Pobladores de San Francisco de Cononaco, Orellana, denuncian posible caso de Covid-19 en un trabajador del bloque petrolero 61, operado por Petroamazonas EP. La preocupación de la comunidad aumentó al conocer que este trabajador, a quien le habrían realizado dos pruebas con resultado positivos, realizó una fiesta en el sector, a la que asistió personal de la Estación de Monitoreo de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane, territorio de pueblos indígenas en aislamiento.
Debemos recordar que la Nacionalidad Waorani, organizada a través de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana y la filial provincial en Pastaza (CONCONAWEP), en días pasados, advirtió del contagio de COVID-19 de trabajadores del bloque 16, en Pompeya, en la misma provincia.
Esta confirmación y la presente denuncia ratifican que las actividades extractivas, en este caso las petroleras, en la región Amazónica son un riesgo inminente para las comunidades indígenas y campesinas en el área de influencia de estos proyectos. Es más grave aún que este tipo de casos se den en zonas aledañas al territorio de los Pueblos en Aislamiento Voluntario, grupo poblacional que no cuenta con una memoria inmunológica para enfrentar el COVID-19.
La rotación de personas ajenas a las comunidades es constante y los protocolos de protección a la población indígena dentro de las comunidades en las que se encuentran bloques petroleros u otras empresas extractivas es inexistente. Esto, sumado a las insuficientes pruebas aplicadas en la región amazónica y a la saturación de los laboratorios en procesar las escasas pruebas de detección realizadas, reitera que no hay condiciones para pasar del aislamiento obligatorio al distanciamiento.
Adicionalmente, preocupa el manejo poco transparente del Estado en relación a los casos de COVID-19 presentados en campos petroleros. Lo cual nos permite deducir que se intenta proyectar una falsa imagen de estabilidad y seguridad dentro del sector petrolero, cuando, por el contrario, esta Alianza ha recibido denuncias por una nula aplicación de protocolos pertinentes encaminados a proteger a las poblaciones aledañas.
Así, como Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos exigimos al Estado:
- Mantener la semaforización roja en la región Amazónica y establecer protocolos especiales en zonas sensibles como son los territorios indígenas, así como el respectivo control frente al sobre el ingreso de terceros para cometer ilícitos ambientales, tales como el tráfico de madera.
- Poner especial cuidado a la zona referida en esta denuncia, pues este lugar es un punto de tránsito de varias personas que pertenecen a la nacionalidad Waorani y de familias que se desplazan por el río Shiripuno hacia sus comunidades ubicadas en la Zona Intangible.
- Verificar de forma constante que las empresas REPSOL, PETROAMAZONAS, PETROECUADOR y otras empresas petroleras que están en la zona y sus contratistas hayan implementado y ejecuten protocolos de bioprotección relacionados con el COVID-19, especialmente respecto de sus trabajadores que realizan actividades rotativas.
- Establecer un mecanismo de comunicación directo y oportuno con la dirigencia de la Nacionalidad Waorani, con el fin de establecer en conjunto medidas de prevención de la propagación del COVID-19, así como la dotación de alimentos y servicios de salud.