Este martes 21 de abril, INREDH asistió a la Rendición de Cuentas correspondiente al año 2025, acto que se llevó a cabo a las 10h00 en la Sala de Audiencias de la Corte Constitucional del Ecuador un espacio que tiene como objetivo el ejercicio de transparencia institucional y de diálogo democrático. Jhoel Escudero Soliz, presidente de la Corte Constitucional presentó el informe general.
La Corte Constitucional del Ecuador actúa como el máximo organismo de control y administración de justicia en materia constitucional a escala nacional. Su función principal es garantizar que todas las normas y actos del Estado respeten los derechos fundamentales. Con autonomía administrativa y financiera, el Pleno de la Corte toma las decisiones definitivas para salvaguardar el ordenamiento jurídico y la democracia en el país.
Durante la presentación de rendición de cuentas, Escudero destacó que el 2025 fue un año de consolidación para la independencia judicial, donde la Corte ha operado como un contrapeso esencial para el fortalecimiento del Estado constitucional de derechos y justicia.
Aquí, se presentaron varios puntos para las organizaciones defensoras de derechos: El Pleno de la Corte emitió 19 sentencias de jurisprudencia vinculante. Entre los temas de mayor relevancia para la defensa de los derechos humanos destacan los parámetros sobre el hábeas corpus correctivo, la protección contra la violencia obstétrica y la garantía de la paridad de género. Estas decisiones establecen precedentes obligatorios que buscan proteger a poblaciones en situación de vulnerabilidad.
El informe reveló un cumplimiento del 110% en la emisión de sentencias y dictámenes respecto a la meta planificada. Y se destacó la digitalización integral de los procesos a través del Sistema Automatizado de la Corte Constitucional (SACC), también como el uso de inteligencia artificial para la gestión documental.
Desde INREDH, la asistencia a este acto de rendición de cuentas permite constatar los avances en la protección de derechos, pero también identificar los retos pendientes, especialmente en el cumplimiento efectivo de las sentencias por parte de otras funciones del Estado.
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