A un año de la amnistía a favor de las 20 autoridades indígenas de Cañar, ¿se han cumplido todas las medidas?

​​A pesar de existir la resolución de las amnistías y por tanto, las notificaciones por parte de jueces y juezas para que se levanten todas las medidas tanto de carácter real como personal, hasta el día de hoy, en su mayoría, no han sido levantadas. Las medidas cautelares personales son aquellas que afectan la libertad personal y las medidas reales son las que afectan a los bienes del sujeto.

Para mayo de 2021, un funcionario del Registro de la Propiedad de Cañar comunicó que nueve de las veinte personas aún contaban con la prohibición de enajenar bienes, es decir, de transferir la posesión de un bien de una persona a otra. 

Actualmente, algunas autoridades indígenas cuentan todavía con la medida cautelar personal de prohibición de salida del país e incluso algunas no pudieron ejercer su derecho al voto. A pesar de que las multas que se establecieron en las sentencias condenatorias formaban parte de la pena, que con la amnistía debía ser extinguida, aún no se procede al reembolso de las mismas por parte del Consejo de la Judicatura, alegando lo siguiente: 

[N]o se observa la disposición “expresa clara y exigible” que se proceda con la devolución de los valores recaudados por concepto de la multa impuesta por el Tribunal Segundo de Garantías Penales del Cañar, a los procesados por el delito de SECUESTRO, en contra de los miembros de la Comunidad de “San Pedro de Cañar ”

Por otro lado, existen nuevos procesos de criminalización en contra de algunas autoridades indígenas y miembros de las comunidades del Alto Cañar y como ellos dicen “bajo una nueva modalidad”, es decir, ya no bajo tipos penales como secuestro y secuestro extorsivo, sino bajo el tipo penal de la intimidación. 

Por ello, las dirigencias de aproximadamente 150 comunidades que conforman el Alto Cañar aún están temerosas de ejercer su derecho. A pesar de eso, poco a poco, están retomando las asambleas para resolver conflictos internos de la comunidad. En este año, han conocido seis casos, principalmente de conflictos por terrenos y problemas intrafamiliares, que ya han sido resueltos. Y continúan escuchando nuevos casos.

¿Quiénes son las autoridades indígenas criminalizadas?

La comunidad de San Pedro de Cañar ha ejercido la justicia indígena basada en sus costumbres, creencias y cultura desde hace varias décadas atrás. Hay casos que datan de la década de los 70.  Fue así, que en el 2014, se decidió conformar el Consejo de Justicia Indígena de San Pedro de Cañar. Se integró por siete organizaciones y 15 comunidades cuyo objetivo era administrar justicia indigena y recobrar la armonía de las comunidades. 

Conoció sobre todo, casos de robo, microtráfico, coyoterismo, violencia intrafamiliar, conflictos de tierras, cuatrerismo, e incluso trató un caso de abuso sexual, pero al ser mestizo el agresor y no pertenecer a la comunidad, el Consejo decidió llevarlo a la justicia ordinaria, con el acompañamiento de las autoridades del Consejo de Justicia Indígena. 

La notoriedad de esta práctica ancestral y la capacidad de convocatoria que tenían sus asambleas, puso a sus dirigentes en la mira de varias personas y comenzó así un proceso sistemático de denuncias, procesos y criminalización a las autoridades indígenas.

Criminalizadas y criminalizados por ejercer la justicia indígena

El 2 de septiembre de 2015, varios miembros de la comunidad acudieron a dos consultorios jurídicos de los abogados que patrocinaban denuncias en contra de las autoridades indígenas para solicitarles no continuar con dichos procesos. Luego de intentar llegar a un acuerdo, los comuneros decidieron impedir que los juristas abandonen sus despachos hasta no acordar una solución, evento que duró una hora. Por esta razón, los abogados interpusieron una denuncia por el delito de secuestro contra José Sarmiento, presidente del Consejo; Sergio Paucar, secretario de la organización; y nueve autoridades más.

En este contexto, las personas que habían sido procesadas por la justicia indígena, – coyoteros, cuatreros y usurpadores de remesas enviadas por los migrantes -, aprovecharon para denunciar de secuestro y secuestro extorsivo a las autoridades indígenas de San Pedro de Cañar, alegando que fueron llevados a la asamblea de justicia indígena en contra de su voluntad. 

A partir de esto, 23 personas fueron criminalizadas desde el 2015 hasta 2017. Para el 2020, quince aún se encontraban con procesos legales en marcha, cuatro de ellas se encontraban privadas de libertad:  José Sarmiento Jiménez, Ángel Belisario Calle Calle, Luis Eduardo Calle Espinoza y María Josefina Sotamba Padilla.

Se reconocieron sus derechos colectivos

Con 112 votos afirmativos, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó, el 30 de julio de 2020, el pedido de solicitud de amnistía para 20 autoridades indígenas procesadas por administrar justicia indígena en San Pedro de Cañar. Esta votación en bloque se dio luego de cinco horas de análisis y debate de la solicitud de amnistía, 13 intervenciones de las y los asambleístas; y la comparecencia pública de nueve personas: solicitantes de amnistía y expertas/os en derechos humanos, derecho penal, pluralismo jurídico y derecho internacional. 

El argumento que atravesó la sesión del pleno fue que la amnistía permitirá una reparación a los pueblos y nacionalidades indígenas que han sido históricamente vulnerados en sus derechos. 

La Resolución No. RL-2019-2021-072 fue publicada en el Registro Oficial el 05 de agosto de 2020. En el artículo 2 se reafirma la vigencia del Estado Plurinacional e Intercultural, así como el derecho de las comunidades y pueblos a ejercer su derecho colectivo. Mientras que en el artículo 3 se determina lo siguiente: 

Resuelta la amnistía, no podrán ejercerse acciones penales por hechos investigados en los procesos motivo de esta amnistía. En estos procesos iniciados se extingue la pena impuesta y se dispone el archivo de los procesos penales; así como, la inmediata excarcelación en caso de las personas privadas de la libertad, la revocatoria de órdenes de captura y, la extinción de cualquier medida cautelar real o personal y pena alternativa a la prisión.

Te contamos aquí sus historias:

Detenidos por defender a una tía

Mi nombre es Luis Eduardo Calle Calle y tengo 63 años de edad. Fui privado de la libertad el 20 de octubre del 2016 y me condenaron a cinco años por un supuesto secuestro que suscitó el 9 de junio de 2015. Yo y mi hermano, Manuel María Calle Calle, tuvimos problemas por defender a una tía que fue estafada. Me llevaron al centro de Rehabilitación de Azogues, ahí estuve dos años, desde el 2015 hasta el 13 de octubre de 2017 y después me trasladaron al Centro de Rehabilitación Social Cañar, donde pasé un año dos meses más. Salí el 26 de noviembre de 2018. En total estuve detenido por tres años y dos meses.

En la cárcel me dio un derrame cerebral que afectó mi visión y mi pierna, hasta ahora tengo dolores. La piel se me empezó a manchar, me salieron puntos negros y rojos en todo el cuerpo y finalmente lipomas en ambos brazos por lo que me tuve que operar. En el Centro de Rehabilitación daban una misma pastilla para todo, ya sea para el dolor de cabeza, para las piernas, para lo que sea. Ahora estoy con eso del estrés, creo que eso me va a matar. Tengo decaimiento, no tengo ánimo para hacer nada. Vienen a veces desilusiones.

 Mi familia nunca me abandonó, no perdían ni un día de visita. Me iban a visitar cada ocho días, me dejaban comida, cosas y dinero para la tienda que había ahí. Pero mi esposa sufrió de estrés y hasta la fecha sigue mal, ella sufre de presión alta y depresión. Se dio una alegría a nuestra vida cuando me dieron la libertad, pero si quedamos mal económicamente, gastamos mucho dinero pagando abogados, durante estos años de procesos.

Para el 2020, el señor Luis Eduardo Calle Calle, se encontraba en un régimen de rehabilitación semiabierto, es decir, desarrollaba su actividad fuera del centro de ejecución de penas de manera controlada por el Organismo Técnico. 

Luego de la concesión de la amnistía, se cerraron los dos procesos de secuestro que había en su contra. Se levantó la medida de prohibición de enajenar bienes; sin embargo, aún no se levanta la medida de prohibición de salida del país. Además, es una de las seis personas que pagaron las multas como parte de la pena y que aún no han sido reembolsadas.

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Soy Manuel María Calle Calle y tengo 74 años de edad, fui privado de la libertad el 20 de octubre del 2016. Me acusaron como autor de secuestro por un hecho ocurrido el 9 de junio del 2015 en el contexto de la justicia indígena. Tuve que cumplir con la pena que me dictaron desde el 20 de octubre de 2016 hasta el 16 de noviembre del 2018, en el Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en conflicto con la ley en Cañar. Yo y mi hermano, Luis Eduardo Calle Calle, fuimos acusados por nuestro familiar, Alberto Peñafiel, por problemas de terrenos de una tía. Nosotros nos dimos cuenta que él había estafando a nuestra tía y quería quedarse con sus tierras y cuando llevamos este caso ante la Justicia Indígena y se resolvió allí, inmediatamente se nos denunció y acusó de secuestro a mí y mi hermano.

En el 2017, el caso de los hermanos Calle Calle fue incluido en la lista de pedido de indultos que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) impulsó, pero fue bloqueado por algunos funcionarios y funcionarias gubernamentales. 

El señor Calle, adulto mayor, se encontraba en un régimen de rehabilitación abierto hasta el 2020. Actualmente los dos procesos en su contra están cerrados. Es además, una de las nueve personas que posterior a la resolución de las amnistías aún tiene la prohibición de enajenar bienes. 

Aún no se levanta la medida personal de prohibición para salir del país, y al igual que su hermano está en la lucha por el reembolso del dinero que se pagó en concepto de multa como parte de la pena.  

12 mil dólares rompieron los lazos familiares

Mi nombre es María Tamay Murudumbay, tengo 40 años y soy madre de dos hijos, Alex y Christian. Fui acusada injustamente como autora directa del delito de secuestro en un hecho suscitado el 15 de noviembre de 2015.

El padre de mis hijos emigró a EE.UU y un día nos envió 12.000 dólares para comprar una casa para nuestra familia. El problema nació cuando ese dinero llegó a la cuenta de mi suegro, quien compró la casa pero la registró a su nombre. Tuve que denunciar este acto en el Consejo de Justicia Indígena de San Pedro y ellos enviaron una comisión para que visite a mi suegro y lo invite a dialogar. Pero él se negó y el Consejo decidió enviar una comisión para detenerlo y llevarlo a San Pedro para que sea juzgado por la comunidad. 

En la asamblea de juzgamiento se resolvió que mi ex suegro debía devolver el dinero que nos envió mi esposo y que debía someterse a un proceso de sanación. Cuando el proceso de justicia indígena concluyó, mi ex suegro denunció el proceso ante la Fiscalía de Cañar y acusó a las autoridades del Consejo de Justicia de San Pedro y a mí por el delito de secuestro. Se dio el juicio y el Juez ordenó que cumpla una pena de cinco años de prisión, más el pago de una multa de doce salarios básicos unificados.

No podía estar en la cárcel, no podía dejar solos a mis hijos por una injusticia que se dio en mi contra. Entonces, decidí esconderme. Esto causó un gran daño a mi familia, a mis hijos y a mí.  Mi salud se vio afectada, así como la pérdida de dinero.Yo sufro un problema de los nervios desde el 2015, cuando pasó todo esto. Mis hijos también han sufrido y yo quisiera llevarles al psicólogo, pero por el dinero no puedo ya que no he conseguido un trabajo estable. 

Para el 2020, María Tamay tenía orden de detención y se encontraba en situación de clandestinidad junto a sus dos hijos. Cuando se debatía en el Pleno de la Asamblea Nacional el tema de las amnistías, Fundación Inredh presentó su .

Después de la Resolución de las Amnistías, el proceso en su contra se cerró y con ello la revocatoria de la orden de captura. Ahora María puede caminar tranquilamente por las calles con sus dos hijos. Para mayo de 2020, aún tenía la prohibición de enajenar bienes, a pesar de la notificación del Juez para que se levante dicha medida. 

Aún no se ha dado cumplimiento a la sentencia de la justicia indígena que ordenaba que los suegros de María devuelvan la casa. Sin embargo, se espera que en cuanto esté fortalecido el Consejo de Justicia Indígena se pueda dar cumplimiento a dicha sentencia y que María y sus dos hijos puedan recuperar su casa y vivir bajo condiciones adecuadas.

“Pagué un año y cuatro meses sin haber cometido ningún delito”

Mi nombre es Digna María Sarmiento Chuqui y tengo 60 años. El señor Alberto Peñafiel, dijo que yo le fui a secuestrar en la casa y por eso me llevaron a la cárcel. Según entiendo, este delito fue cometido el 19 de noviembre de 2015, pero ese día yo estaba en la casa con mi hija Mariana Sarmiento que recién había llegado del hospital porque había dado a luz. Yo le traje a mi casa para atenderle, ahí estaba con mis otras hijas. Luego me enteré que ese mismo día había existido un problema en el que el señor Peñafiel le pegó al hijo de Luis Chimborazo. Algunas personas que estaban en la reunión de la justicia indígena habían acudido al sector y bajaron al centro llevando al señor Peñafiel. Por eso, cinco meses después, él puso un juicio a varias personas y me metió a mí. 

Entre las primeras personas demandadas por Peñafiel estaba Sergio Paucar, pero él tampoco estaba ahí. Yo decidí ir a testificar por Sergio Paucar y ahí me iniciaron un juicio. Ya habían transcurrido casi seis meses del proceso, donde estaban otras personas procesadas, diciendo que yo he ido a sacarle de la casa, que he hablado malas palabras, que le he dicho cosas feas y que yo le he golpeado, he sacado la chalina, le he bañado y que le he arrastrado. Me enjuiciaron por esa mentira, ya que sólo querían dinero.

A mí me llevaron al Centro de Rehabilitación Social de Mujeres Sierra Centro Sur Turi, en Cuenca, desde el 04 de febrero de 2018 hasta el 21 de mayo de 2019. Yo pagué un año y cuatro meses sin haber cometido ningún delito. El delito por el que me sentenciaron fue por supuesta cómplice de secuestro. Nosotros hemos ejercido la justicia indígena con el fin de tener un respeto en nuestras comunidades porque habían muchas pandillas, nosotros teníamos miedo por nuestros hijos y nietos y por eso entramos a la ley indígena, no hemos hecho nada a nadie. Nosotros trabajamos limpiamente.

Antes trabajaba en la agricultura y ganadería; cuando pasó todo esto, mi esposo, mis hijas y mi yerno se hicieron cargo de los animales, pero por la desesperación de sacarme andaban con el dinero a diario. Perdí a mis vacas, las tuve que vender, otras se murieron porque no había quién les dé agua y quien les atienda. Ahora no tengo nada, ni una matita de culantro peor de cebolla. Mi familia ha sufrido mucho todos estos años y esto ha sido un daño irreparable.

Para el 2020, la señora Digna Sarmiento también se encontraba bajo un régimen de rehabilitación semiabierto y desarrolló su actividad fuera del centro de ejecución de penas de manera controlada por el organismo técnico. 

Luego de las amnistías, se cerró el proceso penal que estaba en su contra, pero las medidas cautelares de carácter real estaban vigentes hasta mayo de 2020. Digna es una de las personas que pagaron la multa como parte de la pena impuesta por la justicia ordinaria y actualmente, está luchando para que el Estado le reembolse.

Digna Sarmiento fue una de las personas que realizó una limpia (ritual de purificación) a las autoridades indígenas de San Pedro de Cañar, José Sarmiento y María Sotamba, cuando recuperaron la libertad y dejaron el Centro de Rehabilitación Social – Turi. 

Desde el 2015 mi vida ha cambiado

Mi nombre es Luis Manuel Morocho Sanango, tengo 48 años y fui acusado de autor directo de secuestro por un problema con unos abogados en la ciudad de Cañar y por ejercer la justicia indígena. En uno de los casos, el 25 de mayo de 2017, el Tribunal de lo Penal de Cañar me declaró como autor directo del delito de secuestro y me impuso una pena privativa de libertad de cinco años y una multa de doce salarios básicos unificados del trabajador en general.

Ante esta primera decisión de los jueces decidí presentar un recurso de apelación que fue inadmitido el 20 de julio de 2017. Tampoco conforme con la inadmisión presenté un recurso extraordinario de casación, el 1 de febrero de 2019, ante la Corte Nacional de Justicia que también fue declarado inadmisible, esta vez por no cumplir con los requisitos de admisibilidad exigidos por el artículo 656 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Entre 2015 y 2017, me procesaron por 5 casos bajo el tipo penal de secuestro. Desde ahí mi vida y la de mi familia cambió. Para no afectar a mi familia decidí ser prófugo de la justicia hasta 2020 cuando fui amnistiado por la Asamblea Nacional. 

Con la resolución de amnistía, se cerraron los cinco procesos penales en contra del señor Luis Manuel Morocho y se levantaron las órdenes de captura. Para mayo de 2020 aún no se había levantado la medida de prohibición de enajenar bienes. Y actualmente aún está vigente la prohibición de salida del país, pese a las órdenes de los jueces.

Alrededor de 30 denuncias en su contra

José Sarmiento Jiménez tiene 58 años de edad y es un juez indígena de la comunidad de San Pedro de Cañar, que funge como presidente del Consejo de Justicia Indígena del Alto Cañar. Él estuvo detenido por 3 años y 8 meses en el Centro de Rehabilitación Social Turi, en Cuenca.

En mi pueblo se ha venido ejerciendo la justicia indígena desde tiempos ancestrales. Recuerdo que mis abuelos ya se reunían para resolver los problemas internos de cada comunidad. Y cuando regresé de EE.UU, en el año 1992, fui vinculándome con las comunidades, vi las necesidades que había y comenzamos a organizarnos para hacer canales de riego, limpiezas de terrenos, cementar las casas o lo que se necesitase.  

Siempre me ha interesado que las comunidades y sus familias vivan en armonía, por eso en 2014, cuando formamos el Consejo de Justicia Indígena, las comunidades me nombraron presidente. 

En mi contra se presentaron alrededor de 30 denuncias, pero solo tres llegaron a sentencia, entre los que se me acusa de autor directo del delito de daño a bien ajeno en un hecho del 25 de mayo de 2015; autor directo de secuestro en un hecho del 16 de mayo de 2015 y nuevamente de autor de secuestro en otro hecho del 2 de septiembre de 2015. Estuve preso desde 16 diciembre de 2016 por estos procesos, a los cuales me vincularon por ejercer la justicia indígena y por ser el representante del Consejo de Justicia.

Cuando estuve preso, producto de la criminalización, mi familia se endeudó. Antes de este problema, le apoyaba a mi hija Jéssica para que termine su carrera de medicina, lastimosamente, por la falta de dinero, la preocupación de que su papá estaba en la cárcel y por ayudar a su mamá que se quedó sola, ella tuvo que abandonar sus estudios. Mi familia, la comunidad y yo, pasamos una de las etapas más difíciles y lamentables.

A pesar de que me preocupaba que los problemas crecieran en San Pedro de Cañar, en el CRS Turi comencé a trabajar, hacía artesanías y objetos de madera. Eso me ayudó bastante a que el tiempo pasara más rápido. Además, con la venta de estas artesanías, podía adquirir lo más básico, como un pan, ya que la comida ahí es escasa.

En mi estancia en la cárcel, no tuve problemas con mis compañeros; al menos, cuando me visitó la relatora de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (ONU), Victoria Tauli-Corpuz, en el 2018, la gente comenzó a conocerme más.

Aunque ya había pasado algún tiempo recluido en CRS Turi, no perdí la esperanza de que algún día, a través de la amnistía, podrían liberarnos. Y cuando supe que ya estaban debatiendo nuestros casos en la Asamblea Nacional fue una alegría enorme, porque sabía que nosotros no habíamos cometido ningún delito y que la verdad saldría a la luz muy pronto. 

Como dirigentes, aún tenemos miedo de ejercer nuestro derecho a la justicia indígena. Pero gracias a los talleres y reuniones que hemos tenido, nos estamos organizando de nuevo y fortaleciendo el Consejo de Justicia Indígena del Alto Cañar. Ahora mismo, ya estamos conociendo nuevos casos y realizando las asambleas de resolución de conflictos.  

Dentro de Ecuador existen las dos justicias, tanto la ordinaria como la indígena, y entre ambas debe existir un respeto de sus competencias. Lo que buscamos al ejercer nuestros derechos ancestrales es unión y armonía en las comunidades, haciendo lo justo, sin prisión y sin cobrar ningún dinero.

Es además, una de las nueve personas que posterior a la resolución de las amnistías aún tenía la prohibición de enajenar bienes. Y una de las seis personas que cancelaron al Registro de la Propiedad el monto de $21,00 por proceso para que las medidas impuestas en su contra sean levantadas. Además, se identificó que aún mantiene prohibición para salir del país.

El señor José Sarmiento es una de las personas que no pudieron ejercer su derecho al sufragio en las elecciones 2021 porque el Consejo Nacional Electoral no los había sumado al padrón electoral. Inclusive cuenta con una multa debido a no haber votado mientras estaba recluido en el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Sur “CRS-TURI” Zonal 6.

“Prácticamente me quedé en la calle”

Mi nombre es Sergio Roberto Paucar Huerta, tengo 49 años y fui el secretario del Consejo de Justicia Indígena de San Pedro de Cañar. Cuando vivía en la comunidad de San Pedro de Cañar me dedicaba al trabajo en el campo. Fui detenido el 25 de noviembre de 2015 mientras ordeñaba unas vacas, ese era uno de mis trabajos.

Ese día unas personas vestidas de civil se acercaron, yo no las conocía y empezaron a agredirnos a mí y a mi esposa. No entendía por qué me golpeaban, pero me detuvieron y dijeron que yo estaba acusado de secuestro y extorsión. Horas después comprendí que esto tenía que ver con la justicia indígena, porque quienes me detuvieron dijeron: “ustedes han sido una tarea de ladrones sinvergüenzas que pegan a la gente”.

Ese mismo día, yo tenía en mi bolsillo el dinero que cobraba cada quince días por entregar la leche, pero eso también se llevaron. Luego me trasladaron a la cárcel de Turi. Yo no lo sabía, pero tenía una orden de captura. 

Ante la justicia ordinaria fui declarado culpable del delito de secuestro por el incidente del 2 de septiembre de 2015, la pena que me impusieron fue de cinco años de privación de libertad. Posteriormente cumplí mi sentencia por medio de un régimen de rehabilitación abierto por lo que cada martes tenía que presentarme al Centro de Rehabilitación de Cañar desde las 08:00 hasta las 13:00 o sino me daban orden de captura.

Trato de ser fuerte, ante todo, pero por el delito que me sentenciaron, y los otros 23 procesos que siguieron en mi contra por el mismo tema, debí pagar más de $75.000 hasta ahora entre gastos de abogados, visitas de mi familia y los depósitos al economato del Centro de Privación de Libertad en el que estaba. Realizamos muchos préstamos y prácticamente me quedé en la calle. Tenía un poquito de dinero para construir mi casa, pero todo eso se me ha terminado porque injustamente los señores me pusieron denuncias por secuestro y extorsión. Mi esposa fue gravemente afectada en su salud, ella junto a mis 3 hijos sufrieron mucho. 

Sergio Paucar, exsecretario del Consejo de Justicia Indígena de Cañar, y José Sarmiento, presidente del Consejo, fueron acusados por los hechos ocurridos el 2 de septiembre de 2015, pese a que ese día se encontraban en sus casas alistando su viaje para Quito, sin embargo, fueron declarados culpables.

Para el 2020, Sergio Paucar se encontraba bajo un régimen semi abierto, es decir, desarrollaba su actividad fuera del centro de ejecución de penas de manera controlada por el Organismo Técnico.

Con la amnistía se cerraron los tres procesos con sentencia condenatoria que tenía. Para mayo de 2020, aún no se había levantado la medida cautelar de prohibición de enajenar bienes y aún sigue vigente la prohibición de salida del país pese a que los jueces ya lo ordenaron.

El señor Sergio Paucar, es una de las personas que no pudieron ejercer su derecho al sufragio en las elecciones 2021 porque el Consejo Nacional Electoral no los había sumado al padrón electoral. Cuenta que se acercó al Tribunal Electoral y le quisieron cobrar 624 dólares por los 4 años que estuvo privado de libertad y que no sufragó. 

“Me dijeron que necesito un certificado de Turi para que me quiten las multas”, cuenta Sergio y añade además que “hace 15 días me llegó una notificación de la Fiscalía. No sé qué está pasando, no tenemos la facilidad de juzgar en la justicia indígena porque ya luego nos notifican de la Fiscalía”.

“Juró que nos va matar, que los indios no valían un centavo”

Mi nombre es Galo Alejandro Mateus Rodríguez, tengo 49 años de edad. Fui sentenciado a 6 meses de privación de libertad y una multa de dos salarios básicos, por daño al bien ajeno ante la construcción de un camino vecinal. Esta denuncia fue planteada por mi tío Segundo Rodríguez. 

Todo comenzó cuando yo con la ayuda del teniente político abrimos un camino en el terreno familiar para que pueda ser accesible. Ante esta situación, mi tío, el señor Segundo Rodríguez cerró el camino y dañó mi cultivo de papas, diciendo incluso que esa producción era de él. Ante esto acudí a la justicia ordinaria y como mi tío señalaba que no recordaba nada, no prosperó el caso. Entonces, acudí a la justicia indígena.

Las autoridades indígenas solicitaron la presencia de mi tío, nos escucharon y la decisión fue sacar todos los palos que están en el camino y habilitar un camino vecinal. Se llegó a este acuerdo, pero el demandado, Segundo Manuel Rodríguez, no quiso firmar y juró que nos iba matar, que los indios no valían un centavo y que tenía el dinero suficiente para poder limpiar su nombre.

El 25 de mayo de 2015 con ayuda de la comunidad procedimos a habilitar el paso, pero ante esta situación mi tío decidió denunciarnos a Fiscalía por el delito de daño al bien ajeno. Todos los hijos del señor Segundo Manuel Rodríguez declararon en mi contra a pesar del parentesco (primos) que tenemos.  Fue así que fuimos sentenciados a 6 meses de prisión: Sergio Paucar (secretario) y José Sarmiento (presidente) y mi persona.

La persecución, las investigaciones y el juicio en mi contra han dejado secuelas terribles en mi persona. Tengo daños psicológicos y casi no podía dormir por la angustia que sentía de ser perseguido. Cuando veo a los policías siempre tengo nervios, miedo. Durante el tiempo que estuve en la clandestinidad no pude ver a mis hijos, no pude compartir los fines de semana con ellos. Esto fue una pesadilla.

Para el 2020, la  pena privativa de Galo Mateus fue declarada prescrita. Actualmente, el señor Mateus ya no practica su derecho colectivo a la justicia indígena.

«Durante el año y ocho meses que estuve detenida perdí todo lo que tenía»

Mi nombre es María Josefina Sotamba Padilla y tengo 62 años. Cuando vivía en la comunidad de San Pedro de Cañar me dedicaba al trabajo en el campo, me dedicaba a la agricultura, tenía unas pocas vaquitas porque mi marido es discapacitado y tiene un problema en la pierna y en la mano, él quedó inválido. Yo criaba gallinas y cuyes hasta que me detuvieron.

El 2 de septiembre de 2015 fue la fecha, que dicen que yo cometí el delito de secuestro y por eso el 20 de noviembre de 2018 fui sentenciada a cinco años de privación de la libertad por el supuesto delito de coautoría de secuestro. También debía pagar una multa económica de doce salarios básicos unificados del trabajador.

 Durante el año y ocho meses que estuve detenida perdí todo lo que tenía, por ejemplo el tiempo de trabajo con el ganaba unos centavos y tenía para vivir.

Sergio Romero, esposo de María Sotamba, recuerda que: “Antes trabajabamos juntos viendo nuestros animales, el ganado y sacábamos la leche. Tenemos seis hijos que ya son mayores, pero aún vivimos con tres nietos que crecieron junto a María. Ellos fueron muy afectados psicológicamente, toda la familia misma tiene daños psicológicos. Esto nunca nos había pasado, es la primera vez que caemos en estos problemas”.

Para el 2020, María Sotamba tenía dos procesos en su contra y se encontraba privada de libertad en el CRS Turi. Una vez que la resolución de la amnistía fue publicada en el Registro Oficial y con la orden del juez respectivo, recuperó su libertad. 

Actualmente, los procesos en su contra se cerraron y para mayo de 2021 aún se encontraba vigente la prohibición de enajenar bienes. 

La señora María Sotamba es una de las personas que no pudieron ejercer su derecho al sufragio en las elecciones 2021 porque el Consejo Nacional Electoral no los había sumado al padrón electoral. Asimismo, es una de las personas que se encuentran luchando para que el Estado ecuatoriano les reembolse el dinero en concepto de multas como parte de la pena en una de las sentencias condenatorias en su contra.

Adulto mayor privado de libertad

Luis Eduardo Calle Espinoza tiene 73 años, es decir, es un adulto mayor, razón por la cual pertenece a los grupos de atención prioritaria determinados en la Constitución. Él trabajaba en la agricultura y la ganadería. Debido a su edad tiene la presión alta, condición que complica su estado de salud y por ende su estado de vulnerabilidad, dice su hija Celia Calle.

Añade además que pese a que su padre no pertenece a San Pedro, sí forma parte del Consejo de Justicia Indígena de San Pedro, razón por la cual fue vinculado y sancionado por el delito de secuestro.

Cuando Luis Calle Espinoza fue enjuiciado, su esposa María Calle, adulta mayor, casi fallece. Su estado de salud se complicó porque sufre de trombocitopenia, enfermedad que provoca el decaimiento del número de plaquetas en la sangre. Además, el costo del tratamiento oscila entre los 500 y 600 dólares, lo cual dificulta su acceso dada la situación económica de la familia. Toda la familia de Luis Calle Espinoza ha sufrido un daño psicológico, comenta su hija, Celia Calle.

La pena impuesta a Luis Calle Espinoza fue de cinco años de privación de libertad y el pago de una multa de doce salarios básicos unificados del trabajador en general. Luis Calle Espinoza estuvo detenido en el Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas en conflicto con la ley, en Cañar, porque fue acusado del delito de autoría directa de secuestro en un hecho suscitado el 08 de marzo de 2015.

Él estuvo privado de libertad desde el 4 de febrero de 2018 hasta el viernes 7 de agosto de 2020, es decir, pasó dos años, seis meses y tres días en el Centro de Rehabilitación Social de Cañar.

Con la amnistía, se cerró el único proceso que había en su contra. Sin embargo, para mayo de 2021, aún estaba vigente la prohibición de enajenar bienes, por lo cual tuvo que cancelar $21,00 al Registro de la Propiedad de Cañar para que la medida fuera levantada, pese a la notificación del juez que se había dado en el 2020.

El señor Luis Eduardo Calle,  es una de las personas que no pudieron ejercer su derecho al sufragio en las elecciones 2021 porque el Consejo Nacional Electoral no los había sumado al padrón electoral.

No hizo nada, pero fue sentenciado

Mi nombre es Ángel Belisario Calle Calle y tengo 56 años de edad. Pese a que soy una persona con discapacidad fui sentenciado a una pena privativa de la libertad de cinco años y a pagar una multa de doce salarios básicos unificados. A mí me declararon culpable por el delito de autoría directa de secuestro que dicen fue cometido el 2 de septiembre de 2015.

Ángel Calle Calle se encontraba privado de libertad en el Centro de Rehabilitación Social Cañar desde el 8 de diciembre de 2018 hasta el 7 de agosto de 2020 cuando se publicó en el Registro Oficial la resolución de la Asamblea Nacional sobre la otorgación de las amnistías.

María Ana Sarmiento, esposa de don Ángel Calle, contó que: “Mi esposo sufre de discapacidad. El día de los hechos hacía una carrera para dejar a su hermana en una audiencia. Ella le había dicho que ‘hoy día van a ver a los abogados’. A él le vence la curiosidad y ese día que pasa esto, él solo estaba pasando por ahí, ni siquiera conocía a nadie. Como él es “baldadito” del brazo y la pierna, unas personas le dijeron “quítate de aquí que tú nada has de hacer. Él se retiró y no hizo nada. Injustamente fue que le sentenciaron y desde ahí hemos pagado dinero al abogado y para todos los trámites hasta quedarnos sin recursos.”

Ana Sarmiento añadió que “No tengo ningún oficio y tengo que darle estudio a mi hijito que está en la Universidad. Mi esposo nos mantenía y ahí si vino lo duro. No sabíamos qué hacer. Ahora, yo veo a los animalitos, así sobrevivo. De eso saco para mi hijo y para mi esposo. Si tuviera un oficio dijera este mes ya voy a cobrar y voy a tener para ellos; pero no, no tengo nada. Todo esto es injusto.”

Ángel Calle recuperó su libertad el 7 de agosto de 2020 una vez que fue publicada la resolución de la Asamblea Nacional en el Registro Oficial. Al momento de su salida comentó que  ahora que está libre, es feliz y estará en la casa con su familia. 

Actualmente, el único proceso en contra del señor Ángel Belisario Calle fue archivado. 

Es además, una de las personas que no pudieron ejercer su derecho al sufragio en las elecciones 2021 porque el Consejo Nacional Electoral no los había sumado al padrón electoral.

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Asimismo, Héctor Tamay, Luis Chimborazo, Zoila Espinoza, María Tenezaca, Víctor Espinoza, Manuel de Jesús Romero, María Tenelema, Blanca Teresa Tenezaca y María Romero, recibieron la amnistía de la Asamblea Nacional el 30 de julio de 2020.

Texto e investigación: Luisa  María Villacís, María Caridad Villacís y Paúl Pullupaxi

Edición: Yuli Gaona Cárdenas

Línea de tiempo: Apxel Rogel

Imágenes: María Caridad Villacís