La asambleísta Mireya Pazmiño retira el Proyecto de Ley
Mireya Pazmiño, asambleísta de Pachakutik por la provincia de Bolívar, RETIRÓ el “Proyecto de Ley Orgánica para Reparar a la Provincia de Bolívar por los Efectos Derivados de la Explotación de Recursos Naturales por Venta de Energía Eléctrica”, decisión asumida en respuesta al pedido realizado por representantes de las comunidades que cohabitan en la Cuenca del Río Dulcepamba.
El viernes 26 de agosto de 2022, la asambleísta notificó al presidente de la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, su decisión de retirar el proyecto de ley señalando:
“En mi calidad de Asambleísta de la República del Ecuador por la provincia de Bolívar, respetuosa de la democracia, velaré siempre por los intereses del pueblo ecuatoriano, quienes, como mis mandantes, tienen el derecho a participar activamente en la labor legislativa. En tal virtud, como proponente del Proyecto de Ley Orgánica para Reparar a la Provincia de Bolívar por los Efectos Derivados de la Explotación de Recursos Naturales por Venta de Energía Eléctrica, de conformidad a lo previsto en el artículo 58.2 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en uso pleno de mis facultades constitucionales y legales, informo a Usted, para los fines correspondientes, el retiro del referido proyecto de Ley.”
El proyecto de ley proponía que la provincia de Bolívar, conjuntamente con las provincias Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua, reciban 5% de las rentas por la venta de energía eléctrica a nivel nacional como “reparación” a los daños ocasionados por el desarrollo hidroeléctrico dentro de la provincia, fondos que serían administrados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’s) provinciales.
Esta propuesta generó malestar y rechazo en las comunidades afectadas, lo que motivó que el día domingo 28 de agosto 2022, la asambleísta Pazmiño se reúna en la ciudad de Chillanes, provincia de Bolívar, con aproximadamente 200 representantes de más de 20 comunidades indígenas y campesinas de la cuenca del río Dulcepamba, quienes de manera directa le señalaron tres razones por las cuales no estaban de acuerdo ni apoyaban este proyecto de ley, siendo las siguientes:
- El proyecto de ley incentivaría la continuación de la operación de la central hidroeléctrica de la empresa Hidrotambo a pesar de los daños que sigue causando.
Porque el proyecto hidroeléctrico “San José del Tambo”, propiedad de la empresa privada Hidrotambo S.A., es el único proyecto hidroeléctrico que actualmente opera en la provincia de Bolívar, sería necesario que continúe operativo para que el proyecto de ley sea aplicable. Por ello, se informó a la asambleísta que las comunidades de la cuenca del río Dulcepamba han pedido la reversión de la autorización de aguas concedida a Hidrotambo por graves y reiterados incumplimientos con las obligaciones exigidas por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE). El 8 de agosto de 2022, esta institución estatal inició el proceso de reversión de la autorización de aprovechamiento de agua concedida a esta empresa, lo cual dejaría inoperable la central hidroeléctrica y haría irrelevante el proyecto de ley propuesto;
- El proyecto de ley no proporcionaría reparaciones integrales. Al contrario, deslegitimaría los esfuerzos y lucha de 18 años de las comunidades afectadas por exigirlas.
Los daños provocados por Hidrotambo S.A. incluyen represión violenta y criminalización de comuneros; pérdida de vidas humanas, viviendas y propiedades por erosión e inundaciones provocadas por la central hidroeléctrica; destrucción de la vida acuática por la desviación del río; y, dificultades en el acceso al agua de miles de agricultores provocadas por los cientos de oposiciones administrativas que ha presentado Hidrotambo en contra de sus derechos al agua.
Las comunidades afectadas expresaron su preocupación por esta ley porque podría deslegitimar su lucha de 18 años, y justificar los daños pasados y continuos con unas “regalías” destinadas a los GAD’s sin garantía de beneficio para la gente directamente afectada. Además, aclararon que su lucha es por una reparación INTEGRAL que incluya la garantía de sus derechos al agua, su seguridad frente a las erosiones e inundaciones, al igual que la protección y rehabilitación del río Dulcepamba; y,
- Las comunidades afectadas no fueron consultadas antes de presentar el proyecto de ley.
Del mismo modo, las comunidades afectadas expresaron su decepción por no ser consultadas sobre este proyecto de ley, pues no se consideró su voz, sus necesidades y las afectaciones que esta propuesta legislativa podría generar al proceso de lucha.
Darwin Paredes, morador de la comunidad de San Pablo de Amalí y coordinador socioambiental del Proyecto Dulcepamba, manifestó que, “desde las comunidades afectadas por la central hidroeléctrica de Hidrotambo, le pedimos [a la As. Pazmiño] que actúe en armonía con nuestra lucha que llevamos por 18 años. Nuestros ojos no siempre están en las esferas en donde toman las decisiones, por lo que necesitamos guardianas y guardianes de una lucha que exige las condiciones mínimas en que podemos vivir con dignidad y cuidar al río Dulcepamba y su cuenca. Nuestro pedido, Sra. Asambleísta, es que nos acompañe en nuestra lucha y que trabajemos juntos en presentar proyectos de ley que realmente benefician a nuestras comunidades, y que no provoquen la repetición de las vulneraciones de nuestros derechos y la destrucción de la naturaleza.”
La asambleísta Mireya Pazmiño se disculpó públicamente por “si haber causado algún daño a las comunidades de la cuenca del río Dulcepamba y su lucha al presentar el proyecto de ley”. Además, a pedido de las comunidades, se comprometió a seguir apoyándolas para impulsar el proceso de fiscalización de las entidades del Estado encargadas del control de la empresa hidroeléctrica Hidrotambo S.A. que se lleva en la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional.
Contacto de prensa:
Proyecto Dulcepamba: 099 931 1384