de expresión que se estaba viviendo en el Ecuador.
En la audiencia de juzgamiento, en noviembre del 2011, a la que asistió Rafael Correa como presidente de la República, Mónica Chuji fue condenada a once meses de prisión y un pago por daños y perjuicios por la cantidad de cien mil dólares. Una vez con la sentencia en contra de Chuji, Vinicio Alvarado presentó una acción de remisión con cual pretendía perdonar a Mónica Chuji por las supuestas injurias.
Mónica Chuji no aceptó la remisión porque consideró que eso significa aceptar una culpa por opinar y estaría otorgando poder al gobierno para que limite arbitrariamente el derecho a la libre expresión, por ello decidió apelar en la segunda instancia del sistema judicial y agotar todas las instancias jurídicas nacionales a fin de demostrar su inocencia y, a la vez, demostrar cómo el gobierno de Rafael Correa usaba la justicia para perseguir a sus detractores y a quienes denunciaban los actos de corrupción de su gobierno. El sistema judicial nacional no le dio la oportunidad de defender su inocencia y se apegó a los deseos de Vinicio Alvarado por lo que, una vez agotados los recursos jurídicos internos, su caso se envió a la CIDH.
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