Expertos en justicia indígena comparecerán ante Comisión de Justicia por caso San Pedro de Cañar

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional escuchará este miércoles, 20 de mayo de 2020, a las 09:00, la intervención de cuatro expertos en justicia indígena, quienes emitirán sus criterios técnicos en la fase de revisión y análisis preliminar sobre las solicitudes de amnistía del caso San Pedro de Cañar cuyas autoridades fueron procesadas por ejercer la justicia indígena.


Los expertos son Carlos Poveda, abogado en el caso La Cocha y docente universitario; Fernando García Serrano, antropólogo y docente en Flacso; Raúl Llasag, doctor en Pos-colonialismo global y docente; y Verónica Yuquilema, especialista en justicia indígena. Su intervención será transmitida por Facebook Live.

El objetivo de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado es recopilar información académica y de distintos puntos de vista de otras disciplinas para analizar las solicitudes de amnistías. Consiguiente a esta fase, la Comisión de Justicia se preparará para las comparecencias de casos y la elaboración del informe preliminar previsto para junio.
Para Luisa María Villacís, asesora jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) que acompaña el caso, es fundamental que la Comisión conozca a profundidad el tema de la justicia indígena en nuestro país, cuál ha sido su desarrollo y cuáles desafíos han tenido que enfrentar los pueblos y nacionalidades en el ejercicio pleno de su derecho colectivo. Las perspectivas de expertas y expertas ampliarán el panorama para que los comisionados comprendan el trasfondo de nuestra petición de amnistía. Es menester hacer hincapié que a pesar de que el pluralismo jurídico tiene un respaldo constitucional, en la realidad, la criminalización a quienes la ejercen es una problemática que viven muchas comunidades.  
Contexto:
Alrededor de 23 autoridades indígenas han sido criminalizadas por administrar justicia indígena en la comunidad de San Pedro de Cañar, en la sierra sur del Ecuador. Algunas autoridades fueron sentenciadas a cinco años de privación de libertad, pena que se encuentran cumpliendo en el Centro de Rehabilitación Social CRS – Turi en la ciudad de Cuenca y en el Centro de Detención de Personas Adultas en Conflicto con la ley de Cañar. Varios líderes están en régimen abierto y otras, una vez cumplida su sentencia, regresaron con temor a sus comunidades.