Entre septiembre y octubre de 2025, en el contexto de las movilizaciones sociales a nivel nacional, pueblos y nacionalidades indígenas, sectores populares y defensores de derechos humanos enfrentaron una respuesta estatal marcada por el uso desproporcionado de la fuerza, la criminalización de la protesta y la estigmatización discursiva.
Este análisis documenta vulneraciones de derechos humanos, recoge testimonios de personas afectadas, comunidades movilizadas y defensores de derechos humanos, y presenta un análisis jurídico que evidencia patrones de detenciones arbitrarias, persecución judicial, ataques a personal de salud, restricciones a la comunicación y posibles ejecuciones extrajudiciales, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos.
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