San Lorenzo, 4 de Abril del 2020
Los pobladores de las comunidades Minas Viejas, Las Ceibas, Durango, San Francisco de Bogotá, Santa Rita, cantón San Lorenzo, zona norte de la provincia de Esmeraldas, denuncian que sus ríos, únicas fuentes hídricas de las que dependen para actividades sanitarias y alimenticias, están siendo contaminados por las actividades mineras, que se han intensificado durante la declaratoria de emergencia sanitaria. La situación es aún más crítica para estas comunidades que carecen de agua potable o apta para el consumo humano, pues, en medio de la cuarentena, los tanqueros no llegan a proveerles de agua limpia. Pese a que estos hechos ya han sido denunciados de manera pública y reiterada, a la fecha, no se registra ninguna acción de control por parte de autoridades competentes.
La denuncia se sustenta en actividades de Monitoreo comunitario, realizadas los días 19 de febrero y 25 de marzo de 2020, en los territorios de las mencionadas comunidades. Ahí, se constató y evidenció que frentes mineros están aprovechándose del momento de la cuarentena por el COVID19 y han intensificando la explotación de oro. Cabe recalcar que, desde la ampliación de las medidas cautelares Nº 08256-2011-0058 de 2011, en agosto de 2018, otorgadas por el Juzgado Multicompetente de San Lorenzo, se determinó que toda la minería -legal e ilegal- está prohibida en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro. Esto, debido a que el 80% de los ríos de estas zonas están contaminados con metales pesados y substancias tóxicas provenientes de la actividad minera, sin que, hasta el momento, se haya determinado los efectos en la salud de las poblaciones y los ecosistemas. Constituyéndose, entonces, los impactos causados por esta explotación aurífera en una violación a los derechos humanos y de la naturaleza.
En el actual contexto, esta situación se reviste de especial preocupación para la comunidad indígena Chachi de LAS CEIBAS, parroquia Ricaurte, pues, además de la contaminación de sus fuentes de agua, el ingreso de mineros supone un grave riesgo de propagación del COVID19. En la comunidad de MINAS VIEJAS, ubicado en la misma parroquia, los frentes mineros realizan sus actividades de minería de manera agresiva, especialmente, al derramar sus aguas residuales o turbias directamente al río Tululbi.
En el estero San José, de la comunidad anteriormente referida, que está ubicado a 1km antes del Poblado de Minas Viejas, que desemboca al rio Tululbí, la situación es aún más crítica, evidenciada en el aumento de contaminación en el estero y la turbidez del mismo. Esta actividad minera se encuentra operando en el sector denominada Río Trompa Mocha, parroquia Ricaurte.
El Estero Durango, parte alta de la comunidad de San Francisco de Bogotá, parroquia Santa Rita, que desemboca en el río Bogotá, también está siendo contaminado por la actividad minera que se desarrolla en el sector del Valle de la Virgen. Las aguas turbias son vertidas directamente al mencionado estero. Esto, como han evidenciado los pobladores, deriva en contaminación de las aguas de los ríos que utilizan los pobladores de las comunidades asentadas junto a este afluente.
Por estas razones, la contaminación que se observa en el río Tululbí, parroquia Ricaurte, a causa de la actividad minera, afecta directamente a las comunidades de Minas Viejas, las Ceibas, Guayabal, Comunidad Providencia de Dios, Ricaurte, Calderón, La Boca y demás comunidades y recintos que se ubican junto a los ríos. Estas comunidades no cuentan con agua potable, y necesitan de sus ríos limpios y cristalinos para sobrevivir y usar sus aguas para sus actividades cotidianas.
Asimismo, la contaminación que sufre el Río Bogotá, relacionada también con la actividad minera, afecta a los pobladores de las comunidades de San Francisco de Bogotá, Santa Rita, Carondelet, Concepción. El monitoreo comunitario del 26 de marzo fue reconfirmado el 1 de abril por los pobladores locales, quienes, mediante llamada telefónica, informaron que hasta esa fecha, los frentes mineros aún continuaban actuando cerca de los ríos antes mencionados, derramando las aguas residuales a los ríos y deteriorando la salud de todos los pobladores de la zona.
Las organizaciones que firmamos esta DENUNCIA PÚBLICA reiteramos que la permanencia de frentes mineros en las comunidades referidas no sólo significa contaminación de sus fuentes de agua, sino también representa una amenaza a la salud de la población. Los operarios podrían estar contagiados y la enfermedad podría alcanzar a poblaciones extremadamente vulnerables. En efecto, resulta de público conocimiento que la destrucción de los ecosistemas (producto de la extracción ilimitada, ilegal e ilegítima de recursos naturales no renovables); y la movilidad no controlada de terceros, en desconocimiento de disposiciones administrativas y sanitarias de aislamiento social, son determinantes en la propagación de agentes patógenos y la expansion de epidemias y enfermedades.
Iván Proaño, miembro de REDCONE y Agente pastoral, compartió la denuncia a la alcaldía de San Lorenzo. Sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna de las autoridades correspondientes. Los hechos aquí detallados deben entenderse por las autoridades de control y por la Fiscalía como una DENUNCIA PÚBLICA, lo que significa que deben iniciar de oficio y sin ninguna dilación las acciones de control, investigación y sanción correspondientes.
Por su parte, el COE Nacional y Provincial deben tomar las medidas necesarias, urgentes y concertadas con las autoridades comunitarias, para atenderlas en lo que corresponda con medidas humanitarias, de información y respuesta relativas al COVID19.