Con posterioridad a que se hiciera la denuncia pública de estos hechos, el pasado 5 de mayo de 2023 varias personas incursionaron ilegalmente en la vivienda de la madre de la abogada, ubicada en la ciudad de Sogamoso, departamento de Boyacá. De acuerdo con los videos de seguridad, el método de ingreso fue similar, sin hurto de elementos valiosos y con revisión minuciosa de los elementos personales de la madre de Soraya Gutiérrez.
Por el desarrollo de estos hechos en contra de la abogada y de su familia, se evidencia que los objetivos de este hostigamiento eran la sustracción de información y la transmisión del mensaje de que pueden ingresar a su espacio privado y el de su familia. Ese evento criminal ocurre en un momento crítico, cuando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó proteger la información sobre los archivos de inteligencia y contrainteligencia de la extinta Brigada XX del Ejército de Colombia, unidad militar que se vio involucrada en graves violaciones a los derechos humanos desde su creación en la década del 70 hasta su disolución en 1998. Esta decisión de la JEP se tomó tras la petición de la abogada Soraya Gutíerrez y la de su colega, Yessika Hoyos Morales, abogada que el año pasado también sufrió una intrusión ilegal en su domicilio.
Estos ataques contra la abogada Soraya Gutíerrez se produjeron días antes de que los magistrados de la JEP, Alejandro Ramelli y Hugo Escobar, recibieran amenazas contra su vida. Estos funcionarios adelantan procesos judiciales contra militares por ejecuciones extrajudiciales cometidas contra la población civil, macrocaso en el que CAJAR actúa también en representación de víctimas. Estas agresiones a representantes de víctimas y a jueces buscan generar un clima de temor entre quienes llevan sus casos ante la JEP.
La abogada Soraya Gutiérrez es la vicepresidenta del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR),organización integrante de la Federación internacional por los derechos humanos (FIDH) y la Organización mundial contra la tortura (OMCT). Durante su trayectoria profesional ha sido representante de víctimas de graves crímenes atribuibles a fuerzas de seguridad del Estado colombiano. Actualmente, es vocera de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU) y delegada por las plataformas de derechos humanos colombianas a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, instancia encargada de formular una política pública de desmantelamiento de los grupos sucesores del paramilitarismo y sus redes de apoyo. Precisamente, este ataque se da en el momento en que la abogada Soraya Gutiérrez se encuentra trabajando un proyecto en esta instancia sobre desmantelamiento del paramilitarismo.
Las autoridades colombianas tienen la obligación de proteger la vida, integridad física y sicológica, e intimidad personal de la abogada Soraya Gutiérrez y la de su familia. También deben garantizar el ejercicio pleno de la defensa de derechos humanos en Colombia. Para esto, se requiere que cesen los ataques contra las personas defensoras, y estos deben ser investigados y sancionados adecuadamente por los jueces competentes.
Este ataque contra Soraya Gutiérrez no es el primero. A lo largo de su trayectoria, ha sido víctima de atentados contra su vida e integridad personal, actos de tortura psicológica y hechos de hostigamiento que han involucrado agentes de seguridad del Estado colombiano, algunos de estos condenados penalmente. Otros y otras integrantes del CAJAR también han sufrido distintos ataques desde la fundación de la organización. Por esta razón, en 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó medidas cautelares a su favor. Y, desde 2020, se adelanta un caso judicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por estos ataques.