Uso abuso del derecho penal como mecanismo para criminalizar o disuadir el derecho a la resistencia, la movilización y protesta social
Denunciamos ante los Organismos Internacionales de Derechos Humanos el uso indebido del derecho penal para criminalizar o disuadir el derecho a la resistencia, la movilización y protesta social en Ecuador. Hacemos un llamado a la Función Judicial, la Fiscalía General del Estado, a la Defensoría del Pueblo y los Organismos Internacionales de Derechos Humanos sobre la falta de aplicación del principio de mínima intervención del derecho penal, generando a través de este uso desproporcional, criminalización de actos, limitación del ejercicio del derecho a resistir, evitar
movilizaciones y por ende la protesta social.
De manera particular, hacemos un llamado sobre la determinación del Ejecutivo y posteriormente de la Fiscalía General para dar inicio a una investigación previa sobre declaraciones emitidas por el dirigente indígena Jaime Vargas, mismas que deben ser consideradas en su contexto integral y en observancia de la Constitución de la República del Ecuador que en su artículo primero consagra:
“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”.
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