Juez otorga medidas cautelares a favor de PPL y da cinco días a las entidades demandadas para adoptar medidas que eliminen la sobrepoblación carcelaria del país

Debido a la situación de violencia sistemática que ha cobrado la vida de 247 personas privadas de libertad (PPL) desde el año 2010, de las cuales 79 fallecieron este 23 de febrero de 2021, el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (CDH-PUCE) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) interpusieron una acción de protección con medidas cautelares a favor de las PPL, con el fin de solicitar el amparo directo y eficaz de sus derechos reconocidos en la Constitución del Ecuador y en los tratados internacionales.
En cuanto a las medidas cautelares, el juez Ángel Mestanza Arboleda dispuso, este 5 de marzo de 2021, que el presidente de la República, Lenin Moreno, a través de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia, convoque al Directorio del Sistema Nacional de Rehabilitación para que, en el término de 5 días, con la participación directa de la Defensoría del Pueblo y las demás entidades estatales demandadas adopten las medidas necesarias para eliminar la sobrepoblación carcelaria del país. 
Para determinar el número de personas privadas de la libertad que podrán mantenerse en el sistema, el juez resolvió que se tendrá en cuenta: a) la capacidad instalada en los centros de rehabilitación social del país; b) el número de guías penitenciarios disponibles de acuerdo con las normas internacionales, en cada centro carcelario; y c) el estricto cumplimiento de las normas de distanciamiento social ordenadas por el COE nacional, en donde están incluidas las personas privadas de libertad, consideradas vulnerables, a fin de evitar contagios del COVID.
Respecto a la ejecución de estas medidas, el juez dictaminó que se deberá contar con la participación de las organizaciones demandantes – CDH-PUCE e Inredh -; de los decanos o delegados de las facultades de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que conozcan sobre temas de carácter penitenciario; y del Defensor del Pueblo.
Esta figura constitucional presentada en contra del presidente de la República, Lenin Moreno, la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía General del Estado (FGE); la Secretaría Nacional de Planificación “Planifica Ecuador” y la Procuraduría General del Estado busca que el juez constitucional declare la violación de los derechos, como el acceso a la justicia, la rehabilitación social, vida, integridad personal, no discriminación y salud de las personas privadas de su libertad dentro de los centros penitenciarios y rehabilitación social en el Ecuador, por la falta de una política nacional integral de política penal y de rehabilitación social.
Pamela Chiriboga, coordinadora del área jurídica de Inredh, enlista algunos de los hechos causantes de violaciones de derechos constitucionales en el sistema carcelario que han identificado dentro de esta demanda, como el hacinamiento en los centros de privación de libertad; la existencia de muertes violentas dentro de los centros penitenciarios; la pérdida de control estatal de los Centros de Rehabilitación social; el tráfico de armas, drogas y amotinamientos; la falta de atención médica, la cual ha producido un incremento de los casos de tuberculosis y VIH-SIDA; entre otras. 
“En el 2020 la reducción del presupuesto fue de 43% y en el 2021 se aumentó sólo 8 millones y por esto, la planificación anual ha tenido que ser readaptada en relación con el presupuesto, lo que ha causado que aumenten los detenidos, los programas de rehabilitación se reduzcan y empiecen los primeros motines”, se describe en la acción de protección.
Para CDH-PUCE e Inredh, organizaciones que solicitaron las medidas cautelares, es imperante que el Estado se responsabilice por la crisis carcelaria que se vive en el país y que se establezca una comisión permanente de revisión y análisis del sistema ecuatoriano, en la que obtenga, a mediano y largo plazo, reformas integrales a la seguridad, crimen y la rehabilitación, con propuestas de un uso racional del sistema penal y una de sistema de rehabilitación social adecuado. 
De ese modo, David Cordero, director del Centro de Derechos Humanos PUCE, espera que dentro de esta audiencia, además de la declaración de responsabilidad de las ocho entidades estatales demandadas, “se empiece una investigación de las causas de los delitos, dirigida a comunidades o barrios con mayor índice de cometimiento de los delitos, y con esos resultados se pueda generar alternativas de desarrollo de estos sectores”. 
Cordero enfatiza que en este nuevo modelo de rehabilitación social debería darse un seguimiento individualizado que busque las causas de los delitos, que se extienda en el tiempo más allá de la pena, que involucre a la familia y que se busque oportunidades de reinserción laboral.
Con la presentación de esta acción de protección con medidas cautelares, CDH-PUCE e Inredh solicitaron al juez que eleve el caso a la Corte Constitucional, ya que debido a la complejidad del problema estructural al que hacen referencia, esto se configuraría un “Estado de Cosas Inconstitucional”, con lo que se podría sentar un precedente importante que garantice la tutela de derechos fundamentales a nivel estructural. 
De tal manera que se podría vigilar que el Estado implemente estas nuevas políticas públicas que tendrían como objetivo humanizar al sistema, que se vuelva más efectivo en la prevención del delito, que racionalice e investigue las causas, y, sobre todo, que incentive la  erradicación de dos problemas fundamentales, tales como el populismo penal y la concepción de la cárcel como depósito de seres humanos.
Además, el juez Mestanza convocó a las instituciones accionadas a una audiencia pública a realizarse el jueves 11 de marzo de 2021, a las 14:00, en la Unidad Judicial Penal con sede en la Parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito, para decidir sobre la acción de protección.
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