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11 de octubre de 2019
El 10 de octubre de 2019, la organización Idea Dignidad logró presentar una demanda de medidas cautelares urgentes de acuerdo con la Constitución. Esta fue recibida en la Unidad Judicial de Garantías penales con competencia en Infracciones Flagrantes con sede en la Parroquia de la Mariscal del Cantón Quito, a las 19h37.
Concretamente se solicitó: 1. Se dicte una medida cautelar que ordene a las autoridades señaladas cumplir estrictamente con lo dispuesto por los dos dictámenes de la Corte Constitucional señalados anteriormente y, en consecuencia, suspender el uso ilegal, arbitrario y/o desproporcionado de la fuerza en contra de población civil.
- Se dicte una medida cautelar que disponga expresamente que la policía nacional y las fuerzas armadas cesen y se abstengan de utilizar la fuerza en contra de “zonas humanitarias de paz”, en todo momento, de ser necesario marcar un territorio en que no porten armas de fuego ni gas.
- Se dicte una medida cautelar que prohíba a las fuerzas armadas y/o policiales utilizar armas letales en contra de la población civil en ejercicio de su derecho a la protesta.
- Se retire el comunicado del Comando Conjunto de las fuerzas armadas la declaración de “no responsabilidad de las fuerzas Armadas” y que por el contrario se comunique que se sancionará a quienes incumplan con la normativa y violen derechos humanos. Estando a pocas horas de que se cumpla el tiempo establecido en las normas correspondientes y habida cuenta de la escalada de represión del día de hoy en contra personas reunidas pacíficamente en los alrededores de la Asamblea Nacional, instamos a las autoridades correspondientes a resolver en los plazos establecidos en las normas legales pertinentes (24 horas). Recordamos que de acuerdo con la Constitución, el Estado será́ responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva así como por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. También recordamos a las autoridades correspondientes su responsabilidad civil, penal y administrativa por acciones u omisiones que violen el ejercicio de los derechos humanos.