Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde, y familiares de personas desaparecidas mantuvieron una reunión con Tomas Guayasamín Mogrovejo, director de Prevención de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, y Patricio Salazar, subsecretario de articulación en el Viceministerio de Gobernabilidad ecuatoriano, donde exigieron acciones concretas al Ministerio de Gobierno para el cumplimiento de la sentencia en el caso de la desaparición de Juliana, ocurrida el 7 de julio de 2012.
La reunión se produjo como respuesta al plantón realizado este 27 de enero de 2021 en los exteriores del Ministerio de Gobierno, en Quito, donde Elizabeth Rodríguez presentó un tercer oficio, en el que volvía a solicitar una reunión técnica con las autoridades designadas, a fin de determinar una ruta de trabajo para el cumplimiento de esta sentencia.
En el encuentro, las autoridades estatales aseguraron que, desde el 18 de diciembre de 2020, luego de la entrega del primer oficio de Elizabeth Rodríguez, iniciaron algunas diligencias en el caso de Juliana Campoverde.
Con respecto a la búsqueda de los restos de Juliana, Pamela Chiriboga, coordinadora jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y abogada del caso, comentó que esta diligencia ya se habría delegado a la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Desapariciones, Extorsión y Secuestros de Personas (Dinased).
Sobre la recompensa por la búsqueda se analiza cuál será el programa adecuado al caso y para la difusión a la ciudadanía se espera a que el caso vuelva a abrirse como el de una persona desaparecida para continuar la búsqueda.
Sin embargo, a Chiriboga le preocupa que “todas las diligencias mencionadas no hayan tenido participación de la familia”. Para la madre de Juliana, las respuestas que se generaron en la reunión ponen nuevamente la carga en los familiares.
Tal es así que se propuso a los familiares que inicien el proceso en la Fiscalía para que vuelvan a investigar el caso de Juliana como una persona desaparecida, en lugar de como secuestro extorsivo con resultado de muerte, cuando esta responsabilidad es del Ministerio de Gobierno.
Y en cuanto a la investigación a la Iglesia Oasis de Esperanza, la Secretaria de Derechos Humanos, ente regulador de las organizaciones religiosas, no ha constatado su existencia legal, debido a que, “la entidad no tiene la competencia para regular organizaciones informales que están en construcción y quiere decir que no pueden tocar a las diferentes formas en las que se puede presentar la Iglesia acusada”.
Chiriboga también reveló que han constatado que la Iglesia continúa predicando de manera telemática, se ha creado con varios nombres y “el problema es que se pueden repetir los hechos del caso de Juliana, pero en otras personas”.
Al finalizar la reunión, Tomas Guayasamín Mogrovejo y Patricio Salazar, autoridades del Ministerio de Gobierno, anunciaron que para mediados de febrero volverán a llamar a las personas que participaron en el encuentro de hoy, para una reunión previa antes de reunirse con el Ministro de Gobierno y otras autoridades como la Secretaria de Derechos Humanos, Fiscalía General del Estado y Dinased.
“Continuaremos exigiendo al Ministerio que nos reciban en una reunión presencial para tomar en cuenta el punto de vista de mi familia, de mis abogados y de las organizaciones que siempre me han acompañado”, recalcó Rodríguez, madre de la joven desaparecida.
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Caso Juliana Campoverde: Autoridades del Ministerio de Gobierno inician la ejecución de de la sentencia, tras tercer pedido de cumplimiento
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