Las organizaciones que integramos la Alianza por los Derechos Humanos expresamos nuestra preocupación y alertamos al Gobierno Nacional sobre el uso desproporcionado de la fuerza, ejercido por miembros pertenecientes a la Policía Nacional y al Ejército durante el control de las disposiciones dictaminadas para el período de cuarentena, atentando contra la integridad física y sicológica de las personas.
Tenemos conocimiento de un nuevo caso, ocurrido el 28 de abril, que fue grabado en video por el ciudadano Estharlei P., habitante del Recinto Limón, del cantón Muisne, ubicado en la provincia de Esmeraldas. Este video muestra cómo cuatro policías y seis militares persiguen por varios minutos al ciudadano Galo P., de 29 años, hasta un terreno de propiedad privada. Este hecho se dio alrededor de las 17:00 cuando el joven se encontraba junto con otras tres personas en una cancha, cercana a la comunidad.
Una vez que Galo P. es alcanzado por miembros de la unidad de infantería del Ejército y por elementos del UPC de Chamanga de la Policía Nacional, se observa que es interceptado y golpeado con toletes por 10 miembros de la fuerza pública, incluso luego de permanecer inmóvil en el suelo. Estas acciones dejan de lado los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
Este hecho, que cabe recalcar, no lo produjo el ciudadano Galo P., ya que en ningún momento opuso resistencia o agredió a los miembros de la fuerza pública, le ocasionó heridas y moretones en el cuerpo y la cabeza.
Instamos nuevamente a las autoridades de la fuerza pública y gobierno en general a cumplir con el art. 158 de la Constitución de la República del Ecuador que indica:
Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico.
Dentro del marco que exime la ley para el cumplimiento de las responsabilidades que tiene la fuerza pública para precautelar el orden, en especial en este estado de excepción, y los pronunciamientos efectuados el pasado mes de abril por parte del Comandante General de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, exigimos a las autoridades que se cumplan estrictamente los procedimientos para el uso progresivo de la fuerza. De igual manera, entendemos la labor que se requiere para hacer cumplir las disposiciones de control para precautelar la seguridad de los y las habitantes, sobre todo, en relación a la propagación del COVID-19. Sin embargo, éstas deben estar enmarcadas en el respeto irrestricto a los derechos humanos, el cuidado a la integridad física y dignidad de las personas.
Asimismo, recordamos a quienes hacen uso de la fuerza pública que de acuerdo con el art. 166 de la Constitución “las servidoras y servidores públicos serán responsables por cualquier abuso cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción”. En ese sentido, como organizaciones de derechos humanos, exigimos que se esclarezcan los hechos, se tomen medidas correctivas y de no repetición en cuanto a ubicar a las personas responsables de estos actos de vulneración en contra de la integridad de los y las habitantes de la comunidad Limón o de cualquier otro sector del país.
