Tundayme: se cumple un año de los desalojos por la empresa minera Ecsa

Un día como hoy, 30 de septiembre, decenas de policías junto a la guardia privada de la empresa minera Ecsa ingresaron al barrio San Marcos, parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe para destruir las casas y la siembra, para desplazar forzosamente a las familias que se oponían al proyecto minero Mirador que se ejecuta actualmente en la zona y que pretende extraer cobre y oro.

Hoy, 30 de septiembre, se cumple 365 días de aquel desalojo que dejó sin vivienda y territorio a 16 familias que a hasta la fecha no han sido reubicados por el Estado ecuatoriano ni han sido reparados sus derechos violentados.

Aquel día,  a las 06:00, 135 policías junto a la guardia privada ingresaron a la comunidad con maquinaria pesada para desalojar a las familias de la Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi).

“Destruyeron nuestras casas dejándonos en total desamparo a nuestros animales domésticos, huertos alimenticios y nuestros bienes. Estamos preocupados de lo que se nos viene y no tenemos dónde vivir”, dice Heidy Álvarez que fue una de las personas desalojadas y que hoy vive en arriendo.

Los desalojos se dieron sin notificación previa y en la madrugada bajo la figura jurídica de servidumbre minera.  Las servidumbres mineras ubicadas en Tundayme están interpuestas en el territorio colectivo de Cascomi que habita el lugar históricamente. Esta servidumbre al estar en un territorio colectivo debió ser consultada, es decir, el Estado debió realizar la consulta previa, libre e informada como establece el numeral 7, del artículo 57 de la Constitución del Ecuador. Sin embargo, no lo realizó y por ende el proceso de servidumbre es inconstitucional.

Los desplazamientos de comunidades indígenas se encuentra prohibido por la Constitución del Ecuador, en el numeral 11 del artículo 57 que establece: las comunidades tienen derechos a no ser desplazados de sus tierras ancestrales.

Sin embargo, esto se volvió a irrespetar la noche del 15 y madrugada del 16 de diciembre de 2015 cuando alrededor de 20 familias más fueron desalojadas por la empresa Ecuacorriente S.A.

Estos desalojos fueron denunciados ante la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional y en la Defensoría del Pueblo que hasta el momento no han emitido los informes correspondientes sobre las visitas in situ que realizó cada entidad a la zona.