Las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento reivindicamos el derecho del pueblo cubano a la protesta pacífica. Exhortamos al gobierno de la República de Cuba a escuchar y canalizar los reclamos de la población.
El derecho a la manifestación pacífica es un derecho humano y una forma de ejercer el derecho a la libertad de expresión y reunión. El deber de los Estados es garantizar que la ciudadanía pueda ejercer libremente sus derechos.
Las movilizaciones de carácter pacífico que se han realizado en Cuba exigen de las autoridades atención en asuntos sociales que agobian a la población. Tales reclamos deben ser escuchados por el gobierno y canalizar las respuestas más adecuadas teniendo como norte garantizar el mayor nivel de vida adecuado posible.
Informaciones provenientes de distintas partes de Cuba indican que fuerzas policiales han realizado detenciones arbitrarias. Exhortamos a las autoridades a respetar su integridad física y conceder inmediata libertad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la protesta social, en sus más diversas expresiones, reviste de especial importancia en los sistemas democráticos por ser una de las formas más usuales del ejercicio del derecho de reunión.
Asimismo, ha enfatizado que “la protesta social es una de las formas colectivas más eficaces de expresión” e incluso, “en algunas circunstancias, la única forma a través de la cual ciertos grupos pueden ser escuchados.”
En ese sentido, ha afirmado la necesidad de que los Estados diseñen marcos regulatorios que “respeten el ejercicio de la protesta social y que la limiten sólo en aquellos aspectos que resultare necesario para proteger otros bienes sociales o individuales de la misma relevancia.”
Si bien reconoce que el derecho a reunión puede tener restricciones, la CIDH ha sostenido que el Estado tiene un marco ceñido para justificar estos límites, los cuales deben ser razonables y deben regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Exhortamos a los organismos internacionales de protección de derechos humanos a monitorear la situación de las protestas en Cuba y exigir el respeto al derecho a la manifestación pacífica.
Finalmente, las organizaciones que conformamos esta Red Global Contra la Violencia Policial, condenamos el bloqueo económico que, durante años, se le ha impuesto al país caribeño y que afecta principalmente a la población provocando limitaciones en su calidad de vida, que son las razones de las actuales protestas. La comunidad internacional debe contribuir para que Estados Unidos elimine ese bloqueo, atendiendo las recomendaciones de diversas instancias de la Organización de Naciones Unidas.
Firmamos,
Exhortamos a que se respete la protesta pacífica del pueblo cubano
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