Organizaciones internacionales de DD.HH se pronuncian ante juicio por terrorismo

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y Amnistía Internacional mostraron su preocupación al gobierno ecuatoriano sobre la definición de “terrorismo” en el Código Penal de Ecuador que se pretende aplicar en contra de Manuel Trujillo y Manuela Pacheco llamados a juicio este martes, 19 de enero de 2016, por el presunto delito de terrorismo organizado.

Los dos dirigentes de la comunidad de San Pablo de Amalí, cantón Chillanes, provincia Bolívar, son acusados de los hechos ocurridos el 14 de agosto de 2012, día en que se generó enfrentamientos entre el cuerpo policial y miembro de la comunidad en resistencia. De estos hechos se pretende responsabilizar a los dirigentes Manuel Trujillo y Manuela Pacheco esta vez por el presunto delito de “Terrorismo Organizado” basado en el parte policial elaborado por el Mayor Roosevelt Vinicio Albán Moreta que señala que los dos dirigentes junto a 12 comuneros agredieron a cuatro policías y destruyeron un vehículo policial.

Para la FIDH, en Ecuador el delito de ‘terrorismo’ ha sido utilizado en contra de varios líderes comunitarios, defensores y defensoras de derechos humanos que actuaban en el ejercicio legítimo de su derecho a la organización y a la libertad de expresión y asociación. “En el caso concreto del Sr. Manuel Trujillo, quien señala incluso no haber estado presente durante los hechos, la acusación por ‘terrorismo organizado’, viola los principios de legalidad y de proporcionalidad”. Carta abierta completa aquí

Criterio similar, tiene Amnistía Internacional que expresa en la Acción Urgente lo siguiente:

– Expresamos preocupación porque los procedimientos penales contra Manuel Trujillo y Manuela Pacheco parecen ser un intento de silenciar su campaña para reclamar el derecho de su comunidad a ser consultada sobre la construcción de un proyecto hidroeléctrico que, según afirman, afectará al derecho de la comunidad al agua.

– Instamos a las autoridades a retirar los cargos infundados contra Manuel Trujillo y Manuela Pacheco.

– Instamos a garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica y reconociendo que el Estado tiene el deber de mantener el orden público.

También, el caso Manuel Trujillo y Manuela Pacheco se puso en conocimiento de Michel Forst, relator especial sobre la situación de defensores de derechos humanos de Naciones Unidas.