Hoy, 9 de junio del 2026, se realizó una rueda de prensa a cargo de la Comunidad Ancestral A’i Cofán Sinangoe en su provincia, Sucumbíos, para dar a conocer los resultados de perseverancia y lucha en estos años por el reconocimiento de 63.775 hectáreas de territorio ancestral.
La sentencia fue emitida el 28 de mayo de 2026 por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, dentro de una acción de protección presentada por la Comunidad ante la omisión prolongada e injustificada del Estado para entregar el título de propiedad colectiva sobre su territorio. El fallo reconoce la posesión ancestral que el pueblo A’i Cofán ha ejercido desde tiempos inmemoriales y constituye un precedente de alcance nacional para la seguridad jurídica de los territorios indígenas en Ecuador.
El acto inició con la intervención de Wider Guaramag, expresidente de Sinangoe y actual asesor del consejo de gobierno, quien recordó el largo camino recorrido por su pueblo: los viajes desde su territorio hasta la capital para que las autoridades atendieran su caso, la espera sin respuesta y la decisión de demandar al Ministerio de Ambiente y Energía en 2025, proceso que llegó hasta la Corte Provincial, donde finalmente se reconoció la violación de derechos y se ordenó la entrega del territorio como medida de reparación. Guaramag destacó además el esfuerzo colectivo de más de tres años que sustentó técnica, histórica y jurídicamente la demanda, con el levantamiento de cerca de cinco mil puntos georreferenciados, estudios etnobotánicos y antropológicos que demuestran la posesión ancestral.
Por su parte, Julio Guaramag, vocero del Consejo de Mayores, resaltó la dimensión histórica y espiritual del territorio: el mapeo comunitario fue guiado por los abuelos y abuelas, identificando lugares de memoria como el árbol de peces o la boa del río, que recogen las vivencias de los ancestros A’i Cofán. «En las 63.775 hectáreas está la historia y memoria de nuestro pueblo», afirmó, y aseguró que la comunidad se mantendrá despierta y con más fuerza para que el Estado cumpla con la titulación en el plazo establecido.
Alexandra Narváez, Na’sû (presidenta) de la comunidad, subrayó que la sentencia va mucho más allá de un documento: representa el reconocimiento de la historia, los derechos, la identidad y la cultura del pueblo A’i Cofán; su casa y su vida. Narváez anunció que el 10 de junio la comunidad presentará un requerimiento formal ante el Ministerio de Ambiente y Energía, la delegación de la Defensoría del Pueblo de Sucumbíos y el juez de primera instancia, para exigir el cumplimiento inmediato del fallo y establecer una mesa de concertación que defina la hoja de ruta. La comunidad espera respuesta en cinco días hábiles, es decir, hasta el 16 de junio.
Jorge Acero, abogado que acompaña el proceso, destacó que la sentencia es importante para toda la provincia porque la Corte reconoce que los territorios son esenciales para la existencia de los pueblos, sus prácticas y sus formas de vida. Recordó que, aunque el Estado alegó la falta de un instructivo para la titulación, los derechos están por encima de los instructivos, y que el proceso continúa ahora en la etapa de hacer cumplir la sentencia.
La rueda de prensa evidenció el amplio respaldo territorial y organizativo a esta victoria: estuvieron presentes dirigentes de la organización A’i Cofán Noaike y representantes de Zábalo y Chandía Na’e; la Nacionalidad Kichwa de Pastaza junto a la guardia Tayak Runakuna; el Pueblo Kichwa de Rukullacta con la guardia Inkarukuna; la Nación Siekopai con la guardia Wajosar’a; la Organización Waorani de Pastaza (OWAP); la guardia Cuiracua del resguardo transfronterizo Zio Bain de Buenavista; la guardia Siona de Cuyabeno; la guardia de la comunidad Sarayaku de Sucumbíos; y una lideresa de la comunidad Shuar de Maikiuants. También acompañaron organizaciones aliadas como Alianza Ceibo, Amazon Frontlines y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador.
Al cierre del acto, las y los voceros reafirmaron que la comunidad permanecerá vigilante hasta el cumplimiento total de la sentencia, recordando que ninguna decisión administrativa o política puede retrasar la ejecución de un fallo judicial que reconoce derechos preexistentes de los pueblos indígenas.
Grabación de la rueda de prensa: https://fb.watch/HE00WuLD2W/
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