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Comisión de la Asamblea Nacional solicita información sobre Triángulo de Cuembi a 3 carteras de Estado

Por Super User
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Comunicación INREDH

30/11/2016

Comisión de la Asamblea Nacional solicita información sobre Triángulo de Cuembi a 3 carteras de Estado

 

 

La presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y de la Interculturalidad de la Asamblea Nacional, Guadalupe Salazar, solicitó a la Corte Constitucional información detallada sobre el avance y estado de la inconstitucionalidad presentada en el año 2012 sobre el acuerdo Nº 080 del Ministerio del Ambiente que declara como bosque protector al área denominada “Triángulo de Cuembi, que queda en el cantón Putumayo, provincia Sucumbíos. En este lugar se encuentra asentadas 23 comunidades sionas – kichwas.

En marzo de 2012, las 23 comunidades indígenas presentaron la inconstitucionalidad de este Acuerdo porque se vulnero el derecho a la consulta, adjudicación y disfrute del territorio, autodeterminación, conservación de prácticas culturales y de manejo del entorno natural, limitación de actividades militares en territorios colectivos, entre otros. Sin embargo, han pasado 4 años y 8 meses ni la Corte Constitucional, ni ninguna otra autoridad han revisado de manera exhaustiva el Acuerdo Ministerial en mención, ni han tomado medidas para garantizar y precautelar los derechos humanos individuales y colectivos de quienes residen en la zona fronteriza; en cambio se sigue las situaciones de vulneración a derechos colectivos y humanos vinculadas a la declaratoria.

Además, la legisladora solicitó al ministro de Ambiente, Walter García; y al Ministerio de Defensa, Ricardo Patiño, un informe detallado sobre las acciones de control, monitoreo y gestión realizado por el Ejército Ecuatoriano en el bosque protector de Triángulo de Cuembí realizadas desde año 2010. Actualmente, las comunidades no solo se ven afectadas por la inconstitucionalidad del Acuerdo ministerial Nº 080 que declara como bosque protector, sino también por el trabajo que está realizando la empresa estatal PetroAmazonas y la empresa colombiana Amerisur. Su operatividad en la zona ha causado daños ambientales y sociales en las comunidades indígenas.

La comunidad de San José de Wisuya, que es una de las 23 comunidades afectadas, presentó esta petición el pasado 22 de noviembre en la Comisión de Derechos Colectivos. En el texto solicitó que se señale hora y fecha para realizar una visita a la comunidad de San José de Wisuya y atender en comisión general a los residentes afectados por la declaratoria de este bosque protector a efectos de documentar ampliamente los hechos denunciados.

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