Por Esthefanía Cárdenas Torres*
La actual situación del sistema penitenciario en Ecuador se ha convertido en el ejemplo por excelencia del fracaso de distintos gobiernos e instituciones públicas en su misión de luchar contra la desigualdad estructural y la violencia. A la fecha, ya son varios los precedentes en los que ha quedado expuesto el contexto de hacinamiento, violencia, motines, discriminación y corrupción dentro de la vida carcelaria. Los hechos suscitados en febrero y julio del presente año son una consecuencia más de la ineficacia de las diferentes respuestas estatales ante la denominada “crisis del sistema penitenciario”. Con este panorama, han sido múltiples los debates que han girado en torno a la construcción de una posible solución efectiva e integral.
Más allá de las iniciativas securitistas que carecen de enfoque de derechos humanos y de género, mismas que, de hecho, han sido una réplica de iniciativas probadas y fracasadas en otros países de la región, se hace útil y necesario resaltar las voces de la sociedad civil y la academia para encontrar en ellas un nuevo camino hacia una reforma de todo este sistema caduco, evidentemente impregnado de desigualdades.
Desde esta perspectiva, es necesario cuestionar la ausencia de una política pública con enfoque de derechos humanos aplicada al sistema de rehabilitación social de nuestro país, y abandonar, de manera urgente, la visión securitista y punitivista que se está poniendo en práctica.
En contexto, para febrero, Edmundo Moncayo, en ese momento director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), advirtió que los motines ocurridos en las penitenciarías de Cuenca, Guayaquil y Latacunga, mismos que produjeron 80 muertes de personas privadas de libertad (en adelante PPL), fueron desencadenados por una disputa de poder entre bandas criminales.
A esto se le suman los hechos de julio, en las prisiones de Guayaquil y Cotopaxi, mismos que dejaron al menos 22 fallecidos y permitieron que el actual presidente, Guillermo Lasso, tomara algunas medidas, entre las que se destacan el declarar en estado de emergencia al sistema carcelario, remover a Moncayo de su puesto, restablecer un control militar en el exterior de las cárceles y fortalecer el control policial. Es necesario recordar que previamente, durante el gobierno de Lenin Moreno existieron ya dos declaratorias de estado de excepción en los centros de rehabilitación social, el primero emitido en mayo de 2019 y el segundo en agosto de 2020, los cuales respondían a las olas de violencia y conmoción interna desatadas en estos espacios.
Sin embargo, más allá de estos hechos, el respeto a los derechos humanos dentro de los centros carcelarios siempre ha estado en tela de duda. El ex ministro de gobierno, Gabriel Martinez, en conjunto con Patricio Carrillo, Comandante General de la Policía, en una comparecencia frente a la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, en marzo, anunció que de 2008 a 2021 la población penitenciaria pasó de 13.125 a 38.693 personas privadas de libertad (PPL), representando tres veces el monto inicial.
Este significativo aumento, representa un escenario ideal para el desarrollo de una serie de violaciones a los derechos de las PPL y un degrado preocupante en su calidad de vida dentro de estos espacios. Según Martínez, existe un hacinamiento de 8.796 personas, que corresponde a un 29,42%. Estas cifras significan que para cada recluso existen menos probabilidades de acceder a atención médica de calidad, agua y alimentos en buen estado (Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, 2019).
De hecho, la ausencia de espacio vital y de recreación los expone a estar en un ambiente potencialmente más hostil, en el que la salud mental y física están en constante riesgo. Desde la sociedad civil han sido múltiples las denuncias que se han hecho a escala nacional e internacional sobre la presencia de actos de tortura y otros tratos crueles en las penitenciarias de Ecuador, como fue el caso de la carcel del Turi.
Por otro lado, los asesinatos y suicidios se han convertido en prácticas más comunes de lo que es posible creer. A partir del estallido de violencia de febrero, se hizo evidente que la problemática de violencia en estos centros va incluso más allá de las propias posibilidades de poder de los guardias. Patricio Carrillo expuso en marzo que desde 2009 hasta 2021 se habían registrado 251 fallecimientos en los centros de rehabilitación social.
Según el informe policial de inteligencia realizado días después de los hechos suscitados en febrero, uno de los peligros más importantes en estos espacios es la falta de control efectivo de ingreso de armas y estupefacientes a las instalaciones. Esto, además de señalar la falta de capacitación al personal, deja en descubierto la corrupción presente que permite la exposición al peligro de las PPL.
Como parte de las afectaciones, en medio de estas conmociones está el hecho del poco acceso que tienen los familiares a información sobre el bienestar de sus seres queridos que se encuentran detenidos en los centros de privación de la libertad. Se ha criticado en múltiples ocasiones luego de los motines y demás escenarios de violencia que las redes sociales se han vuelto el único medio por el cuál la gente se puede enterar de las condiciones de vida y seguridad bajo las que se encuentra las PPL. Aquí se demuestra la falla por parte del Estado en su rol de garante de derechos y su baja capacidad organizativa que permita dar frente a los problemas estructurales de violencia.
Bajo este panorama es indispensable reflexionar sobre las condiciones estructurales que dan paso a esta realidad. La superpoblación carcelaria se construye a partir, por ejemplo, del hecho que el 58% de las PPL tienen ya una sentencia, pero existe el 42% que se mantienen en proceso, como lo mencionó Gabriel Martínez en su comparecencia. Esto, además de revelar la ineficacia y lentitud de los procesos jurídicos y burocráticos, señala que existe un mal uso de la prisión preventiva, lo que termina aportando al aumento de las cifras de hacinamiento.
Mora-Samaniego y Zamora-Vázquez (2020) analizaron esta problemática y demostraron que Ecuador ha fallado en su rol de garantizar eficientemente el derecho a la libertad personal al permitir que los agentes judiciales impongan este tipo de sanciones sin consciencia de la normativa. Esto se suma a los esfuerzos emprendidos en el país para debilitar los mecanismos de excarcelación, situación que alarga la permanencia de las PPL en los centros carcelarios, vulnerando sus derechos. Como lo ha demostrado Nelson Guamán (2017), el derecho a la libertad de personas se ve muchas veces vulnerado cuando la emisión de la boleta de excarcelación tarda, prolongando su privación de libertad.
Sumado a esto, se hace imperante pensar en otras características de la población carcelaria, como el tipo de crímenes por los que son acusados. Jorge Núñez señaló, en su estudio del 2006, que una de las razones fundamentales por las que la población carcelaria ha incrementado es la adopción y réplica del modelo estadounidense de política antidrogas. Esto se demuestra a través de las cifras que señalan que la mayoría de las PPL con sentencia se relacionan a crímenes de drogas, seguidos de aquellos sentenciados por crímenes contra la propiedad. Lo crítico es que, igual que en el sistema estadounidense, en quienes recae este tipo de sentencia terminan siendo personas estructuralmente discriminadas a razón de raza, género, posición socioeconómica, estado de movilidad, entre otras agravantes.
La criminalización de la pobreza ha sido una de las características más importantes de los sistemas punitivos. Por ejemplo, a pesar de los intentos de reducir esta problemática a través de el aumento del monto establecido como hurto y robo, o la imposición de cantidades no punibles de posesión de drogas ilegales, como lo hizo el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) en 2014, fue solo cuestión de un año para que, el presidente de ese entonces, Rafael Correa, a través de un discurso gubernamental condenara y denominara como “descomposición social” al microtráfico, reflejando su percepción de la naturaleza de los grupos sociales empobrecidos y racializado. Esto es muestra de que la criminalización en Ecuador no recae en individuos infractores, sino en grupos poblacionales que contradicen al modelo del “ciudadano civilizado” (Aguirre, 2019).
Elizabeth Pino y Typhaine León de la organización Mujeres de Frente, discutieron sobre esto en una entrevista realizada para Wambra Ec el pasado 29 de julio y denominaron a esta realidad como delitos de pobreza, que nacen de la profunda desigualdad social y falta de oportunidades para gran parte de la población de nuestro país. De esta forma, las cárceles terminan siendo un microcosmos de lo que se vive fuera de las mismas.
Por ese mismo motivo, la respuesta ante todos estos imaginarios creados alrededor de la criminalidad en Ecuador han sido por años las mismas, es decir, la extrema securitización. A partir de ese enfoque nace una violación sistemática de los derechos humanos a los reclusos a través de, en principio, la construcción de mega cárceles, logísticamente inmanejables y que además han dado paso a una serie de actos de corrupción de sobreprecios que, al final del día, lo que menos permiten es más espacio y mejores condiciones de vida para los reclusos.
Esto viene acompañado de las propuestas de militarizar estos centros de detención o incluso privatizarlos, cuestión que preocupa mucho a activistas de derechos humanos involucrados en el asunto de las cárceles y a los propios familiares de las PPL, pues esto daría paso a un mayor riesgo para sus seres queridos.
Por otro lado, existe un esfuerzo institucional para facilitar la existencia de una lógica de criminalización de ciertos perfiles. El sistema de discriminación, que está impregnado en la sociedad ecuatoriana, se replica en las cárceles, ya que es un contexto en el que las relaciones de poder permiten un mayor sometimiento e irrespeto a los derechos humanos de las personas más vulnerables y en favor de quienes lucran de esta suerte.
Bajo esta perspectiva, no puede ser casualidad que el sistema penitenciario esté lleno de reclusos empobrecidos, racializados, y estructuralmente estigmatizados, pues las condiciones permiten y premian la encarcelación masiva de estas personas desde las instancias judiciales. Esta realidad no ha cambiado mucho a pesar de los años, desde 2005 se determinó que la edad promedio de los reclusos en Ecuador oscilaba entre los 18 y 39 años, mientras que el nivel de instrucción superior era de apenas 7,99% (Pontón & Torres, 2007).
Sumado a eso, han sido varias las organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo, la Alianza contra las Prisiones, que han reclamado la existencia de narrativas punitivistas y discursos de odio creados con el afán de provocar un mayor rechazo hacia quienes son encarcelados (2021). Lo preocupante de esto es que esas mismas narrativas sirven de justificación para que las condiciones de vida de los reclusos sean deplorables y sus derechos sean constantemente vulnerados desde la institucionalidad.
Para ejemplificar de mejor manera, es necesario recordar que en medio de la conmoción de febrero del presente año, existió una difusión importante de mensajes y material audiovisual, al parecer tomado desde el interior de las cárceles, que exponía una serie de torturas y tratos inhumanos aparentemente consumados por los reclusos. Sin embargo, como lo señaló Jorge Núñez, fue cuestión de horas para que, la fiscal y los policías de criminalística que hicieron el levantamiento de cuerpos, supieran que ese contenido no pudo ser generado dentro de esos espacios carcelarios. En ese caso, es evidente que esta alteración de la información sirve a propósitos mayores de quienes lucran del actual estado del sistema penitenciario.
La teoría de la llamada guerra de bandas ha empezado a cocerse en el país desde ya hace varios años y la misma se fundamenta en el incremento de violencia dentro y fuera de las cárceles. A pesar de que según las cifras lo señalan, evidentemente se está viviendo en una de las épocas de mayor brutalidad y violencia en algunas décadas, no se puede hablar de esta realidad como aislada por completo del poder oficialista. Los niveles de sicariato, tortura y estructuración compleja de poderes criminales visibilizan, sin duda, una conexión con agentes que trabajan y manejan las instituciones estatales. Se podría tratar de este ‘Segundo Estado’ del que habla Rita Segato (2004), mismo que se encarga de abusar de su poder en la impunidad, aprovechando los beneficios que esto implica.
Con base en este panorama se hace urgente dar mayor apertura a las propuestas de varios actores de la sociedad civil para lograr que el proceso de reestructuración del sistema carcelario sea coherente con los derechos humanos. Entre esas propuestas, la que destaca, sobre todo, es el despoblar las cárceles a través de la liberación de muchas de las PPL, pues resulta imperante hacer frente al hacinamiento y a la creación de más cárceles o mega cárceles.
A pesar de que el Código Penal, otorga el beneficio de prelibertad a las PPL que hayan cumplido el 60% de su sentencia, la Fundación Incadi mencionó que hasta 2019 han registrado casos de internos que sobrepasaron el 70% u 80% de su condena y aún siguen en prisión. En particular menciona que de los 40 casos que ellos manejan, solo un 10% han podido tener respuesta. Incluso, se debe recordar a la sociedad en general que la liberación de estas personas no es solo necesaria en este contexto de crisis, sino que su reintegración es parte del proceso de justicia.
Luego, de la mano de esta primera propuesta, se ha discutido a lo largo de varios debates sobre el efecto que ha tenido el uso de la prisión preventiva como un agravante de la situación actual del sistema penitenciario. La eliminación o reformación de esta herramienta judicial podría permitir menor población en las cárceles y, por ende, un mejor manejo logístico de estos espacios. De hecho, este podría ser un paso muy grande en favor del respeto de los derechos de muchas personas que no han podido acceder a un debido proceso y que han terminado privadas de su libertad injustamente.
Desde el proceso de fiscalización de la crisis carcelaria, emprendida por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, ya se han iniciado espacios para el diálogo con otros actores. Esto ha sido de relevancia ya que el enfoque que esta comisión ha manejado ha sido principalmente el de la securitización, en lugar del enfoque garantista. Desde esta crítica, se ha solicitado a la comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos e Interculturalidad que puedan trabajar en conjunto desde una visión de derechos humanos.
En estas oportunidades se ha resaltado, la importancia de trabajar en una mejor articulación entre todas las instituciones involucradas en este sistema. Esto implica que aquellos organismos encargados de seguridad y rehabilitación social; educación; acceso a trabajo, entre otras necesitan construir en conjunto una propuesta que permita poner fin a las problemáticas ampliamente expuestas, generar políticas públicas restaurativas y priorizar el respeto a derechos humanos desde todas las aristas. De esta manera, se permitiría devolver la dignidad y respeto por sus derechos a las PPL, a sus familiares y a los propios funcionarios de este sistema.
Por otro lado, a pesar de que la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral ha formado espacios para compartir el debate con organizaciones de la sociedad civil, y ha sido justamente en estos espacios en los que se han expuesto muchas de las problemáticas y posibles soluciones discutidas a lo largo de este artículo, la realidad apunta a que existe un interés de estrategia política detrás de estos diálogos. La falta de respuestas y esfuerzos materiales por poner en práctica las iniciativas sugeridas por estos actores que han tenido un gran involucramiento en la problemática de las cárceles y en el carácter humano de su población y ha demostrado la falta de preocupación real por parte de la comisión en resolver estas problemáticas.
En base a esto, la corte constitucional dio ya directrices generales de cómo actuar frente a este problema: fortalecimiento de la coordinación y cooperación interinstitucional; reducción de la sobrepoblación carcelaria y del hacinamiento; fortalecimiento de las capacidades de servidoras y servidores públicos del sistema nacional de rehabilitación; mejoramiento de la infraestructura y el acceso a servicios básicos; respeto de garantías básicas al interior de los centros de privación de libertad, y aseguramiento de recursos y presupuesto. (CASO No. 365-18-JH Y ACUMULADOS).
Esto quiere decir que ahora es necesario desmontar las redes de poder que impiden que exista una verdadera voluntad política de reformar los espacios carcelarios e implementar un enfoque humanista con la participación de la sociedad civil y demás actores involucrados en todo el sistema.
Actualmente, las cárceles representan una filosofía punitivista y securitista que ha demostrado ser incompatible con la verdadera justicia social y que además ha dejado de lado una de sus principales misiones, es decir, la reintegración y rehabilitación social. Los espacios carcelarios en Ecuador y, de hecho, en muchos países de nuestra región corrompen e hieren profundamente la dignidad y espíritu de quienes los habitan, provocando rezagos de la violencia e inhumanidad que experimentaron. El trabajar en una rehabilitación con enfoque humanista permitiría que las víctimas, las PPL y sus familiares accedan a justicia restaurativa y a un mejor país a largo plazo.
Finalmente, no se puede olvidar que la crisis del sistema penitenciario se apoya en un modelo social que permite condiciones de desigualdad, discriminación, violencia y pobreza, por lo que eliminar estas características debe ser la principal motivación al momento de pensar en soluciones. El generar propuestas desde un enfoque de seguridad humana y derechos humanos podría llevar a acabar con el racismo, machismo y exclusión socioeconómica que por hoy caracterizan, no solo a las cárceles, sino a la sociedad ecuatoriana en general.
Referencias
Aguirre Salas, Andrea. 2019. Invicil y criminal. Quito como escenario de construcción estatal de la delincuencia entre los decenios 1960 y 1980. Quito: Corporación Editora Nacional.
Alianza Contra las Prisiones. (2021). Pronunciamiento: Ante los hechos de violencia en los centros penitenciarios de Latacunga y Guayaquil del 21 de julio de 2021. Quito: Alianza Contra las Prisiones.
Corte Constitucional del Ecuador. (2021). CASO No. 365-18-JH Y ACUMULADOS. Quito.
Guamán, N. (2017). Violación del Derevcho a la Libertad de las Personas Con Boleta de Excarcelación. Quito: UDLA.
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. (2019). Informe sobre crisis carcelaria en Ecuador. Guayaquil: Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
El Universo. 2016. “Rafael Correa: tolerancia cero al microtráfico”. 3 de febrero. https://www.eluniverso.com/2016/02/03/video/5384899/rafael-correa-tolerancia-cero-microtrafico/
Mora-Samaniego, L. G., & Zamora-Vázquez, A. F. (2020). La inadecuada aplicación de la medida cautelar de la prisión preventiva en el Ecuador. Polo del Conocimiento: Revista científico – profesional, 250-268.
Núñez, J. (2006). La crisis del sistema penitenciario en Ecuador. Quito: FLACSO.
Nuñez, J. (29 de Julio de 2021). Crisis en las cárceles de Ecuador. (Wambra. Ec, Entrevistador)
Pino, E., & León, T. (29 de Julio de 2021). Crisis en las cárceles de Ecuador. (Wambra Ec, Entrevistador)
Pontón, J., & Torres, A. (2007). Cárceles del Ecuador: los efectos de la criminalización por droga. Quito: Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad.
Segato, R. (2004). Territorio, Soberanía Y Crímenes De Segundo Estado: La Escritura En El Cuerpo De Las Mujeres Asesinadas En Ciudad Juàrez. Brasília: Universidade de Brasília.
Licenciada en Relaciones Internacionales en la Universidad San Francisco de Quito. Actualmente cursa la carrera de Antropología en la Universidad San Francisco de Quito. Es encargada de Procesos de Fortalecimiento en la Fundación Mujeres de Asfalto y asistente de Cátedra en la USFQ.
Temas de interés: derechos humanos y de la naturaleza; estudios de género, ambiente, raza y etnicidad, sexualidades y corporalidades; geografía y movilidad humana, y geopolítica crítica.
Daniela Esthefanía Cárdenas Torres