Ecuador: Aumenta la criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivos

La FIDH junto con sus organismos miembros en Ecuador CEDHU e INREDH, publicaron y presentaron hoy 10 de Diciembre en Quito un Informe en el que analizan el fenómeno de la criminalización de la protesta social en Ecuador y solicitan al Estado reconocer la importancia de la libertad de expresión y la legitimidad de las acciones pacíficas de denuncia, oposición, y monitoreo a proyectos extractivos o relacionados con el territorio. Asimismo examinan las violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos – CADH por parte del Estado ecuatoriano en casos judiciales de varios líderes comunitarios y defensores de derechos humanos en ese país.

Este informe se presenta hoy con ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos, y en el contexto de las importantes movilizaciones en protesta a la aprobación de enmiendas constitucionales que incluyen la reelección presidencial indefinida.

El fenómeno de criminalización de la protesta social en América Latina aumenta. En Ecuador esta práctica es utilizada para detener la labor de los líderes sociales para intimidar y estigmatizar a quienes protestan en contra de proyectos industriales, o en defensa de sus territorios. A seis años del reconocimiento de “la indebida utilización de la justicia como método de persecución contra los líderes sociales – defensores de derechos humanos” por la Asamblea Nacional Constituyente, contradictoriamente, hay hoy nuevamente un recrudecimiento de este fenómeno en Ecuador. Por ello, la FIDH y sus organismos miembros decidieron investigar algunos casos emblemáticos para analizar en detalle lo que viene ocurriendo.

El informe se centra especialmente en tres casos particulares. Javier Ramírez, uno de los líderes de la comunidad de Junín en resistencia a la explotación minera de cobre y molibdeno en la zona de Íntag, provincia de Imbabura, que en la actualidad busca ser explotada por la Empresa Nacional Minera – ENAMI. Ramírez, junto a su hermano, fue sometido a un juicio penal y tras diez meses de detención fue condenado por delito de rebelión.

Pepe Acacho, miembro de la Asamblea Nacional en representación de la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, participó en el año 2009 en las manifestaciones nacionales contra la Ley de Aguas y la Ley de Minería. Fue condenado a 12 años de cárcel por terrorismo –por supuestamente instigar el asesinato de uno de sus compañeros. Por el momento está libre, a la espera de que la Corte Nacional de Justicia resuelva un recurso de casación interpuesto.

Manuel Trujillo, presidente de la comunidad de San Pablo Amalí, provincia de Bolívar, donde la empresa Hidrotambo S.A. construye la central hidroeléctrica San José del Tambo, fue procesado 30 veces incluyendo cargos que van desde actos de violencia y la destrucción de bienes, hasta sabotaje, terrorismo y rebelión, fue amnistiado en el año 2008. Pese a ello, en la actualidad, lleva un año presentándose semanalmente ante las autoridades judiciales sin que se resuelva su situación.

En todos estos casos, que no son los únicos en Ecuador, se constataron violaciones a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y la obligación de investigar, a las libertades de expresión, participación y derechos políticos, todos derechos consagrados en la CADH.

Los organismos firmantes encuentran igualmente preocupante la reducción del espacio para la acción de la sociedad civil ecuatoriana.

Finalmente, la FIDH rechaza la modificación de la Constitución Nacional para derogar garantías democráticas, cómo lo es la prohibición de la reelección presidencial indefinida. Estas disposiciones constituyeron una victoria para las dictaduras que gobernaron la región durante decenios.

Descargar informe

“Criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivistas en Ecuador”