Este 21 de octubre de 2026, el tribunal declaró fallida la audiencia de juicio por el presunto delito de actos de odio racial contra dos policías y un guardia de seguridad, en el marco del caso de perfilamiento racial y violencia policial ocurrido el 10 de diciembre de 2021 contra Jimmy Ocles. La diligencia no pudo desarrollarse debido a la inasistencia de los abogados defensores de uno de los procesados.
Ante esta situación, el Tribunal dispuso oficiar al Consejo de la Judicatura para que se inicien los procedimientos disciplinarios correspondientes y ordenó una multa de dos salarios básicos unificados a cada uno de los abogados ausentes.
La audiencia buscaba evacuar las pruebas, los peritajes y los testimonios necesarios para determinar la existencia del delito y establecer las responsabilidades de las tres personas procesadas: Carlos B., Johnny R. y Marco J. No obstante, la ausencia de los abogados impidió avanzar en esta etapa del proceso judicial.
Además de disponer las medidas correctivas, los jueces del Tribunal resolvieron poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura la inasistencia de los profesionales del derecho, a fin de que se adopten las acciones disciplinarias que correspondan.
El caso se remonta al 10 de diciembre de 2021, cuando Jimmy Ocles fue perfilado y perseguido por policías vestidos de civil a las afueras del centro comercial Iñaquito, en Quito, luego de retirar dinero. Durante la detención, sufrió violencia física, psicológica y verbal. En septiembre de 2022, la Unidad Judicial Penal dictó el sobreseimiento de los procesados, decisión que posteriormente fue dejada sin efecto por jueces de alzada.
Esta nueva suspensión prolonga un proceso marcado por siete cancelaciones anteriores y mantiene a Jimmy Ocles a la espera de justicia. La audiencia representa una oportunidad para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades frente a la violencia policial y el perfilamiento racial.
El desarrollo de este proceso es relevante para visibilizar el racismo estructural y la discriminación que enfrentan las personas afroecuatorianas en los espacios públicos. El perfilamiento racial no puede normalizarse como una práctica de control: ser afrodescendiente no puede justificar la persecución, la violencia ni la criminalización.
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