Personas detenidas en las instalaciones de la Asamblea Nacional. Foto: Conaie
9 de octubre de 2019
Denunciamos públicamente que el día de ayer, 8 de octubre de 2019, durante las acciones de movilización y protesta de miles de personas en la ciudad de Quito, especialmente del Movimiento Indígena, 83 personas, hombres y mujeres, incluido adolescentes, se encuentran irregularmente detenidas en el cuartel policial del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional en Pomasqui.
Las organizaciones de derechos humanos que suscribimos esta alerta, hemos recabado información de diversas fuentes y se ha verificado que las 83 personas fueron detenidas en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, aproximadamente a las 13 horas, durante un momento álgido y desmedido de uso de la fuerza pública y represión, habrían permanecido detenidos en el subsuelo de la Asamblea Nacional alrededor de siete horas y, con el inicio del toque de queda impuesto por el Decreto Ejecutivo No. 888 habrían sido trasladados en buses hasta el GIR en Pomasqui, donde aún permanecen detenidos.
La detención se ha tornado irregular, por producirse en un cuartel policial en las afueras de la ciudad y no haber sido conducidos a la Unidad Judicial de Flagrancia de Pichincha, ubicada en la avenida Patria y 9 de Octubre, a escasas cuadras de la Asamblea Nacional del Ecuador. También denunciamos que en la Unidad Judicial de Flagrancia de Pichincha, los jueces de turno de la noche y madrugada, se negaron a recibir una acción constitucional de hábeas corpus que intentaron presentar abogadas defensores de derechos humanos presentes durante toda la noche en dicha Unidad.
Denunciamos esta irregular detención que vulnera gravemente los derechos de acceso a la justicia y del debido proceso, especialmente los derechos a que sean informados del motivo de su detención, a comunicarse con sus abogados de preferencia (públicos o privados) así como con sus familiares, la prohibición de incomunicación y a estar detenidos en lugares no autorizados para el efecto, tal como reconocen los artículos 75 y 77 de la Constitución.
Finalmente alertamos sobre el riesgo de que se puedan producir malos tratos, crueles inhumanos y degradantes durante su detención, como ya se verificó en las detenciones realizadas entre el 3 y el 6 de octubre de 2019, y exigimos que se eviten realizar de audiencias de calificación de flagrancia en lugares distintos a los autorizados y sin garantías al derecho a la defensa de estas personas.