Entrega masiva de medidas cautelares en Consejo de la Judicatura de Francisco de Orellana. Foto: Cortesu00eda Alianza por los Derechos Humanos
Quienes conformamos la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos expresamos nuestra preocupación por la situación agravada de las comunidades indígenas que habitan en las riberas de los ríos Coca y Napo, las cuales continúan sin respuesta a la vulneración de sus derechos humanos por parte de las autoridades estatales y las empresas públicas y privadas, responsables del mayor desastre socio-ambiental en los últimos 15 años. Frente a esta falta de respuesta, hoy, 4 de agosto, las comunidades kichwa presentaron decenas de demandas de medidas cautelares para evitar otra catástrofe ambiental.
Desde el 7 de abril, cuando se dio la rotura de los oleoductos OCP y SOTE y del poliducto que vertió más de 15 mil barriles de hidrocarburos en los ríos Coca y Napo, la preocupación de las autoridades y de las empresas operadoras no ha sido la seguridad de las comunidades río abajo ni la del ecosistema. Así lo evidenció una funcionaria de Petroecuador que recién reconoció en un medio de comunicación que tuvieron las alertas en días previos [al derrame] pero no el tiempo suficiente para hacer un by pass.[1]
Lo que no dijo la funcionaria es que en los 65 días que transcurrieron entre el colapso de San Rafael y el derrame del 7 de abril hubo tiempo suficiente para hacer el by pass o para cerrar las tuberías y drenarlas, de manera que si los tubos se rompieran no derramaran sus contenidos al medio ambiente. El hecho de que un mes después del derrame, los dos oleoductos estuvieran operativos nuevamente en trazados alternos demuestra que sí tuvieron tiempo para actuar.
Las empresas operadoras Petroecuador y OCP Ecuador habrían podido evitarlo si hubieran actuado a tiempo. Tras el desplome de la cascada de San Rafael del pasado 2 de febrero, el proceso de erosión regresiva y horizontal del río Quijos-Coca era apreciable a simple vista y, aun así, fue ignorado por las operadoras y por las autoridades de control del transporte de hidrocarburos (Ministerios de Energía y de Ambiente) y de prevención de desastres (Secretaría de Riesgos).
El derrame contaminó la fuente de subsistencia y la vida cultural y espiritual de más de 2000 familias indígenas ribereñas de los ríos Coca y Napo, ya que no se les alertó de los daños. Se enteraron en la madrugada del 8 de abril cuando fueron al río a pescar y bañarse -como han hecho por generaciones- y salieron cubiertos de petróleo. Dicen las empresas que la prioridad era informar al alcalde del Coca para que cerrara la captación de agua en la planta de la ciudad.[2] Pero “olvidaron” a las más de 100 comunidades indígenas río abajo.
El 29 de abril, diversos afectados plantearon una acción de protección con medidas cautelares para detener la violación a sus derechos al agua, alimentación, salud, vida digna, y a los derechos de la naturaleza. El Juez debió responder a las medidas cautelares en la admisión de la demanda, conforme a la ley; sin embargo, anunció que lo haría en el transcurso de la audiencia. Después de algunas dilaciones, el Juez instaló la audiencia el 26 de mayo y la suspendió el 1 de junio por sospechas de COVID-19 en su despacho. Dos meses después, aún no la reinstala y las víctimas siguen esperando justicia y reparación.
Entre tanto, los riesgos por la aceleración de la erosión regresiva persisten. En junio, la erosión del río Montana en el área donde construyeron los trazados alternos de los oleoductos obligó a la suspensión de bombeo y drenaje de tuberías. Y a finales del mes, nuevas manchas de petróleo aparecieron en el río Napo, pero, según la versión oficial, se trataría de “trazas rezagadas” del derrame de casi tres meses atrás.
En julio, varios deslizamientos taponaron el río Coca. El más serio, ocurrido el 18 de julio, represó el río por varias horas y, afortunadamente, terminó con un desagüe paulatino. De haberse extendido más tiempo podría haber producido un desagüe violento, causando inundaciones y graves consecuencias en las comunidades río abajo. Aun así, los oleoductos siguen en operación y sólo suspenden por horas su bombeo, esta suspensión es inefectiva para prevenir un derrame, como ya se demostró el 7 de abril.
Ante esto, decenas de comuneros kichwa presentaron hoy, 4 de agosto de 2020, varias demandas de medidas cautelares que incluyen, entre otras:
- la inmediata suspensión del bombeo y el drenaje controlado de los contenidos de las tres tuberías mientras no haya evidencia de prevención efectiva de un nuevo derrame;
- el establecimiento de un mecanismo efectivo y ágil de información a todos los potenciales afectados, sobre la naturaleza de la erosión regresiva y los riesgos a la infraestructura, los riesgos por las variaciones de la sedimentación del río;
- el establecimiento de planes efectivos de respuesta inmediata, atención y reparación ante posibles inundaciones y otros daños;
- la provisión de agua y proteína animal de manera estable, constante y duradera hasta que el río recupere sus condiciones de normalidad y las comunidades puedan restablecer su relación tradicional con el río;
- la inclusión integral de los afectados, individuos y comunidades, en la decisión de todas las medidas que se requieran, a través de consultas apropiadas.
Ante esto, las organizaciones que suscribimos debemos recordarles al Consejo de la Judicatura y al Juez de la causa que las medidas cautelares son un recurso ágil, sencillo y efectivo; y al respecto, la Corte Constitucional sostiene que el principio de celeridad “incluye que los procesos se sustancien dentro de los términos previstos en el ordenamiento jurídico y que en caso de existir un exceso de estos términos, aquello sea proporcional y razonable y debidamente justificado por parte del operador de justicia”.
Esta acción estratégica es parte de la campaña “Detén la Extracción en la Amazonía” que busca la moratoria de las actividades extractivas. Es una propuesta del Movimiento Indígena ecuatoriano y de la organización regional COICA a la que nos sumamos como Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.[1]
Finalmente, extendemos nuestro reconocimiento a las comunidades indígenas y a sus dirigentes que, pese a la situación de riesgo en la que se encuentran y a la dificultad de movilidad, salen de sus hogares para permanecer en los exteriores de una institución estatal y exigir justicia y celeridad en los procesos judiciales. Asimismo, reconocemos el esfuerzo de abogadas y abogados que han asistido junto a las comunidades a las diligencias, tanto de manera virtual como presencial, con el fin de evidenciar las vulneraciones a los derechos de alrededor de 27 mil indígenas de las riberas del río Coca y Napo.
La Alianza por los Derechos Humanos Ecuador está conformada por las siguientes organizaciones: Surkuna, Cedhu, Inredh, Amazon Frontlines, Cdh Guayaquil, Fundación Aldea, Omasne, Amazon Watch, Acción Ecológica, Yasunidos, Apt Norte, Cuencas Sagradas, Cedenma, Fundación Pachamama, Fundación Alejandro Labaka, Fundación Dignidad, Extinction Rebellion, Geografía Crítica.
[1] Más información sobre la campaña:
[1] Reportaje de Teleamazonas emitido el 31 de julio de 2020. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=SMyep5ntr2s
[2] Íbidem.