La jueza de la Unidad Penal Yolanda Portilla aceptó hoy la reformulación de cargos en contra el pastor evangélico Jonathan C. procesado por la desaparición de Juliana Campoverde vista por última vez el 7 de julio de 2012.
En la audiencia, la fiscal de Violencia de Género Mayra Soria pidió la reformulación de cargos de delito de secuestro extorsivo a secuestro extorsivo con resultado de muerte con una pena de 22 a 26 años de prisión.
La fiscal dijo que Juliana Campoverde el 7 de julio de 2012 fue abordada por Jonathan C. en su vehículo. Luego él la lleva supuestamente a tomar un café y la traslada al auto motel Monte Verde, ubicado en el sur de Quito. El 10 de julio del mismo año en una discusión Juliana muere en manos de Jonathan C. y él decide llevar el cuerpo al sector de Bellavista, pasaje Vaquero, nororiente de Quito. Esto según la versión rendida por Jonathan C., pastor procesado por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte.
La fiscal Mayra Soria habla sobre las medidas sutitutivas dictadas a Jonathan C.
Los argumentos para cambiar el tipo penal fueron cuatro: un informe de personalidad de Jonathan C. donde se evidencia que es una persona con inteligencia media, apegado a rasgos narcisistas con tendencia a la exhibición y egocentrismo. Además, de rasgo esquizoide con temperamento agresivo, obsesivo y con inmadurez sexual por represiones en su etapa de adolescencia lo que hace que tenga la madurez sexual de una persona de 20 años, cuando él tiene 37.
El segundo elemento fue un informe pericial de la reconstrucción de los hechos donde se recoge lo ocurrido el 7 de julio de 2012 y los lugares visitados ese día por Jonathan C. y Juliana. Esto en base al relato libre, voluntario y no juramentado del pastor Jonathan C. También el perito determinó que los lugares relatados por el procesado existen y que se está removiendo la tierra en la quebrada Bellavista donde supuestamente arrojó a Juliana. Ahí hay hallazgos de restos óseos.
Tercero, el informe genético forense que muestra los resultados de la pieza dental, un fragmento de la cabeza fémur y dos restos óseos. La conclusión fue que los resultados de las dos piezas son negativas y de las otras dos no se pudo obtener un perfil genético.
Cuarto, la ampliación libre y voluntaria de la versión de Jonathan C., del día 29 de noviembre de 2018, donde asegura que el 7 de julio de 2012, Juliana presuntamente se subió a su auto y fueron a tomar un café. Luego entraron a un motel y el 10 de julio tras una discusión, Juliana murió y él al verificar que ella no respiraba decidió deshacerse del cuerpo en un lugar al que nunca había ido antes.
Por estos hechos, la fiscal Soria pidió que se reformule los cargos por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte tipificado en el artículo 161 y 162, numeral 1 y 7, con el último inciso del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
También, la fiscal solicitó que se ratifique la medida sustitutiva de prisión preventiva contra el procesado porque Juliana lleva 2338 días sin regresar a casa y no lo va hacer, que Juliana ha dejado de existir. Además, de que las pericias psicológicas demuestran que existe un riesgo de fuga de Jonathan C. y porque es un caso de conmoción social y no se garantiza la comparecencia del imputado al proceso judicial.
Pidió otras medidas como la retención e inmovilización de las cuentas de ahorro y corriente del banco de Jonathan C.; la prohibición de venta de su auto y sus inmuebles; y el tratamiento psicológico a la familia de Juliana.
Por su parte, Paúl Ocaña dijo que la defensa de Jonathan C. ha dado la información para que la familia conozca la verdad, pero cuestionó la forma de remover la tierra en la quebrada y la no utilización de otras técnicas para verificar y comprobar la información dada por el procesado. Aseguró que Jonathan C. ha sido víctima en dos ocasiones de agresiones y de intento de asesinato. Por lo cual solicitó que se revea el cambio de centro de detención, de la cárcel de Latacunga a la cárcel Nº4 para garantizar la seguridad y vida de Jonathan en pro de obtener la verdad.
La jueza Yolanda Portilla aceptó el cambio de tipo penal y se amplió el plazo de instrucción fiscal a 30 días más. Además, aceptó la inmovilización de las cuentas bancarias, prohibición de venta de sus bienes y el tratamiento psicológico a la familia. Ratificó la prisión preventiva de Jonathan C. en la cárcel de Latacunga, pero espera los análisis de la seguridad del Ministerio de Justicia para dar su resolución sobre el cambio de cárcel.
“Son seis años sin el cuerpo de mi hija, sin saber qué le pasó – dice Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana- es una incertidumbre total. Yo sigo exigiendo que me devuelva a mi hija, lo que más anhelo es encontrarla (…) qué me digan exactamente donde la pusieron. Nosotros no vamos a parar, mientras esto no suceda, queremos a Juliana de regreso”.
Daniel Véjar antes de la audiencia de reformulación de audiencia en el Complejo Judicial Quitumbe.
Para Daniel Véjar, coordinador jurídico de Inredh y abogado de la familia, la reformulación va a permitir judicializar y procesar lo que lasti
mosamente todos temíamos, y es que July ya no está con nosotros. Esto permitirá reparar integralmente a la familia y así se alcanzará la justicia que desde hace 6 años y medio han buscado de manera permanente». Sin perjuicio de ello, precisa que al momento no sabemos dónde está Juliana y resalta que la información proporcionada por Jonathan C sigue sujeta a verificación. “En estos 30 días, plantearemos una teoría de caso que esté acorde a la imputación fiscal y a la verdad de los hechos”. El 28 de diciembre concluye el plazo de instrucción fiscal.
Absalón Campoverde y Elizabeth Rodríguez junto a familiares y amigos tras la audiencia.