Las protestas sociales de octubre fueron complejas y evidenciaron un uso desproporcionado de la fuerza pública en contra de los manifestantes que ejercieron su derecho a la resistencia, garantizado en el artículo 98 de la Constitución.
Si bien se dieron actos violentos que empañaron la lucha legítima de las organizaciones y la sociedad civil en general, esto no justifica que agentes del Estado cometieran graves violaciones a los derechos humanos como las que se registraron durante los 11 días del paro nacional.
El uso desproporcionado de la fuerza dejó más de una decena de personas que perdieron sentidos vitales como la vista, el gusto y la audición. Nueve personas fallecieron, unas por impacto de arma de fuego y otras muertes que aún se encuentran en investigación, por lo que es irresponsable asegurar que se trata de muertes «accidentales» sin que exista el dictamen de un Tribunal de Garantías Penales.
Detenciones ilegales, actos de tortura, tratos crueles e inhumanos y desapariciones forzadas temporales también fueron registradas durante los días del paro nacional.
El Estado tiene la obligación de garantizar la no impunidad para los responsables que cometieron estas graves violaciones a los derechos humanos, así como para sancionar a individuos que cometieron delitos. Solo un escenario de verdad y justicia permitirá sanar las heridas abiertas y que estos actos no se vuelvan a repetir.
Aquí sus historias:
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Paro nacional: memorias |