El 22 de octubre de 2026 se registró un nuevo episodio de violencia carcelaria en Ecuador: al menos ocho personas privadas de libertad murieron y alrededor de diez resultaron heridas en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi N.º 1 (la llamada Megacárcel de Latacunga) y en el Centro de Privación Provisional de Libertad Pichincha N.º 1 (cárcel de El Inca, en Quito), según fuentes oficiales.1
Estos hechos no son nuevos, y es que la historia de Ecuador registra múltiples episodios de masacres carcelarias. Desde 2021, somos el país con el pico más alto de personas asesinadas dentro de este contexto, en el que, al menos 20 masacres carcelarias suscitadas hasta el 2025, han reportado 553 víctimas. De esta última cifra, 293 personas fallecieron en las masacres ocurridas en el 2021 convirtiéndolo en el año más letal.2
Sin embargo, las masacres son solo una parte de toda la problemática alrededor de las personas privadas de libertad. La investigación “Encerrados para morir” publicada en el año 2026 por Connectas y Tierra de Nadie, documentó al menos 1.220 muertes en las cárceles durante 2025. Estas muertes se dieron en un contexto marcado por la declaratoria de conflicto armado interno1, la militarización de las prisiones y recientemente por un brote de tuberculosis como lo refleja la siguiente tabla:

Tabla tomada de la Investigación “Encerrados para morir”4
Durante el 2026 se han denunciado otros episodios de violencia al interior de las cárceles que han sido asumidos por el gobierno como hechos aislados y, en muchos casos, ni siquiera ha emitido pronunciamiento oficial alguno.
Situación actual de las cárceles ecuatorianas:
Ecuador con más de 35 centros de privación de libertad1. El censo penitenciario presentado en junio de 2026 registró 38.179 personas privadas de libertad y un hacinamiento del 36,4%.2 La cifra siguió creciendo: hasta septiembre, el SNAI reportaba 39.367 personas en un sistema con capacidad para unas 27.631, es decir, un hacinamiento del 42,47 %, el más alto de los últimos años según cifras oficiales.3 Cerca del 40% de esta población no tiene sentencia.4
Esta situación responde a la política securitista implementadas por el actual gobierno y a un discurso que puede leerse desde la necropolítica, esto es, el poder es el que decide quien puede vivir y quien debe morir.5 Se ha construido la figura de un “otro” peligroso y sin valor para la sociedad, cuya eliminación resulta tolerable.
El discurso ha funcionado y a la sociedad ha dejado de importarle. Hoy en día, se ha llegado a normalizar las masacres carcelarias o las muertes sin explicación como una forma de “limpieza social”, sin exigir respuestas al Estado y mucho menos el cumplimiento de las obligaciones. Así, las personas privadas de libertad siguen muriendo bajo custodia estatal y ante su silencio.
El 14 de julio de 2026, mediante el Decreto Ejecutivo 448, el Gobierno declaró el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 como política pública de aplicación nacional. Entre una de las estrategias previstas por este Plan para enfrentar la crisis carcelaria, está la Ley para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, la cual, según el gobierno generaría mecanismos para financiar la gestión que requiere la intervención de las fuerzas del orden dentro de toda la crisis nacional.1
El mismo documento reconoce además que la crisis carcelaria tiene su origen en el hacinamiento, la violencia intracarcelaria sostenida y la debilidad institucional para el control y la rehabilitación efectiva2. Además, encarga al Ministerio de Gobierno la seguridad carcelaria – eso sí – “con un apego estricto a los derechos humanos”. Junto a esto, prevé impulsar la reforma integral del sistema penitenciario hasta 2026 y que, para 2027, sea el SNAI la institución que asuma la seguridad de las cárceles que, hoy, están en manos de las Fueras Armadas.3
Aunque esta política pública presenta a las fuerzas del orden como indispensables para la seguridad penitenciaria, su presencia en las cárceles se ha asociado a múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos que no han sido atendidas. Además, el Plan no establece medidas concretas frente a las causas que identifica: el hacinamiento, la violencia intracarcelaria sostenida y la debilidad institucional. Al contrario, se han adoptado medidas que las agravan.
Respecto del hacinamiento:
El Estado respondió con la creación una nueva cárcel de máxima seguridad, la denominada “Cárcel del Encuentro”, con una capacidad para albergar a 800 personas privadas de la libertad aproximadamente1, con un costo de 52,2 millones de dólares2. Esto ocurre cuando el hacinamiento actual es de 42, 33%, es decir casi 12.000 PPLs por encima del límite que las 35 cárceles de este país pueden albergar.
Sumado a ello, existe un uso excesivo de la prisión preventiva generando que el número de personas sin sentencia, que se encuentran al interior de una cárcel, aumente. Para acceder a responder a un proceso en libertad o a beneficios penitenciarios como usar un grillete electrónico – como garantía de control por parte del SNAI – los requisitos procedimentales son imposibles de asumir desde el encierro, por lo que necesariamente se necesita de una red de apoyo externa.
El grillete electrónico, introducido en 2017 precisamente para reducir el uso de la prisión preventiva, funciona hoy bajo una lógica de alquiler. Las personas deben pagar alrededor de USD 238,74 mensuales por el uso y mantenimiento del dispositivo, con un pago anticipado de al menos seis meses: más de USD 1.400 de entrada.1 Según el propio ministro del Interior, quien no pueda pagarlo permanecerá en prisión.2 Así, la libertad durante el proceso queda condicionada a la capacidad económica.
Respecto de la violencia intracarcelaria sostenida:
Pese a la vigencia del Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, las muertes violentas y las masacres continúan. Cabe preguntarse: ¿el Estado no puede o no quiere resolver la crisis? Ambas respuestas son igual de graves. El Estado tiene una posición especial de garante frente a las personas bajo su custodia, y su incumplimiento refleja un abandono de sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar sus derechos.
El 23 de octubre el Ministro del interior, John Reimberg afirmó que las cárceles “están destruidas” y que en cada operativo se encuentra armamento. Como respuesta anunció una nueva cárcel para unas 15.000 personas, con los mismos controles que El Encuentro, que estaría lista en “15 o 16 meses”.1 Sin embargo, la misma promesa se repite desde enero de 2026 con plazos que no se acortan. A ello se suma que el Estado proyecta hasta 3.000 nuevas personas presas por año y que, solo entre enero y octubre, se detuvo a más de 61.000 personas.2
De dichas declaraciones nacen nuevas interrogantes ¿Cuántas cárceles tendrán que construir para trasladar al 42,47% de PPLs que se encuentran en hacinamiento? ¿Además de los cientos de personas que se siguen deteniendo bajo las políticas securitistas poco efectivas que emplean? ¿Cuánto tardará en llegar un control, bajo el entendimiento del gobierno, si la cárcel del encuentro tardó aproximadamente 16 meses en estar lista y alberga a 800 PPLs, cuando el hacinamiento es de más de 12.000 personas? Si las cárceles están militarizadas y se restringió el ingreso a familiares y organizaciones de sociedad civil ¿Quién está ingresando el contrabando y las armas?
Es absurdo pensar que la solución es encerrar personas cuando la raíz de la crisis es estructural. Las autoridades se centran en aprobar financiamiento a las fuerzas del orden y crear planes de seguridad; sin embargo, el control del que presumen es bastante frágil y prueba de ello son las más de 1220 muertes del año 2025, un promedio de tres personas por día al interior de las prisiones.1
E 16 de octubre inició un uno nuevo plan de clasificación de personas privadas de libertad mínima, media, máxima y máxima especial bajo criterios técnicos y de seguridad penitenciaria que busca establecer mecanismos de control diferenciados según el nivel de riesgo de la población penitenciaria2; sin embargo, según la norma la clasificación siempre ha existido, lo que lleva a preguntarnos cómo estaba funcionando
Respecto de la debilidad institucional para el control y la rehabilitación efectiva:
A raíz de la primera masacre del año 2021, se impulsó un litigio constitucional a través de organizaciones de sociedad civil para obtener mediante sentencia la creación de la política pública de rehabilitación social vigente desde el año 2022 al 20251, misma que fue construida con participación de diferentes actores como sociedad civil, estado y organismos internaciones. Contaba con 12 ejes de tratamiento con el objetivo de una rehabilitación y posterior reinserción social; sin embargo, el presupuesto que se tenía asignado para cumplirla fue reducido drásticamente para políticas de seguridad.2
Los recortes afectaron sobre todo a los ejes de educación, trabajo, vínculos familiares y sociales, cultura y rehabilitación. Además, el Gobierno restringió el ingreso de las organizaciones de la sociedad civil que trabajaban en la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Así, pese a contar con una política con enfoque de derechos, sus avances fueron mínimos por falta de voluntad estatal.
Las consecuencias se reflejan en el aumento del hacinamiento y la violencia: el Estado depende cada vez más del encierro y no del cambio estructural, y construye más cárceles en lugar de procesos efectivos de rehabilitación y reinserción.
Sumado a ello, desde el 2026 rige la nueva Política Pública de Rehabilitación Social 2026-2029 que fue construida sin participación de organizaciones de sociedad civil que trabajan con estas temáticas ni comités de familiares, solo desde una visión estatal; sin embargo, la nueva política le apuesta mucho al mejoramiento de la infraestructura más que a programas de rehabilitación con enfoque de reinserción.
Entre decisiones de gobiernos de turnos y políticas de Estado las cárceles se han convertido en una especie de fosas de donde la mayoría no sale y aunque salgan se han fragmentado a niveles que muchas veces son incomprensibles para quienes no han vivido dicha realidad. Sin herramientas, con estigmas y sin oportunidades reales de lograr reinsertarse en una sociedad que insiste en quitarles lo poco que les queda de humanidad.
Esto ocurre en un país donde la población carcelaria en su mayoría es racializada y empobrecida y donde no existe un sistema funcional de rehabilitación social con enfoque de reinserción. Retomar una vida normal fuera de los barrotes se convierte casi en una misión imposible, más aún cuando al Estado no asume su responsabilidad y obligaciones en la problemática.
1 SNAI. Comunicado Oficial de 22 de octubre de 2026. Link:
https://twitter.com/SNAI_Ec/status/2113431341194707095/photo/1
2 Primicias. Violencia em cárceles de Ecuador: un preso fue asesinado cada 18 horas en los últimos 48 días.
Link: https://www.primicias.ec/seguridad/crisis-penitenciaria-ecuador-asesinatos-masacres-daniell-
noboa-109140/?utm_source=chatgpt.com
3 Declarado en enero de 2024.
Noroña, K. Encerrados para morir. Link: https://www.connectas.org/especiales/encerrados-para-morir carceles-ecuador/
5 SNAI. Link: https://www.atencionintegral.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/DIVISION-ZONAL-SNAI1.pdf
6 Primicias. Link:https://www.primicias.ec/seguridad/presos-sentencia-hacinamiento-carceles-procesados-snai-133915/
7 SNAI. Estadísticas 2026, mês septiembre. Link: https://www.atencionintegral.gob.ec/estadisticas/
8 Radio KCH FM. Link : https://kchcomunicacion.com/?p=482024
9 https://www.expreso.ec/politica/gobierno-entierra-plan-fenix-noboa-oficializa-nueva-politica-seguridad-2029-289236.html
10 Presidencia de la República. Decreto 448. Link: https://s3.us-east-1.amazonaws.com/lexis.news.2026/DecretosEjecutivos/20260714/decreto_448_firmado.pdf
11 Ibid, pág 125.
12 Ibid, Pág 160.
13 INREDH, https://inredh.org/la-carcel-del-encuentro-en-la-bajada-de-chanduy-una-solucion/
14 GK, https://gk.city/2025/07/29/carcel-del-encuentro-santa-elena-explicacion-ecuador/
15 Radio Pichincha. Linkhttps://www.radiopichincha.com/existe-escasez-de-grilletes-electronicos-por-danos-provocados-por-quienes-los-portaron/
16 Primicias. Link: https://www.primicias.ec/noticias/seguridad/carceles-presos-muertos-ecuador-informe-
defensoria-pueblo/
17 Radio Centro. Entrevista a Ministro Reimberg. https://x.com/radiocentroec/status/2113621920218263632
18 El comercio. Link: https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/nueva-carcel-ecuador-tendra-areas-trabajo-presos-capacidad/
Noroña, K. Encerrados para morir. Link: https://www.connectas.org/especiales/encerrados-para-morir-carceles-ecuador/
20 Diario Correo. SNAI inicia clasificación de 9214 reos en seis centros penitenciarios. Link: https://diariocorreo.com.ec/140303/nacional/snai-inicia-la-clasificacion-de-9214-reos-en-seis-centros-penitenciarios
21 INREDH. Juez aceptó acción de protección y ordena al Estado ecuatoriano crear una política pública
integral para la vida digna de las personas privadas de libertad. Link: https://inredh.org/juez-acepto-accion-de-proteccion-y-ordena-al-estado-ecuatoriano-crear-una-politica-publica-integral-para-la-vida-digna-de-las-personas-privadas-de-libertad/
22Revista Facultad de Jurisprudencia PUCE, https://revistarfjpuce.edu.ec/index.php/rfj/article/download/545/423/2361