El pasado 16 de marzo del 2020, el presidente Lenín Moreno declaró el estado de excepción en todo el territorio ecuatoriano, debido a la emergencia sanitaria que golpea al mundo por la rápida propagación del covid – 19, una familia de virus que pueden causar enfermedades respiratorias complicadas y han tomado más de dos millones de vidas en todo el mundo.
En el marco de esta pandemia, el ex ministro de Trabajo, Andrés Madero, mediante el Acuerdo Ministerial No. MDT- 2020- 077 suspendió la jornada de trabajo para algunos sectores, en otros casos los empleados se acogieron a la modalidad de teletrabajo.
Aunque el Acuerdo Ministerial No. MDT- 2020- 077 expresa en su artículo 6: “De la suspensión emergente de la jornada laboral. – Para todas aquellas actividades laborales que por su naturaleza sean imposibles de acogerse al teletrabajo y/o a la reducción o modificación emergente de la jornada laboral, el empleador del sector privado, dispondrá y comunicará la suspensión emergente de la jornada laboral, sin que esto implique la finalización de la relación laboral”, existen más de mil denuncias de despidos por motivos de causa mayor y por caso fortuito.
Distintas empresas han preferido dar por terminados los contratos con sus trabajadores a pesar de las disposiciones dadas desde el Ejecutivo.
José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), y Mishel Rosero, candidata a magister en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Universidad Andina Simón Bolívar y militante del colectivo La Raíz, hablaron sobre los despidos y los derechos que han sido violados por parte de las empresas.