Este jueves, 3 de mayo de 2018, a las 14:00, se instalará la audiencia de formulación de cargos por el delito de secuestro en contra de 5 autoridades indígenas que administraron justicia en la ciudad de Cañar, provincia de Cañar.
La audiencia se desarrollará en la Unidad Judicial Multicompetente Penal del cantón Cañar para los procesados José Sarmiento; de 58 años; Sergio Roberto Paucar, de 47 años; María Santos Murudumbay, Carlos Olmedo Allaicu y Jaime Naranjo. Los dos primeros se encuentran privados de la libertad en el Centro de Rehabilitación Social Turi hace 18 y 28 meses, respectivamente[1].
Las autoridades indígenas resolvieron conflictos de tierras, cuatrerismo y pandillas juveniles en la zona. Por esta razón fueron acusados de secuestro, comenta Gloria Sarmiento, esposa de José.
“Pido justicia para mi esposo y para todos. No hicieron nada malo, solo resolvieron los conflictos de la comunidad de San Pedro –dice Gloria. Son gente humilde y buena”.
También dice que sus hijos extrañan a su padre y que ella trabaja en la tierra y con el ganado para sustentar a su familia, pero no le alcanza.
Para Nelson Atupaña, asesor legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), esta audiencia evidencia el desconocimiento que tienen las autoridades ordinarias en el ejercicio de la administración de la justicia indígena realizadas por sus autoridades para solucionar los conflictos que se generan dentro de las comunidades.
Además, asegura que se sigue vulnerando el reconocimiento constitucional de jurisdicción y competencia a favor de las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, garantizado y reconocido en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos en materia e pueblos indígenas.
“La Constitución del año 2008 reconoce el ejercicio pleno de la justicia indígena y puso en vigencia el pluralismo jurídico en el Ecuador –dice Atupaña-, es decir, que en el país se reconoce la existencia de dos o más sistemas jurídicos. Por lo que, los operadores de justicia ordinaria tiene un mandato ineludible e impostergable de desarrollar en progresivo y no regresivo los sistemas de justicia indígena”.
[1] Está sentencia la cumplen dentro de la condena de 5 años de prisión en otro proceso que enfrentan por el delito de secuestro extorsivo dentro del juicio Nº. 03282-2015-00181.
