Desde septiembre del 2011, Édison Cosíos permaneció en estado vegetativo. Siete años y 7 meses han pasado, desde que el estudiante del Colegio Mejía fue impactado por una bomba lacrimógena mientras se encontraba ejerciendo su derecho a la resistencia en una protesta estudiantil, en el gobierno del expresidente Rafael Correa, periodo en que al menos 47 estudiantes fueron detenidos, agredidos y torturados. Irónicamente hoy, Rafael Correa y su ministro de gobierno, José Serrano, expresan sus condolencias por la muerte de Édison, luego de no hacer nada durante su gobierno para reparar a la familia o permitir que la justicia actúe con independencia.
Nos condolemos por esta pérdida, nos unimos al luto, pero también sabemos que su muerte nos alienta a seguir luchando contra la violencia, arbitraria y desproporcionada, por parte de la fuerza pública, que fuera de “controlar y manejar” a la ciudadanía y su falta de capacitación, hacen que existan casos como el de Edison Cosíos o Angelo Ayol, víctimas del completo abuso policial.
A pesar de que el día 10 de abril de 2019, la Sala Penal de la Corte Provincial ratificó la sentencia que declaraba la culpabilidad de dos policías que fueron responsables por acción y omisión de tortura contra Ángelo Ayol, menor de edad, estudiante también del Colegio Mejía; sabemos que esto no es suficiente. El mismo Ángelo aseguró que lo que les hicieron a sus compañeros los días siguientes fue incluso peor a que él sufrió.
El caso de Édison y de Ángelo son solo la punta del Iceberg. No son ni serán los únicos casos: el abuso policial es una práctica común y sobretodo normalizada a nivel institucional pero también a nivel social ya que nunca faltan los comentarios de “se lo merecían”, “su culpa a que salen a gritar”.
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Además, también se encuentra el miedo y las amenazas a las víctimas y sus familias, que no permiten que todos los casos de menores de edad abusados, maltratados y torturados por la fuerza pública salgan a la luz. Que la muerte de Édison Cosíos, luego de un largo y tortuoso proceso en el que no consiguió justicia, ni reparación integral, que afectó a su familia y a su proyecto de vida, nos permita darnos cuenta del largo camino que falta recorrer en términos de derechos humanos y formación sobre el uso progresivo de la fuerza; pero sobretodo, que nos haga dar cuenta como sociedad, que ya no podemos tolerar ni justificar estos hechos violentos, menos cuando se está ejerciendo un legítimo derecho a resistirse, a quejarse, a criticar.
Expresamos nuestra solidaridad con la familia de Édison, pero, sobre todo, expresamos nuestro compromiso de seguir luchando junto a las víctimas de abuso policial.
INREDH
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