En la Consulta Regional con la Sociedad Civil, convocada por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de reunión y de asociación, Clement Voule, participaron 15 organizaciones de derechos humanos de América Latina y el Caribe, las cuales hablaron de factores en común que cometen los agentes policiales y funcionarios públicos al momento de responder o contener una protesta pacífica.
El proceso se desarrolló el pasado 19 de abril de 2023, en Santiago de Chile, y duró 10 horas. Representantes de de Chile, Cuba, Venezuela, Argentina, Bolivia, Perú, Brasil, Ecuador, Guatemala y México, además de la colaboración de Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), analizaron temas como el uso letal de armas de disuasión masiva; el uso de espionaje digital; persecución judicial a las personas que protestan; la falta de confianza en los cuerpo policiales, la violencia, y la polarización.
Los resultados de estas mesas de trabajo ayudarán al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de reunión y de asociación, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a desarrollar instrumentos técnicos y prácticos específicos basados en las normas internacionales y las mejores prácticas para ayudar a los agentes del orden a promover y proteger los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas.
Esta iniciativa nace desde el Consejo de Derechos Humanos, que en su 50° período de sesiones en julio de 2022, adoptó la Resolución 50/21, expresa su profunda preocupación por las numerosas violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales y no estatales en el contexto de manifestaciones pacíficas.
La metodología para desarrollar estos instrumentos técnicos y prácticos se basó en responder a una serie de puntos en las cuales se ubique ejemplos puntuales y positivos en los cuales las fuerzas del orden facilitaron, garantizaron y protegieron el ejercicio de la protesta social. No obstante, al momento de traer esas ideas al contexto latinoamericano el enfoque se centró en las numerosas tácticas y estrategias que usa la policía para criminalizar la protesta social.
Asimismo, se desarrollaron puntos focales que la policía debe trabajar para garantizar el ejercicio de la manifestación social de manera pacífica y, sobre todo, para no vulnerar los derechos humanos de las personas que protestan. Con estos insumos, trabajados desde las organizaciones de la sociedad civil, el relator Clement Voule mencionó que también se reunirán con las fuerzas de seguridad de los distintos países latinoamericanos.
Se prevé que estos instrumentos se presenten en el próximo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en 2024.