Jorge Acosta tras la suspensiu00f3n de la audiencia de acciu00f3n de protecciu00f3n en el Complejo Judicial Quitumbe.
Este viernes 27 de septiembre de 2019, a las 11:00, se instalará la audiencia de acción de protección en contra de nueve instituciones del Estado por vulnerar el derecho a la salud, trabajo, seguridad social y medio ambiente sano, en las provincias deLos Ríos, El Oro y Guayas. Así lo dijo, la jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Irma Carrera.
Jorge Acosta, coordinador general de la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas Bananeros y Campesinos (Astac) y demándate de la acción de protección, señala que 200 mil trabajadores de la industria bananera en el campo y empaque han visto vulnerados sus derechos.
«No eran solo víctimas de la afectación a la salud por insecticida, sino que eran perseguidos si reclamaban sus derechos (…)se los perseguía y se los incluía en listas negras. Al final del anterior gobiernose les quitó al 100% el salario básico de los trabajadores», dice Acosta.
El pasado 20 de septiembre se tenía previsto la instalación de la audiencia de acción de protección, sin embargo por solicitud del Ministerio de Salud y del Instituto de Seguridad Social del Ecuador (Iess) se suspendió la audiencia. El argumento, que al ser una demanda de 82 páginas contra varias instituciones del Estado y en diferentes provincias necesitaban más tiempo para recabar la información. Frente a este pedido, Harold Burbano, director titular de la Defensoría del Pueblo y abogado que patrocina la causa, enfatizó que era fundamental dar pasó a la audiencia para garantizar los derechos de las víctimas, no obstante, la magistrada no aceptó.
Para Burbano es necesario que la jueza resuelva la cusa sobre derecho y sin presiones políticas. «Nosotros no nos estamos yendo contra el sector bananero, sino que pedimos queresuelva garantizando losderechos de la gente. Es la primera vez que se ha presentado una acción contra la política pública bananera del país, en el medio están familias, los productores, intermediarios y empresarios, hay que pensar en toda la gente, pero aquí hay que pensar en la gente que está sufriendo y son los trabajadores».
Para verificar esta situación, desde el 2016, la Defensoría de Pueblo ha realizado una serie de visitas insitu a las haciendas: Sitio Nuevo, La Nola, La libertad, Mercedes, San Jacinto, Álamos, Acamar, La Venganza, Hacienda Agrícola Walter Andrade Vicuña, entre otras.
Las instituciones demandadas son la Agencia de Regulación del Agua, Ministerio de Salud, Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Ambiente, Procuraduría General del Estado, IESS, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Acosta considera que la suspensión de la audiencia evidencia la poca voluntad del Estado ecuatoriano para atender este tipo de problema, que no es un problema reciente, sino uno de hace 80 años.
Para la investigadora, Patricia Polo Almeida, que presentó un amicus curiae dentro de este proceso, el Estado mediante sus instituciones no ha logrado no solo garantizar los derechos vulnerados, sino que tampoco garantiza los derechos básicos de las y los trabajadores.
Con ella coincide, Fernanda Yumbay, asesora legal de Inredh, que dice: «es de vital importancia proteger a los trabajadores y ciudadanos que están siendo afectados por estas fumigaciones, además el Estado no ha logrado proteger y garantizar los derechos vulnerados, enmarcados en la Constitución y tratados internacionales».