Hoy se cumple un mes del segundo desalojo en Tundayme

“Estamos sin casa, sin tierras ni siquiera sabemos dónde están nuestros animalitos”, dice Luis Sánchez, un hombre de la tercera edad que fue desalojado hace un mes por la empresa Ecuacorriente S.A y la Policía, en la parroquia de Tundayme, cantón El Pangui, provincia Zamora Chinchipe.

En este lugar se encuentra el proyecto minero Mirador que es la primera concesión de minería a cielo abierto de cobre y otros minerales en el país. 

Hoy, 15 de enero de 2016, se cumple un mes del segundo desalojo ejecutado por la empresa minera china y 3 meses, 15 días del primer desplazamiento forzado ocurrido el pasado 30 de septiembre del año pasado. Producto de los dos desalojos más de 30 familias se encuentran al momento sin casa ni territorio para cultivar y cuidar sus animales.

La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) mediante varios comunicados ha señalado que las familias desplazadas han sido reubicadas. Sin embargo, este pronunciamiento se aleja de la realidad pues a la fecha las personas desalojadas viven con sus familiares o amigos. Además, denuncian que personal de la empresa tiene bajo su custodia los enseres y ganado de los comuneros.

Según la Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), los desalojos de la zona son ilegales ya que para extraer los recursos naturales se debió realizar una consulta previa, libre e informada a la comunidad. Al no darse la consulta, la concesión y firma del contrato de explotación minera es inconstitucional.

En la Constitución ecuatoriana desde el 2008 se reconoce el derecho a la consulta y no solo a comunidades indígenas (Art. 57 núm. 7 CRE) , sino a todo tipo de comunidad conocida como consulta ambiental, conforme lo señala el Art. 398 de la Constitución ecuatoriana.

También, en la Carta Magna, artículo 57, numeral 11, se señala que los desplazamientos de las comunidades indígenas se encuentran prohibidos: las comunidades tienen derecho “a no ser desplazado de sus tierras ancestrales”.

Los desalojos forzados ocurridos en la zona fueron denunciados en la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional y en la Defensoría del Pueblo. Hasta el momento, la subcomisión creada por la Comisión no ha presentado su informe sobre la visita insitú que realizó en la zona, el pasado 6 de noviembre del año anterior.

Mientras, la Defensoría del Pueblo hasta ahora no ha realizado la visita insitú a Tundayme, esto pese a que en la reunión mantenida con los comuneros   el 30 de octubre de 2015, Cascomi indicó la urgencia de la visita.

El 21 de diciembre del año pasado se inauguró el Proyecto Mirador y se prevé que varias familias más serán desalojadas.

El 7 de enero de 2016, alrededor de las 10:00, Rosario Wari, anciana shuar de 107 años, recibió la visita de dos trabajadores de Ecuacorriente S.A: Jorge Miño, quien se presentó como relacionador comunitario, y Arcángel Juep. Ambos habrían advertido a la anciana y a su hijo Mariano Mashendo que deben desocupar el lugar en el que viven.

Hace 13 años, la familia Ware ya fue desalojada del barrio San Marcos, Tundayme, por la empresa minera ahora una vez más la empresa quiere desplazarlos de su hogar que se encuentra a 3k del río Tundaymi, lugar que los acogió luego del desalojo.

El proyecto tiene una extensión total de aproximadamente 6000 hectáreas (sumadas las áreas de operaciones mineras, actividades relacionadas y áreas de protección), se realizará un tajo de 1.25 km de profundidad y se estima de reservas estimadas en 4738 millones de libras.